Nueva administración federal

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JESÚS LÓPEZ / MAGDALENA RODRÍGUEZ

Lo que se puede perder
Una de las banderas que ha enarbolado la presente administración pública federal es la del combate a la corrupción, para lo cual se propuso un proyecto de ley para crear la Comisión Anticorrupción y desaparecer la Secretaría de la Función Pública, con el argumento de que ésta no había cumplido su encomienda de prevenir y luchar contra la corrupción en el poder ejecutivo y que prácticamente no había sancionado a los funcionarios que habían mal utilizado el poder y los recursos públicos.
Hasta la fecha, el proyecto de ley está empantanado en la Cámara de Senadores, no porque no haya conciencia de la necesidad de enfrentar con eficacia y eficiencia los actos y funcionarios corruptos, sino simplemente porque no se previeron, por el nuevo equipo en el Gobierno, las consecuencias jurídicas al crear un nuevo órgano del ejecutivo, sino también las consecuencias de eliminar toda una secretaría que, tenía muchas más atribuciones y facultades que el combate a la corrupción.
Independientemente de la eficacia o no de la Secretaría en este tema, (de lo cual comentaremos en otro momento), se atendían muchos otros temas, programas y políticas públicas que, al desaparecer a la Secretaría no quedó claro quién se iba a hacer cargo y responsabilizarse de los mismos.
Así, ¿quién se va a encargar de vigilar y promover la transparencia en la Administración Pública Federal y controlar la rendición de cuentas de todas las Secretarías de Estado, Institutos y Organismos Descentralizados y en gobiernos estatales y municipales, así como impulsar y vigilar la homologación contable y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental?
Desde luego existe el compromiso de luchar contra la corrupción a través de la prevención y la fiscalización, pero la Secretaría está comprometida en el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño en cuanto a la medición de impactos de las políticas públicas, así como de los programas y de los recursos presupuestarios.
La Secretaría tiene a su cargo la lucha contra la ineficiencia en la administración pública federal a través de la simplificación de trámites y en la mejora regulatoria e igualmente, hay todo un programa de atención a los ciudadanos y de vigilancia para que los funcionarios públicos den oportuna respuesta a las quejas y denuncias de organizaciones sociales y ciudadanas, así como en la vigilancia de los recursos federales entregados a estados y municipios, con sanciones económicas y administrativas a quienes no cumplan con las leyes y reglas de operación.
La Secretaría de la Función Pública es la única dependencia encargada de la política de Contraloría Social y es la que vigila el Sistema de Control Interno en la Administración Pública Federal y, por primera vez, se logró establecer un sistema para la determinación, evaluación y control de riesgos en las dependencias, instituciones y empresas paraestatales.
La Secretaría de la Función Pública logró todo un proceso de intercambio de buenas prácticas de Gobierno entre los Estados y con el Gobierno federal, incluyendo a los municipios.
La vigilancia y el control de la obra pública es uno de los compromisos de la Secretaría de la Función pública e igualmente la coordinación de los diferentes sistemas informáticos en la Administración Pública Federal.
Se modificaron diversas leyes como las de Adquisiciones y la de Obra Pública para controlar las licitaciones y bases de contratación de las compras y de los contratos de obra, con lo cual fue posible el establecimiento de los Contratos Marco y las Compras Consolidadas en la Administración Pública Federal.
Finalmente se atienden las reuniones y acuerdos con distintas Comisiones Intersecretariales como la de Gasto Financiamiento y Desincorporaciones, la de Desarrollo de Pueblos Indígenas, la de Desarrollo Social, el Comité de Vigilancia de la CFE y hasta el Consejo de Administración de Pemex, etc.
Como se puede apreciar, no está claro quién se hará cargo de la mayoría de estas funciones, tal vez se asignen a la Secretaría de Hacienda, a Presidencia, a Gobernación o a la nueva Comisión Anticorrupción, pero todo ello requiere modificar más de 20 leyes y sus reglamentos. Lo que sí es evidente es que no parece que se hayan tomado en cuenta estas circunstancias, razón por la cual el proyecto de ley no ha prosperado en el poder legislativo.

Rafael Morgan Ríos
Nació el 21 de mayo de 1935 en Culiacán, Sinaloa.
Es contador público, auditor por oficio principal, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con maestría en Administración acreditada por el ITESM, ambas con mención honorífica.
Entre sus actividades profesionales desempeñadas en los ramos comercial, industrial, minero, agrícola y ganadero, destacan múltiples asesorías administrativas y financieras, así como el ejercicio de gerencias, direcciones y subdirecciones dentro de las múltiples organizaciones en que ha laborado.
Dirigió la Escuela de Contabilidad y Administración de la UAS, donde además fungió como secretario y catedrático.
De la misma manera fue catedrático en el ITESM campus Culiacán, la escuela de Economía de la UAS y la Escuela Libre de Contabilidad y Administración de Culiacán.
Esto le ha valido obtener premios como el "Gabriel Mancera" otorgado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por su destacada labor.
Trabajó durante muchos años como subdirector general en las empresas Zaragoza, S.A. de C.V. en Sinaloa.
Tomó el seminario "Impact Evaluation" del Institute for Executive Education of the University of Chicago.
Ha sido expositor en el Instituto mexicano de Contadores Públicos, Colegios de Contadores Públicos de Culiacán, Los Mochis, Hermosillo y Cd. De México; organizador de los foros de control y obra pública, reconocidos por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción; expositor en el World Future Society, Capitulo mexicano y en Colegios de ingenieros civiles; en el Instituto Politécnico Nacional, en el Instituto Nacional del Federalismo, etc.
En el año 2006 fue invitado a colaborar con el Presidente Felipe Calderón como subsecretario de control y auditoría de la gestión pública en la Secretaría de la Función Pública.
En el año 2011 fue nombrado Secretario de la Función Pública.
Actualmente está formando su propio despacho.