Para mayor seguridad

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Tres semanas después de su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial del 2 de enero la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es una versión ampliada y mejorada de la Ley general que establece las bases para la Coordinación del sistema Nacional de Seguridad pública, publicada el 11 de diciembre de 1995.
Este ordenamiento, iniciado por el Presidente Ernesto Zedillo era de suyo insuficiente, y ese defecto se agravó por el incumplimiento de las normas que pretendieron conjuntar el esfuerzo de los Gobiernos federal, estatales y municipales en materia policíaca.
Tan precaria fue su vigencia que aun el órgano en que se expresaría la coordinación requerida entre los tres órdenes de Gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Pública se reunía discrecionalmente, no las dos veces por año que estipulaba la ley.
Las nuevas normas de coordinación formaron parte del paquete de iniciativas sobre seguridad pública enviadas al Legislativo por el Presidente Calderón para cumplir sus compromisos, incluidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto, al calor de la ola de indignación social causada por el secuestro y asesinato de Fernando Martí.
La nueva ley establece nuevos mecanismos de coordinación, refrenda la intención de crear otros previstos en la Legislación anterior y determina el modo de hacer efectiva la colaboración de los gobiernos locales, muchos de ellos remisos a cumplir obligaciones que ya les correspondían.
En lo relativo al personal de seguridad pública, por ejemplo, esas omisiones no permitieron construir un registro nacional adecuado, cuyas deficiencias facilitaban el reclutamiento de agentes de la autoridad, expulsados de otras corporaciones.
Ese registro formará parte del Centro Nacional de Información, que configurará y administrará las bases de datos relativos al censo de servidores policíacos de todos los niveles y los referidos a la criminalidad en todo el país, incluido un banco de antecedentes penales.
En consonancia con esos instrumentos, también se crean un Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza, y otro de prevención del delito, que se gestionará junto con la de participación ciudadana.
Con nuevas funciones, tendientes a garantizar la coordinación reclamada por la sociedad, se mantiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que fue el marco en que se firmó el mencionado acuerdo del 21 de agosto y donde cien días más tarde se efectuó la primera evaluación de los pasos dirigidos a satisfacer la exigencia ciudadana, de mejores condiciones para la convivencia, y para la preservación de la integridad de las personas y sus bienes.
En ese punto en particular el Poder Legislativo modificó la Iniciativa presidencial. Ésta preveía conservar la estructura vigente del Consejo, cuya cabeza era el Secretario de Seguridad Pública, del Gabinete federal, según reforma a la ley de 95 practicada en diciembre de 2000, cuando precisamente fue creada la Secretaría de la que hoy es titular Genaro García Luna.
Al discutirse el Proyecto presidencial, en las Cámaras bullía la información relacionada con personal de esa Secretaría pasado a las filas del enemigo, la delincuencia organizada.
La comandanta Lorena González, por ejemplo, está siendo procesada por su participación en el secuestro del joven Martí, y miembros de alto nivel de la Policía Federal Preventiva, incluido su jefe, Comisionado, es su título oficial, estaban bajo arraigo o enjuiciados por sus nexos con bandas de narcotraficantes.
Los Legisladores, con buen sentido, rehusaron confirmar al titular de esa dependencia, funciones que notoriamente no cumplía a cabalidad, y determinaron que no fuera el Secretario de Seguridad Pública, sino el propio titular del Ejecutivo quien encabezara el Consejo Nacional.
E hicieron ingresar en él al Secretario de Gobernación, con tal centralidad que suplirá en sus ausencias al Presidente. Como se recuerda, el Ministerio de Bucareli había quedado al margen de la gestión gubernamental de la seguridad pública, a la que, de este modo, retorna parcialmente su titular.
Un gobernante más sensible a los mensajes de la sociedad y del Congreso hubiera sacado la consecuencia de la desautorización Legislativa a García Luna.
Pero por razones que sólo él conoce, el Presidente Calderón persiste en mantener en su lugar al Secretario de Seguridad Pública, aun cuando se le mermaron sus facultades, y no obstante el cúmulo de información que pone en relieve, en el mejor de los casos, la ineficacia de ese funcionario, al que cabría remover para mayor seguridad.
Hoy se cumple el décimo aniversario de la Policía Federal Preventiva, que depende de esa Secretaría, y la ocasión permite insistir en la inconveniencia de que García Luna sea, en último término, el responsable de la actuación de esa policía.
Esa corporación, manejada al margen de la ley por la SSP, hasta en minucias formales, como privarla de su segundo apellido pese a que así la denominó la Ley del 5 de enero de 1999, que no ha sido reformada, ha tenido en esta década doce comisionados, algunos de ellos por unos cuantos días.
De ellos, la mitad han actuado en los veinticinco meses en que ha dependido de García Luna. Las designaciones respectivas corresponden a dos rasgos de la gestión del Secretario: el amiguismo y la penetración delincuencial en ese cuerpo, a un jefe asesinado lo suplió uno que está bajo proceso, y a éste uno con antecedentes penales.