Talón de Aquiles

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PREMIO

La fuga de cuatro internos del Centro de Integración Para Adolescentes el domingo es una prueba inequívoca de que para el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla el renglón carcelario y penitenciario es puntos menos que cero.
Han sido tantas y tan frecuentes las fugas de internos de los reclusorios y de los centros de integración de menores, que resulta casi imposible para cualquier ciudadano cuantificarlas. No ajustan los dedos de ambas manos para contabilizar las evasiones que han ocurrido en los cuatro años y 26 días de la actual administración estatal.
La forma en que se evadieron tres adolescentes y un joven del CIPA no difiere mucho del modo en que se han registrado muchas de las fugas en los centros de ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Se puede decir que estamos viendo la misma película.
De acuerdo con el departamento de Averiguaciones Previas de la PGJE, la fuga se originó cuando uno de los menores solicitó permiso por medio de una papeleta para ingresar al área de la comandancia para supuestamente realizar una llamada telefónica, y al ingresar al lugar amenazó a uno de los vigilantes de la institución, aparentemente con una arma de fuego, y él y sus compañeros lograron salir a la calle y se dieron a la fuga.
La pregunta obligada, no sólo en este caso específico, es por qué las autoridades reclutan para la vigilancia y custodia en los centros de rehabilitación social a personas sin la preparación ni la capacidad necesarias para desempeñar una responsabilidad de ese tamaño. Mueve a risa la forma en que son engañados, una y otra vez, con señuelos como el de hacer una llamada telefónica.
Por otra parte, igual que ocurre en los penales, no parece demasiado difícil el ingreso de armas al Centro de Integración Para Adolescentes, lo cual es también imperdonable, sobre todo porque muchos de los recluidos en dicha institución, aunque menores de edad, fueron detenidos por la comisión de delitos graves, como homicidio, violación, asalto a bancos y robo a comercios.
¿Qué desgracia tendrá qué ocurrir para que la autoridad estatal se decida a poner las cosas en orden en el renglón carcelario, que sigue siendo su talón de Aquiles?