Un triunfo de Obama sancionaría el fin tanto del neoliberalismo salvaje en los mercados como del unilateralismo imperial

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Saúl Valdez / Fernanda González

La polarización política entre PRD y PAN como consecuencia duradera del conflicto pos electoral generado con motivo de las elecciones presidenciales de 2006, ha sido factor fundamental para el resurgimiento político del PRI como opción de poder. Semejante ecuación política ha favorecido que el otrora partido casi único mantenga su dominio en los 18 estados que Gobierna, ejerciendo también importante influjo donde es oposición a través de los congresos locales y las presidencias municipales.
Por si fuese poco, el PRI asume, pese a su condición de tercera minoría en la Cámara de Diputados y segunda fuerza política en el Senado, un rol protagónico, muy especialmente en torno a las negociaciones para la reforma energética, favorecido por el enfrentamiento entre la derecha de raigambre azul y la izquierda que el PRD y el lópezobradorismo representan.
Sin diputados ni senadores suficientes para alcanzar mayoría absoluta y mucho menos para conseguir una mayoría calificada para hacer cambios al texto constitucional, el partido gobernante se ha visto en el predicamento de necesitar al PRI como a la niña de sus ojos.
Frente a la vorágine de acontecimientos negativos que han deteriorado en los últimos ocho años la convivencia nacional, coincidentemente con la alternancia en el poder, considerables sectores de la población añoran la estabilidad del priato, más específicamente los últimos años del sexenio zedillista, con alto crecimiento de la economía en convergencia con el auge económico estadounidense de la era Clinton. Más que desencantados, están hartos del escaso o nulo profesionalismo de una clase política panista reconcentrada la mayor parte de ella en el ejercicio "gozoso" del poder para provecho propio y de sus allegados, mientras los grandes problemas nacionales se recrudecen por el clima de violencia e inseguridad diseminado por todo el país y la embestida de una crisis financiera global frente a la que ninguna economía está blindada, menos aún la mexicana situada dentro del primer círculo de la órbita imperial.
Hay, sin embargo, señales de un giro político en la presidencia de la República en busca de un virtual acuerdo con el PRD y López Obrador en torno a la reforma energética y el rumbo general del país, capaz de impedir que el PRI utilice la aprobación de aquélla como una victoria suya de cara a los comicios legislativos federales del año entrante, y siga de tal forma allanando sin mayores tropiezos su regreso a Los Pinos en 2012.
Es imposible, empero, desvincular el cambio de postura presidencial con el despliegue político del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador constituye un referente para el análisis político y la toma de decisiones, pese a la campaña de medios contra el "presidente legítimo" y la quimera de que se está quedando solo, celebrando la división y el retroceso político electoral en que el PRD está hoy postrado.
Hay, en efecto, 200 mil brigadistas listos para llevar a cabo acciones de resistencia civil, mediante relevos, el tiempo necesario para impedir la privatización abierta o simulada de Pemex.
No obstante, el estallido de la crisis financiera y las perspectivas sombrías de una larga recesión económica subsiguiente, del mismo modo que el desplome en los precios internacionales del petróleo, han hecho que el presidente enfríe su entusiasmo sobre una posible reforma privatizadora de Pemex.
Un triunfo de Obama sancionaría el fin tanto del neoliberalismo salvaje en los mercados como del unilateralismo imperial. La intervención del Estado para regular los mercados se abriría paso, históricamente, otra vez.
Mantenerse en el dogma neoliberal de las privatizaciones de segunda generación, cuando la tendencia mundial apunta en los países desarrollados a la nacionalización del sistema bancario, y en los países periféricos a la nacionalización de los recursos energéticos, es un despropósito del cual es imposible salir indemne.
Como muestra de voluntad política para destrabar el diálogo con el PRD, e incluso abrir la posibilidad de un diálogo directo con AMLO o personajes del lópezobradorismo variopinto autorizados por éste, el presidente Calderón anunció la construcción de una refinería atendiendo el reclamo de no privatizar la refinación del crudo, sino de construir las refinerías necesarias para ir reduciendo año con año la importación de gasolinas. Otros logros importantes fue que se descongelaran los fondos del superávit de Pemex, para reinvertirlos en la paraestatal; que los Pidiregas se conviertan en deuda pública, dejando de ser el mecanismo de financiamiento privado en la industria petrolera nacional, de suyo oneroso, y, por último, que la principal empresa del país no se convierta en una entidad autónoma ya que en el actual estado de cosas ello conduciría a mayor corrupción y el avance soterrado de su privatización.
Las negociaciones de legisladores del FAP con funcionarios del Gobierno y miembros de las bancadas panistas han conseguido limar el filo privatizador de la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo. Hay, en principio, un acuerdo para excluir de la inversión privada las áreas del transporte, almacenamiento y transformación del petróleo (por ello el anuncio presidencial de construir una refinería).
La desconfianza oficial hacia la propuesta priísta de crear empresas filiales de Pemex para la refinación, transporte y distribución de hidrocarburos, con inversión privada directa, impidió dar luz verde a ésta, en tanto podrían servir para expandir la corrupción en beneficio de empresario afines al priismo, aumentar el control político del PRI, pero, sobre todo, fortalecer a los poderes regionales frente al poder central de la federación, abriéndose paso un proceso de disgregación del poder político incompatible con la unidad nacional.
El punto más controvertido, aún, son los contratos para explorar y perforar en aguas profundas y someras, a través de los cuales la privatización de Pemex puede abrirse paso. La Constitución prohíbe los contratos o concesiones en materia "del petróleo y de los hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos". Es imposible, por lo mismo, otorgar contratos "incentivados", es decir, más dinero en función del crudo descubierto en una determinada área de exploración asignada, sin transgredir el orden constitucional. Cuestión distinta son los contratos por servicios y obra determinada.

dmartinbara@hotmail.com