La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vino a Sinaloa a escuchar al pueblo. Al menos eso dice el discurso.
Pero en la Feria Ganadera hubo quienes se encargaron de que no escuchara a todo el pueblo.
Los filtros de seguridad instalados para el evento presidencial no se limitaron a revisar que los asistentes no ingresaran con armas u objetos prohibidos. También se revisó qué llevaban escrito.
Lonas y pancartas con mensajes de protesta fueron retiradas antes de que sus portadores pudieran acercarse al lugar donde estaría Claudia Sheinbaum. Entre ellas, mensajes relacionados con las víctimas de desaparición y reclamos al Gobierno.
El criterio parecía sencillo: si el mensaje era de apoyo a la Presidenta, podía pasar. Si era un reclamo, mejor dejarlo afuera.
Y así, mientras dentro de la Feria Ganadera se preparaba el escenario para recibir a miles de simpatizantes, afuera quedaban algunos de los problemas que más preocupan a los sinaloenses.
Porque una cosa es blindar un evento por seguridad y otra muy distinta es blindarlo de las protestas.
La Presidenta escuchó discursos, compromisos y aplausos.
Pero los reclamos también estaban ahí. Sólo que algunos no pasaron el filtro.
Y qué curioso: en un estado golpeado por la violencia, con familias buscando a sus desaparecidos, productores reclamando por la situación del campo y ciudadanos exigiendo respuestas, el mayor cuidado no pareció estar solamente en evitar que alguien introdujera un objeto peligroso.
También hubo cuidado de que no entraran ciertas palabras. Al final, la fotografía quedó impecable: miles de personas, banderas, aplausos y un recibimiento multitudinario.
La mayor parte de los reclamos, en cambio, quedaron detrás de las vallas.
Eso sí, hay que reconocer que al líder agrícola Baltazar Valdez lo llevaron hasta la primera fila, donde planteó una audiencia con la Secretaria de Agricultura y la misma Presidenta. Él mismo confirmó a Noroeste que era un buen primer paso.
Qué cosas tiene la política morenista: mientras el apellido Ramírez Cuéllar sigue teniendo presencia en la construcción del proyecto de Morena rumbo a 2027, a Alonso Ramírez Reyes, hijo de Alfonso Ramírez Cuéllar, no le alcanzó para entrar al evento de Claudia Sheinbaum en Culiacán, o al menos al área de los más allegados a donde quería entrar.
Alonso no es un desconocido para la estructura morenista. Desde hace años ha hecho públicas sus aspiraciones políticas en Culiacán e incluso en 2020 buscó contender por la Alcaldía.
Y ahí está lo curioso: que precisamente el hijo de quien alguna vez encabezó la dirigencia nacional de Morena y que hoy participa activamente en la construcción del proyecto rumbo a 2027 haya terminado del otro lado de la puerta, allá donde el público en general se hizo bolas.
Porque una cosa es que la política sea una lucha de grupos, y otra muy distinta es que hasta los de casa tengan que demostrar que tienen invitación.
La escena deja una postal difícil de ignorar: mientras dentro de la Feria Ganadera se cerraban filas alrededor de la Presidenta, afuera quedaba uno de los apellidos que también busca hacerse espacio en el tablero morenista de Culiacán.
Dicen que en Morena todos son compañeros, que el movimiento es amplio y que hay espacio para todos.
Nomás que, al parecer, primero hay que pasar el filtro.
Cuando la violencia arrebata la vida de una persona, el Estado tiene el deber ineludible de actuar con rigor legal, sensibilidad social y perspectiva de género. Sin embargo, las recientes declaraciones de la Diputada local morenista Rosario Sarabia Soto sobre la ola de homicidios de mujeres en el municipio de Escuinapa exponen una de las peores dolencias del ejercicio público: la pronta revictimización para evadir la responsabilidad institucional.
Aseverar categóricamente que estos crímenes no deben catalogarse como feminicidios y adelantar que las víctimas pertenecían o colaboraban con la delincuencia organizada no sólo vulnera el debido proceso, sino que sienta un precedente ético alarmante.
En primer lugar, ningún representante legislativo es un agente ministerial o fiscal. Tipificar un delito corresponde a la investigación técnica y jurídica de los hechos, no a juicios vertidos en redes sociales o discursos políticos. Dictaminar anticipadamente la inocencia o culpabilidad de una persona fallecida, que además ya no tiene posibilidad alguna de defenderse, roza la ilegalidad e ignora de tajo los protocolos que dictan investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.
En segundo lugar, calificar o descartar la gravedad de un crimen según el perfil atribuido a la víctima distorsiona el concepto fundamental de los derechos humanos. ¿Tiene una vida menos valor público según las causas que provocaron su fin? El delito de feminicidio no está sujeto a la reputación o presuntas conductas penales de quien lo sufre, sino a las razones de género e invalidez del derecho a la vida bajo las cuales fue cometido.
Criminalizar a priori a las mujeres asesinadas en Escuinapa cumple una función tan añeja como ruin: anestesiar el descontento social y eximir al Gobierno de brindar cuentas claras. Resulta más cómodo atribuir la tragedia al crimen organizado que asumir la incapacidad estructural del Estado para garantizar la seguridad en Sinaloa.
Sinaloa exige a sus legisladores rigor en sus pronunciamientos y sensibilidad frente al dolor social. Convertir la investidura en una tribuna para juzgar a las víctimas antes de que las investigaciones concluyan no sólo es un error político, es una muestra de desapego moral ante una crisis de violencia que sigue cobrando vidas de mujeres.
En el contexto actual que vive Sinaloa, la esperanza no debe ser una postura pasiva, sino una decisión urgente que requiere de participación ciudadana. Hoy más que nunca, es momento de transformar el miedo en motor de cambio y la incertidumbre en propuestas tangibles.
Por eso, asistir al panel “Sinaloa en Paz: Del Miedo a la Acción” representa una oportunidad invaluable para encontrarnos como comunidad, dialogar y replantear nuestra narrativa e identidad de cara al presente y al futuro.
Contar con las reflexiones y la experiencia de figuras clave como el doctor Fernando Montiel Tiscareño (Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz) y de la maestra Doris Gutiérrez Félix (Fundación Coppel) nos invita a construir colectivamente los caminos hacia la paz que la entidad necesita y merece.
La cita es hoy lunes a las 12 del mediodía en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en la Sala de Usos Múltiples, para demostrar que la fuerza de nuestra sociedad civil organizada y consciente es el cimiento más sólido para un futuro en paz. ¡Hay que sumarse y ser parte de la solución!
¡FOUL!... Tristísimo que una representante popular como la Diputada morenista Rosario Sarabia acuse a las mujeres asesinadas ¡de pertenecer a grupos delincuenciales!
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vino a Sinaloa a escuchar al pueblo. Al menos eso dice el discurso.
Pero en la Feria Ganadera hubo quienes se encargaron de que no escuchara a todo el pueblo.
Los filtros de seguridad instalados para el evento presidencial no se limitaron a revisar que los asistentes no ingresaran con armas u objetos prohibidos. También se revisó qué llevaban escrito.
Lonas y pancartas con mensajes de protesta fueron retiradas antes de que sus portadores pudieran acercarse al lugar donde estaría Claudia Sheinbaum. Entre ellas, mensajes relacionados con las víctimas de desaparición y reclamos al Gobierno.
El criterio parecía sencillo: si el mensaje era de apoyo a la Presidenta, podía pasar. Si era un reclamo, mejor dejarlo afuera.
Y así, mientras dentro de la Feria Ganadera se preparaba el escenario para recibir a miles de simpatizantes, afuera quedaban algunos de los problemas que más preocupan a los sinaloenses.
Porque una cosa es blindar un evento por seguridad y otra muy distinta es blindarlo de las protestas.
La Presidenta escuchó discursos, compromisos y aplausos.
Pero los reclamos también estaban ahí. Sólo que algunos no pasaron el filtro.
Y qué curioso: en un estado golpeado por la violencia, con familias buscando a sus desaparecidos, productores reclamando por la situación del campo y ciudadanos exigiendo respuestas, el mayor cuidado no pareció estar solamente en evitar que alguien introdujera un objeto peligroso.
También hubo cuidado de que no entraran ciertas palabras. Al final, la fotografía quedó impecable: miles de personas, banderas, aplausos y un recibimiento multitudinario.
La mayor parte de los reclamos, en cambio, quedaron detrás de las vallas.
Eso sí, hay que reconocer que al líder agrícola Baltazar Valdez lo llevaron hasta la primera fila, donde planteó una audiencia con la Secretaria de Agricultura y la misma Presidenta. Él mismo confirmó a Noroeste que era un buen primer paso.
Qué cosas tiene la política morenista: mientras el apellido Ramírez Cuéllar sigue teniendo presencia en la construcción del proyecto de Morena rumbo a 2027, a Alonso Ramírez Reyes, hijo de Alfonso Ramírez Cuéllar, no le alcanzó para entrar al evento de Claudia Sheinbaum en Culiacán, o al menos al área de los más allegados a donde quería entrar.
Alonso no es un desconocido para la estructura morenista. Desde hace años ha hecho públicas sus aspiraciones políticas en Culiacán e incluso en 2020 buscó contender por la Alcaldía.
Y ahí está lo curioso: que precisamente el hijo de quien alguna vez encabezó la dirigencia nacional de Morena y que hoy participa activamente en la construcción del proyecto rumbo a 2027 haya terminado del otro lado de la puerta, allá donde el público en general se hizo bolas.
Porque una cosa es que la política sea una lucha de grupos, y otra muy distinta es que hasta los de casa tengan que demostrar que tienen invitación.
La escena deja una postal difícil de ignorar: mientras dentro de la Feria Ganadera se cerraban filas alrededor de la Presidenta, afuera quedaba uno de los apellidos que también busca hacerse espacio en el tablero morenista de Culiacán.
Dicen que en Morena todos son compañeros, que el movimiento es amplio y que hay espacio para todos.
Nomás que, al parecer, primero hay que pasar el filtro.
Cuando la violencia arrebata la vida de una persona, el Estado tiene el deber ineludible de actuar con rigor legal, sensibilidad social y perspectiva de género. Sin embargo, las recientes declaraciones de la Diputada local morenista Rosario Sarabia Soto sobre la ola de homicidios de mujeres en el municipio de Escuinapa exponen una de las peores dolencias del ejercicio público: la pronta revictimización para evadir la responsabilidad institucional.
Aseverar categóricamente que estos crímenes no deben catalogarse como feminicidios y adelantar que las víctimas pertenecían o colaboraban con la delincuencia organizada no sólo vulnera el debido proceso, sino que sienta un precedente ético alarmante.
En primer lugar, ningún representante legislativo es un agente ministerial o fiscal. Tipificar un delito corresponde a la investigación técnica y jurídica de los hechos, no a juicios vertidos en redes sociales o discursos políticos. Dictaminar anticipadamente la inocencia o culpabilidad de una persona fallecida, que además ya no tiene posibilidad alguna de defenderse, roza la ilegalidad e ignora de tajo los protocolos que dictan investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.
En segundo lugar, calificar o descartar la gravedad de un crimen según el perfil atribuido a la víctima distorsiona el concepto fundamental de los derechos humanos. ¿Tiene una vida menos valor público según las causas que provocaron su fin? El delito de feminicidio no está sujeto a la reputación o presuntas conductas penales de quien lo sufre, sino a las razones de género e invalidez del derecho a la vida bajo las cuales fue cometido.
Criminalizar a priori a las mujeres asesinadas en Escuinapa cumple una función tan añeja como ruin: anestesiar el descontento social y eximir al Gobierno de brindar cuentas claras. Resulta más cómodo atribuir la tragedia al crimen organizado que asumir la incapacidad estructural del Estado para garantizar la seguridad en Sinaloa.
Sinaloa exige a sus legisladores rigor en sus pronunciamientos y sensibilidad frente al dolor social. Convertir la investidura en una tribuna para juzgar a las víctimas antes de que las investigaciones concluyan no sólo es un error político, es una muestra de desapego moral ante una crisis de violencia que sigue cobrando vidas de mujeres.
En el contexto actual que vive Sinaloa, la esperanza no debe ser una postura pasiva, sino una decisión urgente que requiere de participación ciudadana. Hoy más que nunca, es momento de transformar el miedo en motor de cambio y la incertidumbre en propuestas tangibles.
Por eso, asistir al panel “Sinaloa en Paz: Del Miedo a la Acción” representa una oportunidad invaluable para encontrarnos como comunidad, dialogar y replantear nuestra narrativa e identidad de cara al presente y al futuro.
Contar con las reflexiones y la experiencia de figuras clave como el doctor Fernando Montiel Tiscareño (Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz) y de la maestra Doris Gutiérrez Félix (Fundación Coppel) nos invita a construir colectivamente los caminos hacia la paz que la entidad necesita y merece.
La cita es hoy lunes a las 12 del mediodía en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, en la Sala de Usos Múltiples, para demostrar que la fuerza de nuestra sociedad civil organizada y consciente es el cimiento más sólido para un futuro en paz. ¡Hay que sumarse y ser parte de la solución!
¡FOUL!... Tristísimo que una representante popular como la Diputada morenista Rosario Sarabia acuse a las mujeres asesinadas ¡de pertenecer a grupos delincuenciales!