Hay quienes salen de Sinaloa en busca de mejores oportunidades porque quedarse ya no parece una opción y que descubren que ni siquiera dejar atrás el estado significa ponerse a salvo de los abusos.

Este fin de semana, un pasajero que viajaba en autobús desde Sinaloa hacia Durango habría sido víctima de un despojo y agresiones por parte de personas que se identificaron o aparentaban ser policías de control, antes de cruzar la frontera entre ambas entidades.

Según el testimonio, los sujetos subieron al autobús, identificaron al pasajero como originario de Culiacán y lo sometieron a una revisión. Pero no se limitaron a inspeccionar sus pertenencias: le quitaron joyería y dinero de su cartera. También lo cachetearon mientras lo interrogaban sobre su supuesta pertenencia a alguno de los grupos criminales que se disputan Sinaloa.

Le preguntaban si era de “La Chapiza” o de “La Mayiza”. Como si llevar una credencial de elector con domicilio en Culiacán fuera suficiente para convertirse en sospechoso. Como si ser sinaloense fuera una categoría delictiva.

La víctima habría recibido incluso amenazas de entregarlo a integrantes de otro grupo criminal y de involucrarlo con la Fiscalía. Todo esto mientras quienes lo revisaban le arrebataban sus pertenencias.

Hay que hacer una precisión: hasta ahora, con la información disponible, no está confirmado que quienes cometieron estos abusos fueran verdaderos elementos de alguna corporación. Pero esa incertidumbre no representa una salida para las autoridades. Al contrario, abre dos escenarios igual de preocupantes: que funcionarios encargados de la seguridad estén utilizando su posición para extorsionar y agredir a ciudadanos, o que delincuentes puedan operar con uniformes, aparentando ser autoridades, sin que nadie los detenga.

En cualquiera de los dos casos, el Estado tiene una deuda de explicaciones.

¿Dónde están los operativos de vigilancia en las carreteras? ¿Quién supervisa a quienes realizan estas revisiones? ¿Cómo se verifica la identidad de los elementos que suben a un autobús y someten a sus pasajeros? ¿Qué hace la Guardia Nacional para impedir que los caminos se conviertan en espacios de impunidad?

Sinaloa atraviesa una crisis de violencia y los delitos de extorsión representan una amenaza creciente para la población, los comerciantes y quienes intentan mantener sus actividades económicas.

La extorsión no deja de serlo porque quien la comete porte un uniforme. Tampoco deja de ser un delito porque se disfrace de operativo, revisión de rutina o interrogatorio de seguridad.

Y si las autoridades no son capaces de garantizar que un pasajero llegue a su destino sin ser robado, amenazado o golpeado en el camino, entonces también deberían revisar qué entienden por seguridad.

Porque los sinaloenses no solamente están cansados de vivir entre balaceras, desapariciones y homicidios. También están cansados de tener que cuidarse de quienes deberían cuidarlos.

Por si fuera poco la situación de violencia insostenible que viven los municipios de Rosario y Escuinapa, sobre todo este último, la situación no puede ser peor, pues las familias ya se han quejado de que en ninguno de estos dos municipios hay médico legista para dar atención a heridos y occisos.

Desde que comenzó la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, ni Escuinapa ni Rosario han estado exentos de lo que estuvo ocurriendo en el centro del estado, pues en esta zona del sur de Sinaloa también comenzó a haber batallas por la hegemonía de la empresa criminal.

Principalmente, la bronca en que la falta de un médico legista ha metido a las familias es que no pueden reclamar ni cadáveres ni heridos de eventos violentos y en los que hayan tenido qué ver las autoridades.

La información que han obtenido las familias, según reporteros colegas en Rosario, detallan que aproximadamente desde el pasado 26 de octubre, se removió a los médicos por parte de la Fiscalía General de Justicia, y han concentrado este trámite en la ciudad de Mazatlán.

Obviamente la justificación para cambiar todo el proceso burocrático seguramente es por una decisión que dota de seguridad, de respaldo y facilidad para el personal, pero también, obviamente, el cambio le perjudica a las familias que lo van a hacer, en su mayoría personas de escasos recursos.

Aquí es donde uno se espanta del nivel de ineficiencia que existe entre nuestros funcionarios, que no entienden la naturaleza ni la esencia de su trabajo como funcionarios públicos, que las dependencias se crearon justo para lo contrario de lo que están haciendo.

Porque mientras ellos solucionan su operatividad y logística en medio de la crisis de inseguridad, pues se olvidan que las víctimas no son ellos, ni los que debieran tener la toma de decisiones para revictimizar a las víctimas colaterales de esta situación, sino justamente buscar soluciones que no les cueste ni les desgaste emocional, físico ni económico a las familias.

Ya ni hablar del peligro que corren los familiares de ir a buscar el cadáver de su ser querido, que seguramente se van a trasladar a otro lugar en crisis y que se exponen a que les llegue también las culpas o señalamientos de ser, pertenecer o apoyar a fulano grupo y queden en medio del fuego cruzado.

Ya pasaron seis meses desde que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por una corte en Nueva York, sobre sus vínculos y facilitar operaciones para el Cártel de Sinaloa en el estado.

La acusación no vino sola, sino en grupo, contra los ex secretarios General de Gobierno, Enrique Inzunza, hoy Senador activo; el de Administración y Finanzas, Enrique Díaz; y el de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, además del hoy Alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra, y ex mandos judiciales y de la policía local.

La acusación llegó después de que el estado se vio inmerso en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, generada por la traición y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de los Estados Unidos.

Pues en medio de esta crisis, que ya cobró mas de 4 mil homicidios y más de 4 mil 500 denuncias por personas desaparecidas en el estado, Sinaloa tuvo que atravesar por otra crisis, ahora política, de la que aún también sufrimos, por el reacomodo obligado por la salida de Rocha Moya, pero sus intenciones de seguir con las manos metidas en la operación del Gobierno del Estado.

El punto más álgido en la crisis fue debido a la presión que las autoridades estadounidenses imprimieron a su intención de una detención y extradición contra los funcionarios sinaloenses, para ponerlos frente a un juez en una audiencia pública, pero contrario a lo que pareciera lógico cuando se trata de este tipo de acusaciones contra, el Gobierno federal decidió comenzar a exigir pruebas para lograr la extradición, unas semanas después de haber extraditado a decenas de detenidos a los Estados Unidos, sin pedir ninguna prueba en esos casos.

Apechugando por Morena, el Gobierno federal logró, con cierto retraso, como casi todo en las crisis que hemos sufrido en Sinaloa, sacar al grupo rochista del control del Gobierno del Estado, con la figura de Graciela Domínguez Nava, quien poco a poco ha logrado hacer limpia y convencer a los escépticos de que limpiará a la administración de la corriente que dañó la tranquilidad de los sinaloenses.

Pero la cuestión que ahora queda pendiente es qué pasará con Rocha Moya ahora que la Auditoría Superior documentó que hubo “desvíos millonarios” en contratos de obra pública durante el gobierno, con su grupo que también está señalado de operar a su favor, con las investigaciones, las acusaciones de los estadounidenses en su contra y del futuro inmediato del morenismo que, aunque ellos no lo crean, sigue golpeado, y cada vez más desprestigiado.

¡FOUL!... Bien bravo, el Presidente de Elota, Richard Millán, ha usado su conferencia de prensa y sus redes para atajar críticas; pero ahora usa redes oficiales para exigir a un usuario ¡que quite un meme!

Hay quienes salen de Sinaloa en busca de mejores oportunidades porque quedarse ya no parece una opción y que descubren que ni siquiera dejar atrás el estado significa ponerse a salvo de los abusos.

Este fin de semana, un pasajero que viajaba en autobús desde Sinaloa hacia Durango habría sido víctima de un despojo y agresiones por parte de personas que se identificaron o aparentaban ser policías de control, antes de cruzar la frontera entre ambas entidades.

Según el testimonio, los sujetos subieron al autobús, identificaron al pasajero como originario de Culiacán y lo sometieron a una revisión. Pero no se limitaron a inspeccionar sus pertenencias: le quitaron joyería y dinero de su cartera. También lo cachetearon mientras lo interrogaban sobre su supuesta pertenencia a alguno de los grupos criminales que se disputan Sinaloa.

Le preguntaban si era de “La Chapiza” o de “La Mayiza”. Como si llevar una credencial de elector con domicilio en Culiacán fuera suficiente para convertirse en sospechoso. Como si ser sinaloense fuera una categoría delictiva.

La víctima habría recibido incluso amenazas de entregarlo a integrantes de otro grupo criminal y de involucrarlo con la Fiscalía. Todo esto mientras quienes lo revisaban le arrebataban sus pertenencias.

Hay que hacer una precisión: hasta ahora, con la información disponible, no está confirmado que quienes cometieron estos abusos fueran verdaderos elementos de alguna corporación. Pero esa incertidumbre no representa una salida para las autoridades. Al contrario, abre dos escenarios igual de preocupantes: que funcionarios encargados de la seguridad estén utilizando su posición para extorsionar y agredir a ciudadanos, o que delincuentes puedan operar con uniformes, aparentando ser autoridades, sin que nadie los detenga.

En cualquiera de los dos casos, el Estado tiene una deuda de explicaciones.

¿Dónde están los operativos de vigilancia en las carreteras? ¿Quién supervisa a quienes realizan estas revisiones? ¿Cómo se verifica la identidad de los elementos que suben a un autobús y someten a sus pasajeros? ¿Qué hace la Guardia Nacional para impedir que los caminos se conviertan en espacios de impunidad?

Sinaloa atraviesa una crisis de violencia y los delitos de extorsión representan una amenaza creciente para la población, los comerciantes y quienes intentan mantener sus actividades económicas.

La extorsión no deja de serlo porque quien la comete porte un uniforme. Tampoco deja de ser un delito porque se disfrace de operativo, revisión de rutina o interrogatorio de seguridad.

Y si las autoridades no son capaces de garantizar que un pasajero llegue a su destino sin ser robado, amenazado o golpeado en el camino, entonces también deberían revisar qué entienden por seguridad.

Porque los sinaloenses no solamente están cansados de vivir entre balaceras, desapariciones y homicidios. También están cansados de tener que cuidarse de quienes deberían cuidarlos.

Por si fuera poco la situación de violencia insostenible que viven los municipios de Rosario y Escuinapa, sobre todo este último, la situación no puede ser peor, pues las familias ya se han quejado de que en ninguno de estos dos municipios hay médico legista para dar atención a heridos y occisos.

Desde que comenzó la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, ni Escuinapa ni Rosario han estado exentos de lo que estuvo ocurriendo en el centro del estado, pues en esta zona del sur de Sinaloa también comenzó a haber batallas por la hegemonía de la empresa criminal.

Principalmente, la bronca en que la falta de un médico legista ha metido a las familias es que no pueden reclamar ni cadáveres ni heridos de eventos violentos y en los que hayan tenido qué ver las autoridades.

La información que han obtenido las familias, según reporteros colegas en Rosario, detallan que aproximadamente desde el pasado 26 de octubre, se removió a los médicos por parte de la Fiscalía General de Justicia, y han concentrado este trámite en la ciudad de Mazatlán.

Obviamente la justificación para cambiar todo el proceso burocrático seguramente es por una decisión que dota de seguridad, de respaldo y facilidad para el personal, pero también, obviamente, el cambio le perjudica a las familias que lo van a hacer, en su mayoría personas de escasos recursos.

Aquí es donde uno se espanta del nivel de ineficiencia que existe entre nuestros funcionarios, que no entienden la naturaleza ni la esencia de su trabajo como funcionarios públicos, que las dependencias se crearon justo para lo contrario de lo que están haciendo.

Porque mientras ellos solucionan su operatividad y logística en medio de la crisis de inseguridad, pues se olvidan que las víctimas no son ellos, ni los que debieran tener la toma de decisiones para revictimizar a las víctimas colaterales de esta situación, sino justamente buscar soluciones que no les cueste ni les desgaste emocional, físico ni económico a las familias.

Ya ni hablar del peligro que corren los familiares de ir a buscar el cadáver de su ser querido, que seguramente se van a trasladar a otro lugar en crisis y que se exponen a que les llegue también las culpas o señalamientos de ser, pertenecer o apoyar a fulano grupo y queden en medio del fuego cruzado.

Ya pasaron seis meses desde que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por una corte en Nueva York, sobre sus vínculos y facilitar operaciones para el Cártel de Sinaloa en el estado.

La acusación no vino sola, sino en grupo, contra los ex secretarios General de Gobierno, Enrique Inzunza, hoy Senador activo; el de Administración y Finanzas, Enrique Díaz; y el de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, además del hoy Alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra, y ex mandos judiciales y de la policía local.

La acusación llegó después de que el estado se vio inmerso en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, generada por la traición y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de los Estados Unidos.

Pues en medio de esta crisis, que ya cobró mas de 4 mil homicidios y más de 4 mil 500 denuncias por personas desaparecidas en el estado, Sinaloa tuvo que atravesar por otra crisis, ahora política, de la que aún también sufrimos, por el reacomodo obligado por la salida de Rocha Moya, pero sus intenciones de seguir con las manos metidas en la operación del Gobierno del Estado.

El punto más álgido en la crisis fue debido a la presión que las autoridades estadounidenses imprimieron a su intención de una detención y extradición contra los funcionarios sinaloenses, para ponerlos frente a un juez en una audiencia pública, pero contrario a lo que pareciera lógico cuando se trata de este tipo de acusaciones contra, el Gobierno federal decidió comenzar a exigir pruebas para lograr la extradición, unas semanas después de haber extraditado a decenas de detenidos a los Estados Unidos, sin pedir ninguna prueba en esos casos.

Apechugando por Morena, el Gobierno federal logró, con cierto retraso, como casi todo en las crisis que hemos sufrido en Sinaloa, sacar al grupo rochista del control del Gobierno del Estado, con la figura de Graciela Domínguez Nava, quien poco a poco ha logrado hacer limpia y convencer a los escépticos de que limpiará a la administración de la corriente que dañó la tranquilidad de los sinaloenses.

Pero la cuestión que ahora queda pendiente es qué pasará con Rocha Moya ahora que la Auditoría Superior documentó que hubo “desvíos millonarios” en contratos de obra pública durante el gobierno, con su grupo que también está señalado de operar a su favor, con las investigaciones, las acusaciones de los estadounidenses en su contra y del futuro inmediato del morenismo que, aunque ellos no lo crean, sigue golpeado, y cada vez más desprestigiado.

¡FOUL!... Bien bravo, el Presidente de Elota, Richard Millán, ha usado su conferencia de prensa y sus redes para atajar críticas; pero ahora usa redes oficiales para exigir a un usuario ¡que quite un meme!