Culiacán enfrenta una caída preocupante en el empleo formal: más de 7 mil 800 puestos laborales desaparecieron en el primer semestre de 2025, según datos oficiales.

Esta pérdida equivale a casi el 3 por ciento de la fuerza laboral registrada ante el IMSS en la capital sinaloense, la ciudad que debería ser el motor económico de Sinaloa.

El silencio y la falta de explicaciones por parte de las autoridades locales y estatales resultan incomprensibles. No basta con informar las cifras; hace falta responder a preguntas básicas: ¿Qué estrategias reales existen para revertir esta caída?

No se puede hablar de esta crisis laboral sin mencionar la inseguridad que azota al estado desde hace más de 10 meses. La violencia espanta inversiones, frena proyectos y cierra puertas para que se generen empleos dignos. Si nadie garantiza seguridad, Culiacán va directo a un círculo vicioso de desempleo, trabajo informal y pobreza.

La pérdida masiva de empleos es la consecuencia directa de la falta de políticas públicas efectivas y de un gobierno que no logra proteger ni fomentar el desarrollo económico.

Si no se toman medidas urgentes, la caída del empleo seguirá profundizándose y arrastrará a más sectores y personas. La inacción hoy es sinónimo de un futuro incierto para miles de familias.

Como pudimos documentar, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha vuelto a las prácticas de transparentar sus compras de bienes, y publicarlas para abrirse hacia la sociedad a la que se debe.

Parecerá un detalle menor que, después de tres años, por fin pudimos ver una licitación de la UAS en el portal oficial donde los entes públicos informan sobre sus compras, pero hay que darle el contexto que amerita.

En esta ocasión, documentamos que la institución inició procesos de licitación para adquirir mobiliario, computadoras y aires acondicionados para sus planteles.

Con esto, es fácil recordar las investigaciones penales que se abrieron en contra de funcionarios de primer nivel de la Universidad, lo cual dio lugar al mote de “la pandilla que opera en la UAS”, por ser una cúpula de personas que manosearon más de 500 millones de pesos en compras irregulares, que únicamente afectaron las finanzas de la máxima casa de estudios de nuestro estado.

Todas estas compras se hicieron en lo oscurito, sin publicarse en las plataformas donde debían, lo cual facilitó que durante varios años cerraran acuerdos entre compadres, conocidos y allegados al entorno del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Como pudimos constatar en investigaciones periodísticas como las evidencias oficiales de las autoridades, muchos de esos acuerdos representaron que la UAS pagó hasta el doble del valor real de algunos artículos como computadoras. Eso, al final del día, significó un desfalco y debilitamiento a la casa rosalina.

Y como en una especie de efecto mariposa, cada una de las compras a sobreprecio que la institución realizó saltándose los procedimientos legales, han provocado que se la vivan endeudados y sin siquiera la estabilidad financiera para que sus empleados reciban el pago de sus quincenas a tiempo.

Pasaron muchas cosas en estos tres años: judicializaciones, marchas y acuerdos reparatorios que huelen más a pactos de impunidad, y la sociedad sinaloense nuevamente tiene la posibilidad de monitorear el gasto de la universidad, al menos desde sus adquisiciones.

Podrá pensar que es cosa menor, pero poder vigilar las compras y arrendamientos de los entes públicos permiten que tanto medios de comunicación como organizaciones civiles puedan denunciar y advertir conflictos de interés, sobreprecios y cualquier otra transa que se pretenda hacer con recursos públicos, que salen de los hogares sinaloenses.

Evidentemente no todo es perfecto ni se han depurado todos los males administrativos y financieros de la UAS, pero dentro de lo bochornoso que ha sido el manejo que le han dado sus autoridades todos estos años, retomar las prácticas de transparencia puede verse como un pasito para enderezarse.

Gobierno de Sinaloa inició ya un nuevo proceso de licitación para la compra de videocámaras de vigilancia, un gasto que se ha convertido en un barril sin fondo debido a que estos equipos son vandalizados y destruidos con cierta periodicidad y nunca hay responsables detenidos que se hagan cargo del costo que representa.

Al final entendemos que como muchas cosas en el Gobierno, los principales beneficiados son los proveedores, porque a la autoridad poco le importa investigar y al Gobierno menos le importa saber quién fue o quién va a pagar.

Según la nueva licitación, los nuevos equipos se usarán para reforzar el sistema de videovigilancia del estado y se colocarán en distintos puntos de Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Este proceso se lanzó casi un mes después de que fue anunciado por el Gobierno de Sinaloa, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Según vimos en el documento de la licitación, la compra será de 285 cámaras, y no las 500 que se habían anunciado.

El sitio Compranet Sinaloa detalla que de las 285, 190 serán cámaras fijas y 95 más tipo PTZ, las cuales pueden girar hacia cualquier lado.

Además de las nuevas cámaras, el proceso de compra del Sesesp también busca darle mantenimiento o sustituir la infraestructura de monitoreo que ya posee el estado, pero que ha sido dañada.

Por este tema se proyecta renovar o rehabilitar 330 equipos de videovigilancia que ya están colocados en las vías públicas con una inversión total que rondará en los 50 millones de pesos.

La lana, según han revelado desde el Gobierno, vendrá del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, un recurso federal etiquetado para estos fines.

Insistimos, contar con un buen sistema de videovigilancia es clave para construir una seguridad sostenible pero el tema está en la prevención de su vandalización y, sobre todo, en el castigo de quienes las dañan a balazos. De lo contrario no habrá dinero que alcance.

Culiacán enfrenta una caída preocupante en el empleo formal: más de 7 mil 800 puestos laborales desaparecieron en el primer semestre de 2025, según datos oficiales.

Esta pérdida equivale a casi el 3 por ciento de la fuerza laboral registrada ante el IMSS en la capital sinaloense, la ciudad que debería ser el motor económico de Sinaloa.

El silencio y la falta de explicaciones por parte de las autoridades locales y estatales resultan incomprensibles. No basta con informar las cifras; hace falta responder a preguntas básicas: ¿Qué estrategias reales existen para revertir esta caída?

No se puede hablar de esta crisis laboral sin mencionar la inseguridad que azota al estado desde hace más de 10 meses. La violencia espanta inversiones, frena proyectos y cierra puertas para que se generen empleos dignos. Si nadie garantiza seguridad, Culiacán va directo a un círculo vicioso de desempleo, trabajo informal y pobreza.

La pérdida masiva de empleos es la consecuencia directa de la falta de políticas públicas efectivas y de un gobierno que no logra proteger ni fomentar el desarrollo económico.

Si no se toman medidas urgentes, la caída del empleo seguirá profundizándose y arrastrará a más sectores y personas. La inacción hoy es sinónimo de un futuro incierto para miles de familias.

Como pudimos documentar, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha vuelto a las prácticas de transparentar sus compras de bienes, y publicarlas para abrirse hacia la sociedad a la que se debe.

Parecerá un detalle menor que, después de tres años, por fin pudimos ver una licitación de la UAS en el portal oficial donde los entes públicos informan sobre sus compras, pero hay que darle el contexto que amerita.

En esta ocasión, documentamos que la institución inició procesos de licitación para adquirir mobiliario, computadoras y aires acondicionados para sus planteles.

Con esto, es fácil recordar las investigaciones penales que se abrieron en contra de funcionarios de primer nivel de la Universidad, lo cual dio lugar al mote de “la pandilla que opera en la UAS”, por ser una cúpula de personas que manosearon más de 500 millones de pesos en compras irregulares, que únicamente afectaron las finanzas de la máxima casa de estudios de nuestro estado.

Todas estas compras se hicieron en lo oscurito, sin publicarse en las plataformas donde debían, lo cual facilitó que durante varios años cerraran acuerdos entre compadres, conocidos y allegados al entorno del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Como pudimos constatar en investigaciones periodísticas como las evidencias oficiales de las autoridades, muchos de esos acuerdos representaron que la UAS pagó hasta el doble del valor real de algunos artículos como computadoras. Eso, al final del día, significó un desfalco y debilitamiento a la casa rosalina.

Y como en una especie de efecto mariposa, cada una de las compras a sobreprecio que la institución realizó saltándose los procedimientos legales, han provocado que se la vivan endeudados y sin siquiera la estabilidad financiera para que sus empleados reciban el pago de sus quincenas a tiempo.

Pasaron muchas cosas en estos tres años: judicializaciones, marchas y acuerdos reparatorios que huelen más a pactos de impunidad, y la sociedad sinaloense nuevamente tiene la posibilidad de monitorear el gasto de la universidad, al menos desde sus adquisiciones.

Podrá pensar que es cosa menor, pero poder vigilar las compras y arrendamientos de los entes públicos permiten que tanto medios de comunicación como organizaciones civiles puedan denunciar y advertir conflictos de interés, sobreprecios y cualquier otra transa que se pretenda hacer con recursos públicos, que salen de los hogares sinaloenses.

Evidentemente no todo es perfecto ni se han depurado todos los males administrativos y financieros de la UAS, pero dentro de lo bochornoso que ha sido el manejo que le han dado sus autoridades todos estos años, retomar las prácticas de transparencia puede verse como un pasito para enderezarse.

Gobierno de Sinaloa inició ya un nuevo proceso de licitación para la compra de videocámaras de vigilancia, un gasto que se ha convertido en un barril sin fondo debido a que estos equipos son vandalizados y destruidos con cierta periodicidad y nunca hay responsables detenidos que se hagan cargo del costo que representa.

Al final entendemos que como muchas cosas en el Gobierno, los principales beneficiados son los proveedores, porque a la autoridad poco le importa investigar y al Gobierno menos le importa saber quién fue o quién va a pagar.

Según la nueva licitación, los nuevos equipos se usarán para reforzar el sistema de videovigilancia del estado y se colocarán en distintos puntos de Culiacán, Mazatlán y Ahome.

Este proceso se lanzó casi un mes después de que fue anunciado por el Gobierno de Sinaloa, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Según vimos en el documento de la licitación, la compra será de 285 cámaras, y no las 500 que se habían anunciado.

El sitio Compranet Sinaloa detalla que de las 285, 190 serán cámaras fijas y 95 más tipo PTZ, las cuales pueden girar hacia cualquier lado.

Además de las nuevas cámaras, el proceso de compra del Sesesp también busca darle mantenimiento o sustituir la infraestructura de monitoreo que ya posee el estado, pero que ha sido dañada.

Por este tema se proyecta renovar o rehabilitar 330 equipos de videovigilancia que ya están colocados en las vías públicas con una inversión total que rondará en los 50 millones de pesos.

La lana, según han revelado desde el Gobierno, vendrá del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, un recurso federal etiquetado para estos fines.

Insistimos, contar con un buen sistema de videovigilancia es clave para construir una seguridad sostenible pero el tema está en la prevención de su vandalización y, sobre todo, en el castigo de quienes las dañan a balazos. De lo contrario no habrá dinero que alcance.