Malecón

El Centinela
05 diciembre 2025

Sin señales de alivio

Escuchar que “no hay indicios” de que 2026 vaya a ser distinto no sorprende, pero sí pesa. Para quienes viven la violencia en Sinaloa, la advertencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se lee como un análisis técnico, se siente como la confirmación de lo que vemos en la calle, en las sindicaturas, en los negocios que cierran temprano y en las familias que buscan a alguien todos los días.

Lo que dice Óscar Loza Ochoa sobre los “claroscuros” y la ausencia de señales de mejoría no es nuevo, pero revela algo que pocos funcionarios admiten en público, que no hay un camino definido para salir de esta crisis.

El llamado a que educación, cultura, seguridad y bienestar construyan las bases de una “postcrisis” suena necesario, pero también lejano.Sin embargo, hablar de postcrisis mientras la crisis sigue activa se siente como planear la reconstrucción de una casa cuando el incendio todavía no termina.

Las cifras que se han documentado, más de 2 mil asesinatos y miles de personas privadas de la libertad en poco más de un año, no son sólo números: son el recordatorio constante de que cubrir esta realidad implica convivir con ella.

Y en un entorno así, la posibilidad de que 2026 traiga un cambio depende menos de los buenos deseos y más de decisiones que, hasta ahora, no han llegado.

La CEDH pone el tema sobre la mesa. Pero para quienes están aquí, en la calle, el punto no es si hay indicios o no: es que la vida diaria obliga a trabajar como si la crisis no fuera a terminar pronto.


Que muy mal hecho, dicen

El Congreso del Estado de Sinaloa condenó la irrupción de un grupo de jubilados y trabajadores universitarios al Salón de Sesiones, evento que provocó daños materiales y obligó a suspender la actividad legislativa. Sin embargo, el posicionamiento emitido por la Junta de Coordinación Política dejó sin mencionar el fondo del conflicto: la falta de supervisión oportuna y rigurosa del manejo financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, situación que desemboca en una crisis que ahora no se resuelve con llamados a la calma.

Si bien el Poder Legislativo informó que se ofreció una mesa de diálogo encabezada por integrantes de la Jucopo, la crítica ciudadana apunta a que ni el Congreso ni la Auditoría Superior del Estado han procurado, con la profundidad y oportunidad necesarias, revisar el estado real de las finanzas de la UAS.

Hoy, el problema alcanza un punto de tensión visible: una institución educativa pública que reconoce no contar con recursos para cubrir el pago de aguinaldos a quienes dedicaron su vida laboral al servicio universitario.

La postura pública del Congreso insistió en que “la violencia debilita cualquier causa”, pero omitió referirse a su papel como ente fiscalizador, responsable no sólo de reaccionar ante un conflicto sino de prevenirlo mediante transparencia, informes claros y mecanismos de auditoría efectivos.

La protesta de este jueves es consecuencia de años de advertencias, exhortos y señalamientos que no trascendieron más allá del discurso político.

El ofrecimiento de un espacio alterno para el diálogo, el Salón Constituyentes de 1917, pudo haber sido un gesto conciliador; no obstante, llegó cuando el descontento había rebasado la paciencia. La ausencia de información actualizada, accesible y verificable sobre el destino de los recursos de la UAS genera un vacío que incentiva la sospecha y la confrontación. Sin claridad financiera, el diálogo se vuelve promesa sin garantía.

La Auditoría Superior del Estado, como brazo técnico y especializado de revisión, tampoco ha logrado transmitir certeza de que existe una supervisión exhaustiva y no solo protocolaria sobre una institución con presupuesto público millonario. La falta de resultados visibles en auditorías o sanciones, si las irregularidades existen, o en explicaciones públicas, si no las hay, agrava la percepción de opacidad.

El Congreso reiteró su disposición al diálogo con autoridades de todos los niveles y de la propia UAS, postura indispensable pero tardía si no está respaldada por acciones concretas que atiendan el origen del conflicto: saber con precisión cómo, por qué y en qué condiciones se administra el dinero de la Universidad.

La credibilidad institucional no se recupera sólo con comunicados; se recupera con fiscalización efectiva, transparencia y respuestas a tiempo, antes de que la protesta toque la puerta, o derribe los accesos, del recinto legislativo.


Comparten periodistas
experiencias

Un grupo de periodistas sinaloenses, que fue invitado a una conferencia en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigida a estudiantes e invitados, urgió en su llamado a no normalizar la violencia de género en el medio ni en su entorno.

El conversatorio ‘Las mujeres en el periodismo: experiencias que inspiran’, realizado este jueves, y al que también acudió nuestra compañera y colega Belem Angulo Pérez, fue organizado por la directora de la unidad académica de la UAS, Patricia Castro López, y la titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jheny Judith Bernal Arellano, quien fungió como moderadora.

El grupo de mujeres reporteras compartió que la violencia no sólo se expresa en agresiones directas, sino también en prejuicios, comentarios y estereotipos que suelen normalizarse.

Explicaron que este trabajo implica un ejercicio emocional y profesional que deja huellas, aun cuando no sean visibles y que el contenido que circula en redes sociales también puede perpetuar agresiones e invitó a abandonar la complicidad ante publicaciones que disfrazan la humillación como humor.

También hablaron sobre los riesgos adicionales que enfrentan las mujeres que cubren hechos violentos, que se hacen cambios en rutinas, horarios y traslados como medidas de autoprotección.

Reconocieron haber sentido miedo en múltiples ocasiones, aunque eso no las ha detenido para seguir realizando su trabajo.

Para cerrar recordaron que la violencia contra las mujeres en Sinaloa no sólo se registra en cifras; también se vive en ausencias y denuncias.

Al final el llamado fue para que las aulas y redacciones se mantengan libres de este tipo de violencias.