En Noroeste, como todos los medios del estado, recibimos a diario una docena de boletines del denominado Grupo Interinstitucional, que es como se le llama al conjunto de corporaciones de seguridad federales y estatales que hacen frente a la emergencia violenta desde septiembre pasado.
En esos boletines se destacan siempre, aunque de manera bastante general, las detenciones de personas, el aseguramiento de armas, equipo táctico, explosivos, vehículos, drogas, dinero y un largo etcétera.
Gracias a esos boletines hemos ido construyendo una base de datos que nos deja saber que ya van casi mil 100 personas detenidas y 87 abatidas por las autoridades; además de centenas de armas, y miles de cartuchos y explosivos. Un verdadero ejército y un verdadero arsenal.
No queremos demeritar ese esfuerzo: menos delincuentes y menos armas en la calles son siempre una buena noticia. Lo aplaudimos y lo agradecemos.
Sin embargo, a pesar de todo ese despliegue interinstitucional y la numeraria del combate, mayo supera ya los 160 homicidios y a como va el promedio diario, podría cerrar en el orden de los 184 en total. Esa cifra lo convertiría en el mayo más violento de nuestra historia y esa, definitivamente, no es una buena noticia.
Por eso, aunque no les guste la sugerencia siquiera en el Tercer Piso y más allá, vale repensar si la estrategia que estamos aplicando, más allá de golpes espectaculares como el del “Güerito” Canobbio o la misma “Perris”, está siendo efectiva para volver a niveles de criminalidad que nos permitan salir a la calle sin miedo, retomar la vida nocturna y volver a tener una vida relativamente normal en Sinaloa.
Como habrá escuchado en las últimas semanas, en Sinaloa el Congreso del Estado difundió con bombo y platillo una reforma al Código Penal para según acabar con las prácticas de “halconeo”, lo que en la colonia conocemos como “punteros”, vaya.
Lo primero es recalcar que esa reforma en realidad solo añadió el término “perseguir” a las corporaciones de seguridad, como parte de las conductas penadas por la Ley, pero lo de acechar, vigilar o espiar tenía ahí escrito desde 2013, aunque luego en la práctica haga de cuenta que no existía.
Pues a partir de esa reforma, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado han dado a conocer dos detenciones de personas que perseguían a patrullas a bordo de motocicletas, mientras se comunicaban por radios portátiles. Vaya que comenzó una cacería de “halcones”.
Y precisamente eso resaltó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la doctora Tere Guerra, que hasta antes de esta reforma rimbombante prácticamente se omitió aplicar esta Ley, y los “punteros” rodaban con total impunidad.
Resulta muy cuestionable que las instituciones de seguridad no hayan aplicado esta Ley, que insistimos en que no es nueva, hasta que vino una ola de violencia histórica en Sinaloa, y que tarde o temprano provocará que la procuración e impartición de justicia sea más tardada por los casos que se han abierto en estos meses.
Como dijo ayer la Diputada Tere Guerra, las dos detenciones por “halconeo” que se han dado en estos días ya es mucho más de lo que se ha hecho en esta materia desde 2013 que existe la Ley, pero ¿por qué esperarse a que esté en la discusión pública y a que el problema sea más poderoso de lo que ha demostrado ser el Estado?
El tema de los “punteros” en Sinaloa no es nuevo, sólo recordemos que en febrero del 2024 el entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Leoncio Pedro García Alatorre, renegó cual doctor Chapatín con que había más “halcones” en las calles que elementos de seguridad, y que eso complica el despliegue de operativo.
Los reclamos del Subsecretario eran que, por mucho que hicieran los agentes en campo, siempre tenían a “punteros” siguiéndolos en sus recorridos. Hasta donde entendemos, eso puede interpretarse como “acechar, vigilar o espiar”, ya estaba normado en aquel entonces, y nunca se detuvo a alguien por esas conductas.
De nueva cuenta, colonos de Culiacán se manifiestan ante el arrebato por parte del Estado de áreas que les prometieron para la construcción de vivienda de interés social, un proyecto federal en el que el Gobierno de Sinaloa y los gobiernos municipales deben cumplir con conseguir los terrenos.
En esta ocasión fueron vecinos de Cumbres del Sur que señalaron que la zona donde ahora hay máquinas trabajando era para áreas verdes.
La manifestación de los colonos llevó a pausar la obra.
Acá la situación es grave, pues no es la primera manifestación e incluso el Ayuntamiento de Culiacán tuvo que dar marcha atrás a la donación de cuatro predios pues en efecto no eran zonas para construcción.
Mucho se ha señalado al Gobernador Rubén Rocha Moya en estos casos, pero la tarea de decidir qué terrenos ceder le toca al Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y no lo hemos visto salir a atender las manifestaciones.
El Alcalde, arquitecto de profesión, parece desconocer el marco regulatorio de la cesión de predios, lo que explicaría por qué en su administración se han tomado decisiones que después deben deshacerse en este tema.
Si no se ponen las pilas en el Ayuntamiento va a hacer quedar mal al Gobernador ante la Federación, y no se le ve intención de encargarse para hacer las cosas en orden.
En Noroeste, como todos los medios del estado, recibimos a diario una docena de boletines del denominado Grupo Interinstitucional, que es como se le llama al conjunto de corporaciones de seguridad federales y estatales que hacen frente a la emergencia violenta desde septiembre pasado.
En esos boletines se destacan siempre, aunque de manera bastante general, las detenciones de personas, el aseguramiento de armas, equipo táctico, explosivos, vehículos, drogas, dinero y un largo etcétera.
Gracias a esos boletines hemos ido construyendo una base de datos que nos deja saber que ya van casi mil 100 personas detenidas y 87 abatidas por las autoridades; además de centenas de armas, y miles de cartuchos y explosivos. Un verdadero ejército y un verdadero arsenal.
No queremos demeritar ese esfuerzo: menos delincuentes y menos armas en la calles son siempre una buena noticia. Lo aplaudimos y lo agradecemos.
Sin embargo, a pesar de todo ese despliegue interinstitucional y la numeraria del combate, mayo supera ya los 160 homicidios y a como va el promedio diario, podría cerrar en el orden de los 184 en total. Esa cifra lo convertiría en el mayo más violento de nuestra historia y esa, definitivamente, no es una buena noticia.
Por eso, aunque no les guste la sugerencia siquiera en el Tercer Piso y más allá, vale repensar si la estrategia que estamos aplicando, más allá de golpes espectaculares como el del “Güerito” Canobbio o la misma “Perris”, está siendo efectiva para volver a niveles de criminalidad que nos permitan salir a la calle sin miedo, retomar la vida nocturna y volver a tener una vida relativamente normal en Sinaloa.
Como habrá escuchado en las últimas semanas, en Sinaloa el Congreso del Estado difundió con bombo y platillo una reforma al Código Penal para según acabar con las prácticas de “halconeo”, lo que en la colonia conocemos como “punteros”, vaya.
Lo primero es recalcar que esa reforma en realidad solo añadió el término “perseguir” a las corporaciones de seguridad, como parte de las conductas penadas por la Ley, pero lo de acechar, vigilar o espiar tenía ahí escrito desde 2013, aunque luego en la práctica haga de cuenta que no existía.
Pues a partir de esa reforma, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado han dado a conocer dos detenciones de personas que perseguían a patrullas a bordo de motocicletas, mientras se comunicaban por radios portátiles. Vaya que comenzó una cacería de “halcones”.
Y precisamente eso resaltó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la doctora Tere Guerra, que hasta antes de esta reforma rimbombante prácticamente se omitió aplicar esta Ley, y los “punteros” rodaban con total impunidad.
Resulta muy cuestionable que las instituciones de seguridad no hayan aplicado esta Ley, que insistimos en que no es nueva, hasta que vino una ola de violencia histórica en Sinaloa, y que tarde o temprano provocará que la procuración e impartición de justicia sea más tardada por los casos que se han abierto en estos meses.
Como dijo ayer la Diputada Tere Guerra, las dos detenciones por “halconeo” que se han dado en estos días ya es mucho más de lo que se ha hecho en esta materia desde 2013 que existe la Ley, pero ¿por qué esperarse a que esté en la discusión pública y a que el problema sea más poderoso de lo que ha demostrado ser el Estado?
El tema de los “punteros” en Sinaloa no es nuevo, sólo recordemos que en febrero del 2024 el entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Leoncio Pedro García Alatorre, renegó cual doctor Chapatín con que había más “halcones” en las calles que elementos de seguridad, y que eso complica el despliegue de operativo.
Los reclamos del Subsecretario eran que, por mucho que hicieran los agentes en campo, siempre tenían a “punteros” siguiéndolos en sus recorridos. Hasta donde entendemos, eso puede interpretarse como “acechar, vigilar o espiar”, ya estaba normado en aquel entonces, y nunca se detuvo a alguien por esas conductas.
De nueva cuenta, colonos de Culiacán se manifiestan ante el arrebato por parte del Estado de áreas que les prometieron para la construcción de vivienda de interés social, un proyecto federal en el que el Gobierno de Sinaloa y los gobiernos municipales deben cumplir con conseguir los terrenos.
En esta ocasión fueron vecinos de Cumbres del Sur que señalaron que la zona donde ahora hay máquinas trabajando era para áreas verdes.
La manifestación de los colonos llevó a pausar la obra.
Acá la situación es grave, pues no es la primera manifestación e incluso el Ayuntamiento de Culiacán tuvo que dar marcha atrás a la donación de cuatro predios pues en efecto no eran zonas para construcción.
Mucho se ha señalado al Gobernador Rubén Rocha Moya en estos casos, pero la tarea de decidir qué terrenos ceder le toca al Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y no lo hemos visto salir a atender las manifestaciones.
El Alcalde, arquitecto de profesión, parece desconocer el marco regulatorio de la cesión de predios, lo que explicaría por qué en su administración se han tomado decisiones que después deben deshacerse en este tema.
Si no se ponen las pilas en el Ayuntamiento va a hacer quedar mal al Gobernador ante la Federación, y no se le ve intención de encargarse para hacer las cosas en orden.