Sin duda la manera más grave en que se han visto afectadas las juventudes de Sinaloa por estos meses de violencia extrema, han sido los 40 asesinatos de menores de edad en diferentes circunstancias, todas ellas muy lamentables.
Pero hay otras formas en que esta espiral de violencia alcanza a nuestras juventudes, y es con estos involucrados en actividades ilícitas, siendo detenidos, en el mejor de los casos, por las corporaciones de seguridad.
Ayer se dieron a conocer otros dos casos de chicos de 17 años de edad detenidos, quienes presuntamente formaban parte de una célula delictiva ligada a homicidios; y aunque ya no es menor de edad, como resultado también se reportó el arresto de uno de 18 años, que también forma parte de la juventud sinaloense.
No es cosa menor, vaya la expresión, ver que personas de tan temprana edad estén metidas en estos mundos tan turbios. No es que si son mayores ya deje de ser malo, pero agravia aún más saber que los sinaloenses recurren a actividades criminales como escaparate.
Sobre esto, la postura del Gobierno del Estado, en palabras del Secretario General, Feliciano Castro Meléndrez, es que el Estado despliega los programas de apoyos sociales para evitar que los sectores vulnerables, como la juventud, recaiga en estos mundos.
El funcionario mencionó que estos apoyos tienen como finalidad que la gente pueda acceder a la educación pública y no vean como única vía a la delincuencia.
Valdría la pena recordarle al Secretario que desde hace casi un año en Sinaloa, los jóvenes no pueden tomar clases de manera normal por culpa de la inseguridad.
Y continuando con el tema de los menores arrestados en estos meses de crisis, es irrisorio que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que desde la creación de la figura de vocera sirve para informar lo mismo que un tenedor para comer pizza, no lleve siquiera el registro de los hechos.
Realmente el sentir de la ciudadanía debe ser suficiente barómetro para medirle el agua a los camotes que se queman en la calle, pero nunca está de más que la autoridad lleve un seguimiento de los casos.
En materia de información, la SSPE se ha convertido más en una generadora de memes de mal gusto que en una fuente fiable para saber lo que ocurre en el estado, y eso es muy preocupante considerando que actualmente es la instancia de Gobierno de la que más claridad y eficacia se requiere.
Cada vez que la cosa se pone -más- difícil en Sinaloa en materia de seguridad, el Penal de Aguaruto se instala en medio de la crisis.
Basta recordar la fuga masiva de reos en medio de las acciones del Jueves Negro de 2019 como el mejor ejemplo de que las prisiones de Sinaloa, y de este país, están gobernadas por los internos y no por los custodios.
Pues hoy, cuando el día parecía relativamente tranquilo, poco antes del mediodía recibimos el reporte de una intensa balacera en el interior del Penal, el equipo de Noroeste llegó primero que nadie y de inmediato fue alertado por la Marina de quedarse a la distancia pues los balazos dentro de los módulos del Penal todavía se escuchaban.
Fue hasta las 12:25 del mediodía cuando la SSP reportó controlada la situación pero con el operativo aún en marcha y que, hasta la hora de cierre de esta edición, seguía en proceso.
Lo que sí pudimos confirmar con testimonios de familiares que estaban de visita es que la balacera fue entre los internos. Para variar la SSP fue parca como europea para informar sobre el asunto y fue hasta las 4:00 de la tarde, cuando ya la especulación sobre “decenas de muertos” empezaba a subir, que en Noroeste pudimos confirmar con la Secretaría General de Gobierno que no había evidencia de muertos ni heridos tras la confrontación, algo que sin duda es una buena noticia por increíble que parezca.
Ahora falta que nos digan cuántas armas decomisaron y cómo es que tras una decena de operativos recientes en el Penal, seguía habiendo armas de fuego de grueso calibre dentro del recinto.
La respuesta la conocemos todos y se llama corrupción, porque esconder un “cuerno de chivo” o una 38 super no es tan sencillito.
En un hecho muy desafortunado, inmediatamente después de que ocurrieron los hechos de inseguridad al interior de la Penitenciaría de Aguaruto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa publicó en sus redes sociales la convocatoria para pertenecer a la policía penitenciaria.
Es muy curioso cómo piensan estos funcionarios públicos, que evidentemente carecen de un sentido práctico y de prudencia.
Retomando la idea, mientras que en uno de los centros penitenciarios se escuchaban detonaciones y se desconocía si había muertos, el Gobierno de Sinaloa estaba convocando a gente para trabajar ahí.
Muy triste que los trabajadores policiales no tengan la garantía mínima de seguridad, por eso mismo el estado carece de agentes de seguridad ante los bajos salarios y el riesgo que conlleva.
Por cierto, el Gobernador Rubén Rocha Moya canceló su gira por El Tamarindo después de enterarse de lo suscitado en el Penal de Aguaruto.
El Penal de Aguaruto ha sido un espacio de impunidad, desde el que el crimen organizado opera sin restricciones y no existe poder policial. Un caldo de cultivo que afecta los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Sin duda la manera más grave en que se han visto afectadas las juventudes de Sinaloa por estos meses de violencia extrema, han sido los 40 asesinatos de menores de edad en diferentes circunstancias, todas ellas muy lamentables.
Pero hay otras formas en que esta espiral de violencia alcanza a nuestras juventudes, y es con estos involucrados en actividades ilícitas, siendo detenidos, en el mejor de los casos, por las corporaciones de seguridad.
Ayer se dieron a conocer otros dos casos de chicos de 17 años de edad detenidos, quienes presuntamente formaban parte de una célula delictiva ligada a homicidios; y aunque ya no es menor de edad, como resultado también se reportó el arresto de uno de 18 años, que también forma parte de la juventud sinaloense.
No es cosa menor, vaya la expresión, ver que personas de tan temprana edad estén metidas en estos mundos tan turbios. No es que si son mayores ya deje de ser malo, pero agravia aún más saber que los sinaloenses recurren a actividades criminales como escaparate.
Sobre esto, la postura del Gobierno del Estado, en palabras del Secretario General, Feliciano Castro Meléndrez, es que el Estado despliega los programas de apoyos sociales para evitar que los sectores vulnerables, como la juventud, recaiga en estos mundos.
El funcionario mencionó que estos apoyos tienen como finalidad que la gente pueda acceder a la educación pública y no vean como única vía a la delincuencia.
Valdría la pena recordarle al Secretario que desde hace casi un año en Sinaloa, los jóvenes no pueden tomar clases de manera normal por culpa de la inseguridad.
Y continuando con el tema de los menores arrestados en estos meses de crisis, es irrisorio que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que desde la creación de la figura de vocera sirve para informar lo mismo que un tenedor para comer pizza, no lleve siquiera el registro de los hechos.
Realmente el sentir de la ciudadanía debe ser suficiente barómetro para medirle el agua a los camotes que se queman en la calle, pero nunca está de más que la autoridad lleve un seguimiento de los casos.
En materia de información, la SSPE se ha convertido más en una generadora de memes de mal gusto que en una fuente fiable para saber lo que ocurre en el estado, y eso es muy preocupante considerando que actualmente es la instancia de Gobierno de la que más claridad y eficacia se requiere.
Cada vez que la cosa se pone -más- difícil en Sinaloa en materia de seguridad, el Penal de Aguaruto se instala en medio de la crisis.
Basta recordar la fuga masiva de reos en medio de las acciones del Jueves Negro de 2019 como el mejor ejemplo de que las prisiones de Sinaloa, y de este país, están gobernadas por los internos y no por los custodios.
Pues hoy, cuando el día parecía relativamente tranquilo, poco antes del mediodía recibimos el reporte de una intensa balacera en el interior del Penal, el equipo de Noroeste llegó primero que nadie y de inmediato fue alertado por la Marina de quedarse a la distancia pues los balazos dentro de los módulos del Penal todavía se escuchaban.
Fue hasta las 12:25 del mediodía cuando la SSP reportó controlada la situación pero con el operativo aún en marcha y que, hasta la hora de cierre de esta edición, seguía en proceso.
Lo que sí pudimos confirmar con testimonios de familiares que estaban de visita es que la balacera fue entre los internos. Para variar la SSP fue parca como europea para informar sobre el asunto y fue hasta las 4:00 de la tarde, cuando ya la especulación sobre “decenas de muertos” empezaba a subir, que en Noroeste pudimos confirmar con la Secretaría General de Gobierno que no había evidencia de muertos ni heridos tras la confrontación, algo que sin duda es una buena noticia por increíble que parezca.
Ahora falta que nos digan cuántas armas decomisaron y cómo es que tras una decena de operativos recientes en el Penal, seguía habiendo armas de fuego de grueso calibre dentro del recinto.
La respuesta la conocemos todos y se llama corrupción, porque esconder un “cuerno de chivo” o una 38 super no es tan sencillito.
En un hecho muy desafortunado, inmediatamente después de que ocurrieron los hechos de inseguridad al interior de la Penitenciaría de Aguaruto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa publicó en sus redes sociales la convocatoria para pertenecer a la policía penitenciaria.
Es muy curioso cómo piensan estos funcionarios públicos, que evidentemente carecen de un sentido práctico y de prudencia.
Retomando la idea, mientras que en uno de los centros penitenciarios se escuchaban detonaciones y se desconocía si había muertos, el Gobierno de Sinaloa estaba convocando a gente para trabajar ahí.
Muy triste que los trabajadores policiales no tengan la garantía mínima de seguridad, por eso mismo el estado carece de agentes de seguridad ante los bajos salarios y el riesgo que conlleva.
Por cierto, el Gobernador Rubén Rocha Moya canceló su gira por El Tamarindo después de enterarse de lo suscitado en el Penal de Aguaruto.
El Penal de Aguaruto ha sido un espacio de impunidad, desde el que el crimen organizado opera sin restricciones y no existe poder policial. Un caldo de cultivo que afecta los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.