En Sinaloa parece que también podemos medir la seguridad preguntando si algún Alcalde ha pedido cancelar el Grito. Si nadie lo ha hecho, seguimos con los preparativos. Así de sencillo.

La Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava dijo este jueves que ningún Alcalde le ha planteado que no haya condiciones para realizar los festejos del 15 de septiembre, pero de ahí a concluir que existen condiciones seguras hay un trecho bastante grande.

Porque nadie ha pedido suspenderlo, sí. ¿Y eso qué nos dice realmente? Que ningún Presidente Municipal ha llevado esa preocupación al Gobierno estatal. Nada más.

Tampoco se explicó con qué criterios se va a determinar que una plaza llena de familias es segura para una celebración masiva. La respuesta fue que hay coordinación, que cada corporación prepara su estrategia y que habrá refuerzos conforme se acerque la fecha. Todo muy en orden, hasta que uno pregunta qué tendría que pasar para que dejaran de estarlo.

La propia Gobernadora lo reconoció, aunque de pasada: si se considera que existe un riesgo, se tomarán otras decisiones. Entonces los planes siguen, pero están sujetos a que las condiciones no cambien. Y ahí está justamente lo que falta explicar es ¿qué consideran un riesgo suficiente para cambiar los planes?

Después de dos años de violencia, esa no parece una pregunta exagerada. Tampoco tendría que depender de que algún Alcalde levante la mano y diga que tiene miedo de organizar el festejo. Las autoridades son las que deberían tener una evaluación de las condiciones y explicar, al menos, bajo qué parámetros están tomando la decisión de mantener los eventos.

También dijo Graciela que hay que recuperar las calles y los espacios públicos. Claro que sí. Nadie quiere que la violencia termine decidiendo por todos dónde se puede estar y dónde no.

Pero recuperar la calle no es solamente volver a organizar una fiesta y esperar que la gente salga. También es que esa gente tenga razones para confiar en que puede hacerlo. Y eso no se resuelve diciendo que ningún Alcalde ha pedido cancelar.

El argumento es bastante curioso de que nadie ha dicho que no, así que seguimos adelante; si después aparece un riesgo, ya veremos. Para un estado que lleva dos años intentando vivir en medio de la violencia, quizá sería bueno saber un poco más de ese “ya veremos”.

Buenas las acciones en el Congreso del Estado, cuyos legisladores ayer aprobaron castigar con hasta 20 años de cárcel el reclutamiento de menores para el crimen organizado,

Según los datos de nuestros reporteros, las penas aumentarán cuando el responsable sea un familiar de la víctima o un servidor público.

Las acciones, por primera vez en mucho tiempo, tenemos que reconocer porque es al final lo que nuestros legisladores deben hacer cuando enfrentamos una crisis del tamaño de la que atravesamos: tomar decisiones y llevar acciones que nos ayuden a que los que pasamos no se repita o que por lo menos los involucrados sepan que habrá castigos severos con respecto a los que había o que no existían antes.

Estas acciones han lastimado severamente a nuestra juventud en el contexto de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que estalló hace dos años, sobre todo porque hay evidencia que este reclutamiento incluye niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en actividades delictivas, incluso, homicidios y tráfico de drogas.

Con la decisión del Congreso, estas acciones de reclutamiento ya serán consideradas un delito en Sinaloa, luego de que se aprobaran por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De hoy en adelante, el sabandija que se lleve menores a delinquir con el crimen organizado, podrán recibir de 10 a 20 años de prisión y multas de 800 a mil 600 días, además de las sanciones que correspondan por otros delitos que hayan cometido.

Estos cambios aprobados derivan de cuatro iniciativas presentadas por separado por los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional, así como por la Diputada morenista Arely Berenice Ruiz López.

El bonus de esta decisión es que las penas podrán aumentar hasta en una mitad más cuando el responsable sea un familiar de la víctima, tenga bajo su custodia, guarda o educación al menor, utilice violencia física o psicológica, abuse de su poder o se aproveche de una situación de vulnerabilidad.

¿Cómo la ve? Estas cosas, insistimos, son las que necesitamos en medio de una crisis como esta, por lo que esta vez podemos enviar una estrellita de Buen Trabajo a los legisladores responsables.

Así mero, por Sinaloa, no debe haber colores, sólo un beneficio o algo que ayude a inhibir.

Si algo queda claro en el diagnóstico de seguridad del Consejo Estatal de Seguridad Pública es que en Sinaloa las armas de fuego no son precisamente una rareza.

Durante 2025 fueron aseguradas 2 mil 997 armas, un incremento de 107 por ciento respecto a las mil 448 decomisadas un año antes.

Dos mil 997 armas que, en algún momento, estuvieron en circulación ilegal y terminaron en manos de las corporaciones de seguridad.

Pero el dato que debería preocupar todavía más no es solamente cuántas armas se aseguraron, sino para qué se están utilizando.

El propio diagnóstico señala que 87.82 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en Sinaloa durante 2025 fueron perpetrados con arma de fuego. A nivel nacional, la proporción fue de 75.03 por ciento.

En los feminicidios la diferencia resulta todavía más escandalosa: 78.26 por ciento fueron cometidos con arma de fuego en Sinaloa, frente a 27.10 por ciento en el País.

Y hasta en las lesiones dolosas el estado supera el promedio nacional: 10.40 por ciento contra 5.02 por ciento.

Es decir, no solamente se están asegurando más armas. Las armas están presentes de manera abrumadora en la violencia que padecen los sinaloenses.

Y hay otro dato que también merece atención: de las 2 mil 997 armas aseguradas, 2 mil 964 fueron decomisadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, equivalente al 98.89 por ciento.

El diagnóstico del CESP coloca precisamente la disponibilidad y circulación ilícita de armas de fuego como uno de los desafíos prioritarios para las instituciones de seguridad.

Y cómo no.

Porque mientras se habla de operativos, estrategias, mesas de seguridad y coordinación entre corporaciones, el mercado ilegal de armas sigue alimentando la violencia.

El problema no termina cuando un arma es asegurada. La pregunta incómoda es cuántas más siguen circulando.

Cuántas están guardadas en domicilios.

Cuántas llegan a manos de grupos criminales.

Cuántas cruzan las fronteras sin ser detectadas.

Y, sobre todo, cuántas terminan apuntando contra una víctima antes de que alguna autoridad consiga retirarlas de las calles.

El incremento de 107 por ciento en los aseguramientos puede presentarse como un resultado operativo. Y, ciertamente, cada arma que deja de estar en circulación puede evitar una tragedia.

Pero también puede leerse de otra manera: si hubo que asegurar el doble de armas, algo está fallando antes de que esas armas lleguen a las calles.

El diagnóstico reúne más de 5 mil datos sobre seguridad y justicia. Entre todos ellos hay uno que debería quedarse sobre la mesa de quienes toman decisiones: Sinaloa no sólo tiene un problema de violencia armada.

Tiene un problema de armas disponibles para ejercer esa violencia.

Y mientras los homicidios sigan dependiendo en buena medida de ellas, decomisar las que ya fueron encontradas será apenas una parte de la solución.

La otra, mucho más difícil, es impedir que sigan llegando.

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