Malecón

Balas en el puerto

Los hechos violentos que han dejado una estela que retumba en todo Mazatlán ayer subieron un nuevo escalón. El ataque a balazos perpetrado contra el director de Protección Civil municipal, Óscar Osuna, no es solo un hecho delictivo más en la contabilidad de la violencia que azota a la región; representa el cruzamiento de una línea institucional alarmante.

Protección Civil es, por definición y naturaleza, la cara civil del resguardo. Es la corporación que acude a apoyar cuando el mar se traga a un bañista, cuando un huracán amenaza la costa o cuando un incendio consume el patrimonio de una familia, vaya, hasta cuando sale un cocodrilo al que hay que atrapar. Que las balas hayan alcanzado a la figura encargada de coordinar la gestión de emergencias y la seguridad comunitaria envía un mensaje escalofriante: en el Mazatlán de hoy, ni las instituciones dedicadas al auxilio y la prevención están a salvo.

Este atentado deja al descubierto puntos críticos sobre el estado actual del puerto, primero que nada la vulnerabilidad de los mandos locales, porque si la delincuencia ataca a plena luz del día a un funcionario con perfil público de rescate, la percepción de desprotección para el ciudadano de a pie se multiplica de inmediato.

Además, la normalización del uso de armas de fuego para resolver rencillas o enviar mensajes de poder sigue erosionando la vida pública de Sinaloa.

El reto para las autoridades es mayúsculo. De hecho ayer la propia Alcaldesa interina, Minerva Osuna, se dijo sorprendida por el atentado y que la misma sorpresa causó en los integrantes de la Mesa Regional de Seguridad que estaban reunidos en la Cuarta Región Naval, lugar a donde precisamente se dirigía el director de Protección Civil cuando fue atacado.

En una ciudad que vive del turismo, de su vida marina, de su gastronomía y de la certeza de que es un espacio habitable, Mazatlán sufre de manera especial y sensible los estragos de la ola violenta desde hace semanas.

El punto es que cuando las detonaciones acallan hasta la labor de los cuerpos de protección civil, la fachada de tranquilidad del puerto sufre una grieta difícil de ocultar... algo que ni la presencia ingente de militares y policías patrullando por todos los rincones del puerto logra frenar.

Las deslealtades de la política

Sergio “El Pío” Esquer, dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y la Diputada local del mismo partido, Elizabeth Montoya Ojeda, están dejando ver que la política importa más que la humanidad.

Desde el 28 de enero que Sergio Torres Félix fue baleado, junto con Eli Montoya, el Congreso del Estado no llamó al suplente del Diputado coordinador de la bancada emecista. En una clase de código no escrito, las y los legisladores respetaron su lugar para que la familia pueda sustentar sus gastos, más que se desconocen las condiciones en las que quedó Torres Félix luego de los impactos de bala que recibió en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cabeza.

No es la primera vez que ocurre. En la 64 Legislatura, el Diputado Martín Vega permaneció como activo, a pesar de no presentarse a las sesiones a causa de un severo problema de salud que lo llevó al quirófano en varias ocasiones. Sus compañeros diputados decidieron no llamar a su suplente, para que él pudiera conservar el seguro médico y seguir atendiéndose.

Y existen otros casos en legislaturas aún más añejas, pero en este caso es la propia bancada la que no está pidiendo, sino exigiendo que sea llamado el suplente de Torres Félix sólo porque les representa un voto, en un Grupo Parlamentario de dos personas, cuyo voto no haría ninguna diferencia porque Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada, no lo necesitan para aprobar reformas, y que a la Oposición le resulta insuficiente para frenarlas.

Pero más allá del cálculo político más básico, “El Pío” y Eli debería considerar la película completa. Aún más Montoya Ojeda, ya que su carrera política apenas en ciernes, dependía y existía únicamente por Sergio Torres.

Entendemos que la política importa pero se ve muy mal que sea la familia de Torres la que sale a defender la posición, lo que evidencia que no han tenido un diálogo fructífero con el liderazgo actual de MC.

Sinaloa no puede acostumbrarse a contar mujeres asesinadas

Hay un dato que debería incomodar mucho más de lo que lo está haciendo. Entre enero y julio, Sinaloa sumó 54 víctimas de feminicidio y terminó por encima de cualquier otro estado del país. También tuvo la tasa más alta con 3.33 por cada 100 mil mujeres.

Y agosto tampoco dio tregua. Durante el mes volvieron a aparecer, casi de manera cotidiana, asesinatos de mujeres en distintos municipios. Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, Navolato. Cambian los lugares y las circunstancias, pero el resultado termina siendo el mismo: otra mujer asesinada.

El problema es que estamos empezando a leer estos casos como parte del paisaje. Aparece la noticia, se informa que hubo una mujer asesinada, se habla de una investigación y enseguida llega el siguiente hecho. La atención pública se mueve rápido. Demasiado rápido, quizá.

En medio de todo esto, las autoridades siguen hablando de seguridad, operativos y pacificación. Pero resulta difícil hablar de avances cuando las mujeres siguen apareciendo entre las víctimas de una violencia que no da señales de detenerse. Y no se trata solamente de números: cada caso deja una familia esperando respuestas.

Agosto también ha dejado el ataque contra Alma Rosa Rojo, integrante de un colectivo de búsqueda, quien fue agredida a balazos junto con su hija en Culiacán. Ella sobrevivió. El caso se investiga como feminicidio en grado de tentativa.

Detrás de las 54 víctimas hay nombres, familias y vidas que no caben en una tabla del SESNSP. Y mientras sigamos contando esos números sin preguntarnos qué está pasando para que no dejen de crecer, el problema no va a desaparecer.

Lo que le falta al CESP y Graciela tiene

En medio de una crisis de violencia que Sinaloa arrastra desde hace casi dos años, resulta difícil entender por qué el Consejo Estatal de Seguridad Pública no está sesionando con la regularidad que establece la ley.

Y más difícil todavía que sea el propio CESP el que tenga que pedirle a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava que lo convoque.

El organismo hizo lo correcto: levantó la voz y recordó que la seguridad no puede construirse únicamente desde las oficinas de Gobierno. El CESP representa una mirada ciudadana y técnica que puede aportar análisis, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad.

La ley establece que debe reunirse, por lo menos, cada seis meses. Así que la Gobernadora no tendría que necesitar un oficio para recordárselo.

Si el Gobierno presume que quiere fortalecer la seguridad, que empiece por escuchar a quienes tienen la obligación de evaluarla desde la sociedad.Que convoquen al CESP. Que sesione. Y que sus recomendaciones sean tomadas en serio.

¡FOUL!... El Gobierno federal anunció que someterá el proyecto de GPO a revisión técnica para proteger la Bahía de Ohuira... ¡diez años después!