La semana pasada concluyó con 53 muertes dolosas entre asesinatos y hallazgos en fosas, lo que la convirtió en la segunda más violenta desde que la guerra entre los Guzmán y los Zambada comenzó en Sinaloa.

Pero como si esto no fuera suficiente, ayer lunes arrancamos con hechos violentos de alto impacto en Culiacán y Navolato, desde homicidios en plena Campiña, hasta el hallazgo de un cuerpo en El Diez y luego enfrentamientos al sur de Culiacán, La Palma en Navolato y Jotagua, en la sindicatura de Imala.

Y la verdad es que por más que las autoridades digan que la violencia se ha “contenido” y que la sociedad estemos empezando a normalizarla, lo cierto es que las cifras indican que vamos otra vez a la alza en homicidios y robos de vehículos.

Y que también esas otras violencias como los bloqueos, el reporte de convoyes de carros “monstruos” y las balaceras entre civiles, están de regreso como en septiembre y octubre pasados, cuando la guerra comenzó.

Para decirlo coloquialmente, la verdad es que no se ve por dónde esta guerra pueda empezar a terminar. Sí, a eso aspiramos ahora, a generar una inflexión que nos diga que la cosa comienza a descender, más allá de cuándo termine. Porque queda claro que no será pronto.

Desde que la guerra comenzó, en Noroeste hemos contabilizado 82 personas abatidas en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y civiles. Prácticamente todas esas personas que cayeron bajo el fuego militar lo hicieron en entornos rurales y no urbanos, lo que nos hace pensar que los elementos tienen la instrucción de responder con mayor nivel de fuego solo cuando los enfrentamientos ocurren en zonas alejadas y de baja densidad poblacional.

Señalamos esto porque en las últimas dos semanas hemos notado un claro cambio de tono. Estamos viendo cada vez más detenidos que se presentan heridos y más balazos por parte de las autoridades castrenses, lo que nos hace pensar que o se acabó la paciencia o hay una instrucción muy clara de dar un manazo en la mesa.

Los enfrentamientos recientes en Culiacán, Badiraguato, Navolato, Sinaloa municipio y Elota, dan cuenta de mucho mayor intercambio de fuego entre criminales y militares y eso, aunque suene a contrasentido, normalmente no sale bien y redunda en masacres, violaciones a derechos humanos y muertes de inocentes, como es el caso de Leidy y Alexa.

Tampoco queremos decir que las Fuerzas Armadas no respondan a las agresiones o se dejen vencer, pero sólo enfatizamos lo delicado del asunto y la importancia de que las acciones y operativos se emprendan con la mayor inteligencia y prudencia posibles.

Culiacán vive una realidad que duele y preocupa: más de 800 comerciantes han reportado el robo de sus vehículos.

Ante esta situación, no han tenido más opción que recurrir a taxis, autos rentados o vehículos más pequeños, lo que ha encarecido aún más su operación diaria.

En este contexto, resulta incomprensible, y hasta ofensivo, que el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, reaparezca en actos públicos para entregar calles pavimentadas sin emitir una sola palabra sobre los hechos violentos registrados este mismo día en distintos puntos del sur de la ciudad: un vendedor de cocos asesinado, personas baleadas y esposadas, un cuerpo hallado flotando en un canal de riego, y enfrentamientos armados entre grupos criminales y el Ejército.

Es imposible no notar el contraste. Por un lado, un sector que debe modificar su modo de trabajo para no ser despojados; por el otro, autoridades que, en lugar de asumir su responsabilidad frente a una crisis de seguridad evidente, se enfocan en entregar obras como si el asfalto fuera suficiente para tranquilizar a una población asediada.

Las calles nuevas pueden mejorar el tránsito, sí, pero no garantizan que quienes las usan lleguen a su destino.

Culiacán no necesita más discursos optimistas ni actos simbólicos. Necesita un gobierno que escuche, actúe y proteja. Que entienda que la prioridad no es el corte de listón, sino la vida de quienes todos los días, pese al miedo, siguen saliendo a trabajar.

En la conferencia de prensa La Semanera del Gobierno de Sinaloa, la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, defendió que en el estado hay libre tránsito y que no hay poblados aislados por el crimen organizado.

La ahora experta en seguridad nacional dijo que de existir bloqueos en comunidades o interferencia de civiles armados en el tránsito, las personas no acudirían a los espacios donde la Sebides los convoca a entregarles apoyos.

Esta información, de que acuden todos a recibir apoyos, en realidad no puede ser comprobada, pues desde que inició la crisis de seguridad María Inés Pérez hace eventos en lo oscuro y no hay una constancia de que estos se desarrollen con normalidad y sin interferencia del crimen organizado.

Su equipo acude a las zonas silenciadas sin admitir compañía de medios de comunicación, por lo que pueden decir misa ya que no hay nadie que pueda refutar su retórica institucional.

También debe considerar María Inés Pérez que asumir que porque ella no se ha enterado de casos de cierre de vialidades, no quiere decir que no existan situaciones anormales. Por más que se quiera asumir como activista y conocedora de todo el territorio estatal, es una funcionaria más que no cuenta con un trabajo brillante y se ha preocupado más por figurar que por ensuciarse los zapatos.