El Congreso de Sinaloa decidió despedir el año como suele hacerlo cuando los temas son incómodos: con prisa, sin avisar y cerrando la puerta antes de que alguien alcance a tocar. En una sesión adelantada y exprés, la mayoría legislativa extinguió a la CEAIP, el órgano encargado de vigilar que el poder no se esconda de los ciudadanos.

Paradójico: se elimina al garante de la transparencia bajo un procedimiento opaco.

No fue un error de agenda ni una coincidencia de calendario. El movimiento tuvo cálculo político. Adelantar la sesión significó evitar el encuentro con organizaciones civiles, académicos y especialistas que ya estaban en camino para participar. No se les negó la palabra en tribuna; se les negó la posibilidad misma de llegar a tiempo.

La reforma se cocinó y se sirvió antes de que el comensal incómodo se sentara a la mesa.

El argumento oficial es optimizar recursos y alinearse con la Constitución federal, suena bien en papel, pero hace ruido en la realidad.

Trasladar las funciones de acceso a la información a los órganos de control interno del Ejecutivo equivale a pedirle al vigilado que se vigile solo.

Es como entregar las llaves del archivo a quien decide qué se archiva y qué se pierde.

La votación dejó claro que no fue un consenso, sino una imposición numérica.

Treinta manos levantadas bastaron para desmontar un contrapeso institucional construido durante años. Nueve votos en contra quedaron como testimonio de que no todos estuvieron dispuestos a firmar el acta de defunción sin preguntas.

El mensaje es preocupante: la transparencia deja de ser un derecho garantizado por un árbitro autónomo y pasa a convertirse en una concesión administrativa.

Hoy se promete respeto a derechos laborales y transferencia ordenada de recursos; mañana habrá que ver quién responde cuando una solicitud de información incomode al poder en turno.

El tema no es solo la eliminación de un organismo. Es la normalización de legislar sin escuchar, de acelerar reformas para evitar el debate y de confundir eficiencia con silencio. Y mientras se celebra el “ahorro”, queda flotando una pregunta incómoda: ¿cuánto le va a costar a la ciudadanía perder a quien preguntaba lo que nadie más se atrevía a preguntar?

Porque cuando la transparencia se decide en fast track, lo que realmente se extingue no es una comisión, sino la confianza.

Lo único que puede hacer el Gobernador Rubén Rocha Moya para recuperar la confianza en materia de transparencia es ajustar en su Secretaría de Transparencia, presidida por María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien tuvo que restituir viáticos y tiene una investigación en curso, lo que hace insostenible su perfil en esa dependencia.

Hay datos que no necesitan muchas vueltas y este es uno de ellos: en Sinaloa, en 2025, a las mujeres las están matando principalmente con armas de fuego.

No es un matiz técnico ni un detalle estadístico, es una señal de que la violencia escaló y se volvió más directa, más brutal. Pasar de 10 casos en 2023 a 78 este año no es normal, pero tampoco parece estar generando la reacción que uno esperaría.

No es que la violencia de género haya cambiado, es que ahora convive, y se mezcla, con una dinámica armada que no distingue víctimas ni contextos.

Mientras tanto, las autoridades hacen lo que mejor saben hacer: contar. Se desglosan cifras, se comparan años, se marcan picos mensuales y municipios más violentos, pero poco se dice de por qué hay tantas armas circulando o por qué las estrategias para proteger a las mujeres claramente no están funcionando.

Que Culiacán encabece la lista ya casi no sorprende, y ese es parte del problema.

Lo más inquietante es esa sensación de rutina. Septiembre, octubre, noviembre con números altos y la vida sigue. Cuando matar mujeres a balazos deja de ser un escándalo y se convierte en un dato más del corte mensual, algo está profundamente mal. No solo con la violencia, sino con la manera en que se administra, se normaliza y se deja pasar.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ese que dizque “coordina la prevención” y trae desde hace meses el mismo discurso sobre la seguridad en el puerto cada vez que se le entrevista, hace días pidió a todos los mazatlecos que no se les ocurra cerrar las calles para hacer posadas, casi casi que solo festejen dentro de sus casas.

Pero lo que le faltó a Barrón Valdez es hacer un llamado a la ciudadanía a que denuncien a las patrullas recaudadoras, esas que llegan a las fiestas cuando más ambiente y unión vecinal y familiar hay, y con las torretas encendidas y activando los códigos echan a perder la posada.

Y es que lo primero que hacen no es pedir si tienen permiso para la fiesta, no, ellos llegan (sin bajarse de la patrulla) y amenazan con parar la fiesta, y con atribuciones de Oficialía Mayor argumentan que están muy altos los decibeles y que otros vecinos están reportando.

Ah, pero si los organizadores de la fiesta o posada no se acercan a la patrulla a dialogar con ellos, pues siguen accionando sus códigos y hasta se molestan.

Lo único que les interesa no son los decibeles, porque ni aparato para medir llevan, menos les importa si hay o no permiso, solo quieren su “mochada navideña”.

Si los fines de semana comunes aparecen estos policías recaudadores, no se digan ahora en las fiestas navideñas.

Así que Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán,Jaime Othoniel Barrón Valdez, ahí tiene un gran “foco rojo” y si de verdad sus funciones es prevenir, pues prevenga estos abusos policiacos.

El Congreso de Sinaloa decidió despedir el año como suele hacerlo cuando los temas son incómodos: con prisa, sin avisar y cerrando la puerta antes de que alguien alcance a tocar. En una sesión adelantada y exprés, la mayoría legislativa extinguió a la CEAIP, el órgano encargado de vigilar que el poder no se esconda de los ciudadanos.

Paradójico: se elimina al garante de la transparencia bajo un procedimiento opaco.

No fue un error de agenda ni una coincidencia de calendario. El movimiento tuvo cálculo político. Adelantar la sesión significó evitar el encuentro con organizaciones civiles, académicos y especialistas que ya estaban en camino para participar. No se les negó la palabra en tribuna; se les negó la posibilidad misma de llegar a tiempo.

La reforma se cocinó y se sirvió antes de que el comensal incómodo se sentara a la mesa.

El argumento oficial es optimizar recursos y alinearse con la Constitución federal, suena bien en papel, pero hace ruido en la realidad.

Trasladar las funciones de acceso a la información a los órganos de control interno del Ejecutivo equivale a pedirle al vigilado que se vigile solo.

Es como entregar las llaves del archivo a quien decide qué se archiva y qué se pierde.

La votación dejó claro que no fue un consenso, sino una imposición numérica.

Treinta manos levantadas bastaron para desmontar un contrapeso institucional construido durante años. Nueve votos en contra quedaron como testimonio de que no todos estuvieron dispuestos a firmar el acta de defunción sin preguntas.

El mensaje es preocupante: la transparencia deja de ser un derecho garantizado por un árbitro autónomo y pasa a convertirse en una concesión administrativa.

Hoy se promete respeto a derechos laborales y transferencia ordenada de recursos; mañana habrá que ver quién responde cuando una solicitud de información incomode al poder en turno.

El tema no es solo la eliminación de un organismo. Es la normalización de legislar sin escuchar, de acelerar reformas para evitar el debate y de confundir eficiencia con silencio. Y mientras se celebra el “ahorro”, queda flotando una pregunta incómoda: ¿cuánto le va a costar a la ciudadanía perder a quien preguntaba lo que nadie más se atrevía a preguntar?

Porque cuando la transparencia se decide en fast track, lo que realmente se extingue no es una comisión, sino la confianza.

Lo único que puede hacer el Gobernador Rubén Rocha Moya para recuperar la confianza en materia de transparencia es ajustar en su Secretaría de Transparencia, presidida por María Guadalupe Ramírez Zepeda, quien tuvo que restituir viáticos y tiene una investigación en curso, lo que hace insostenible su perfil en esa dependencia.

Hay datos que no necesitan muchas vueltas y este es uno de ellos: en Sinaloa, en 2025, a las mujeres las están matando principalmente con armas de fuego.

No es un matiz técnico ni un detalle estadístico, es una señal de que la violencia escaló y se volvió más directa, más brutal. Pasar de 10 casos en 2023 a 78 este año no es normal, pero tampoco parece estar generando la reacción que uno esperaría.

No es que la violencia de género haya cambiado, es que ahora convive, y se mezcla, con una dinámica armada que no distingue víctimas ni contextos.

Mientras tanto, las autoridades hacen lo que mejor saben hacer: contar. Se desglosan cifras, se comparan años, se marcan picos mensuales y municipios más violentos, pero poco se dice de por qué hay tantas armas circulando o por qué las estrategias para proteger a las mujeres claramente no están funcionando.

Que Culiacán encabece la lista ya casi no sorprende, y ese es parte del problema.

Lo más inquietante es esa sensación de rutina. Septiembre, octubre, noviembre con números altos y la vida sigue. Cuando matar mujeres a balazos deja de ser un escándalo y se convierte en un dato más del corte mensual, algo está profundamente mal. No solo con la violencia, sino con la manera en que se administra, se normaliza y se deja pasar.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, ese que dizque “coordina la prevención” y trae desde hace meses el mismo discurso sobre la seguridad en el puerto cada vez que se le entrevista, hace días pidió a todos los mazatlecos que no se les ocurra cerrar las calles para hacer posadas, casi casi que solo festejen dentro de sus casas.

Pero lo que le faltó a Barrón Valdez es hacer un llamado a la ciudadanía a que denuncien a las patrullas recaudadoras, esas que llegan a las fiestas cuando más ambiente y unión vecinal y familiar hay, y con las torretas encendidas y activando los códigos echan a perder la posada.

Y es que lo primero que hacen no es pedir si tienen permiso para la fiesta, no, ellos llegan (sin bajarse de la patrulla) y amenazan con parar la fiesta, y con atribuciones de Oficialía Mayor argumentan que están muy altos los decibeles y que otros vecinos están reportando.

Ah, pero si los organizadores de la fiesta o posada no se acercan a la patrulla a dialogar con ellos, pues siguen accionando sus códigos y hasta se molestan.

Lo único que les interesa no son los decibeles, porque ni aparato para medir llevan, menos les importa si hay o no permiso, solo quieren su “mochada navideña”.

Si los fines de semana comunes aparecen estos policías recaudadores, no se digan ahora en las fiestas navideñas.

Así que Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán,Jaime Othoniel Barrón Valdez, ahí tiene un gran “foco rojo” y si de verdad sus funciones es prevenir, pues prevenga estos abusos policiacos.