La seguridad pública en Sinaloa parece haberse convertido en una silla incómoda: nadie logra permanecer demasiado tiempo en ella.
En menos de cinco años, la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya acumulará cuatro titulares al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. La cifra no es menor. Tampoco es casual.
La constante rotación en un área tan sensible revela más que simples cambios administrativos: habla de una estrategia que no termina de cuajar o de una realidad que rebasa cualquier intento institucional por contenerla.
El arranque del sexenio estuvo marcado por la continuidad. Cristóbal Castañeda Camarillo transitó sin problema de un gobierno priista, el de Quirino Ordaz Coppel, a uno morenista. Su permanencia hasta agosto de 2023 parecía ofrecer estabilidad en medio de una entidad acostumbrada a los sobresaltos. Pero la estabilidad fue más aparente que real.
Bajo su gestión se vivieron episodios que marcaron la memoria colectiva, como el Culiacanazo y la posterior captura de Ovidio Guzmán López en 2023. Hechos que, más allá de los resultados, exhibieron la complejidad de operar la seguridad en un territorio donde el crimen organizado no sólo existe, sino que disputa control.
Después vino la interinidad, breve pero sintomática, con Yeraldine Bonilla Valverde, y luego el relevo formal con Gerardo Mérida Sánchez. Su paso dejó declaraciones que retratan la crudeza del panorama: Sinaloa como ruta, como punto de entrada y salida, como engranaje de una cadena mayor. Nada nuevo, pero sí cada vez más evidente.
A Mérida le tocó un periodo particularmente convulso: la captura de Ismael Zambada García, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y una crisis de seguridad que escaló en 2024. Demasiados frentes abiertos para una sola cabeza.
La apuesta posterior fue clara: militarizar aún más el mando. La llegada de Óscar Rentería Schazarino, impulsado desde la Secretaría de la Defensa Nacional encabezada por Ricardo Trevilla Trejo, marcó un giro. Incluso su toma de protesta, en zona militar y no en Palacio de Gobierno, envió un mensaje que no pasó desapercibido.
Sin embargo, ni el perfil castrense logró contener las cifras. Más de 2 mil homicidios en poco más de un año no son sólo un dato: son un síntoma. Y también un recordatorio de que cambiar nombres no necesariamente cambia resultados.
Ahora, con la llegada de Sinuhé Téllez López, el Gobierno estatal vuelve a mover piezas en un tablero que parece resistirse a cualquier reconfiguración.
Cuatro titulares en menos de cinco años no sólo evidencian rotación. Evidencian desgaste, urgencia y, sobre todo, la ausencia de una política de seguridad que logre sostenerse en el tiempo.
Porque en Sinaloa el problema no es quién se sienta en la silla, sino cuánto dura... y qué tanto puede hacer antes de que la realidad lo rebase.
Mucho se dice en los discursos oficiales sobre la reactivación y el movimiento en las calles, pero a la hora de abrir la caja registradora, la realidad le da un bofetón al optimismo.
El sector comercial de Culiacán, específicamente el micro y pequeño, reporta que este primer trimestre de 2026 ha sido, para decirlo pronto, un desastre financiero.
Con un 30 por ciento menos de ventas en comparación con el ya complicado 2025, queda claro que la gente anda en la calle, pero no trae dinero o, de plano, no lo quiere soltar en los negocios locales.
Lo que pasa en el Centro ya no es sólo cuestión de economía, es un síntoma de abandono.
Entre la inseguridad que no da tregua y el cierre masivo de negocios, el primer cuadro de la ciudad está perdiendo su alma y, lo más importante, sus clientes.
Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes en Culiacán, dice que al ver tantas cortinas cerradas, el ciudadano prefiere quedarse en su sector y no arriesgarse a un centro que parece zona de guerra o pueblo fantasma.
La situación representa menos ofertas, menos atractivo y menos consumo, un círculo vicioso que nadie parece saber cómo romper.
A los comerciantes les llueve sobre mojado y tienen que lidiar con el incremento al salario mínimo y el alza en contribuciones estatales y municipales, todo mientras sus ingresos van en picada.
Ahora, la única esperanza que les queda es que la gente, cansada del encierro, decida gastar lo poquito que tiene antes de huir a los centros recreativos en Semana Santa.
Es preocupante que la supervivencia de un sector dependa de que el ciudadano quiera escapar de su propia realidad.
El llamado de auxilio es desesperado para que se compre el producto local, y el pequeño comerciante está haciendo malabares para mantener empleos y pagar deudas, mientras las grandes corporaciones y las tiendas de origen asiático se quedan con la mayoría de las ventas.
Si el culiacanense no reacciona y apoya el producto local, el que vende la ropa o la comida en el centro, el tambaleo del sector terminará en una caída de la que muchos no se van a levantar, ya que consumir local no es sólo una compra, en este 2026, es una medida de supervivencia básica.
Tanto usted como nosotros, ya sabemos lo que enoja que nos apliquen alguna multa o que nos muevan un tantito las tarifas que habitualmente nos llegan a tarifas muy lejanas de lo habitual.
Y nos molesta en demasía porque uno se siente robado, castigado o muy irresponsable.
Por eso la noticia ocurrida en Villa Juárez nos pica directamente al botón de prender la empatía: “Le llegaron casi 4 mil pesos en el recibo de luz; denuncian cobros abusivos de la CFE en Villa Juárez”.
Y es que un usuario de Villa Juárez denunció el cobro de 3 mil 964 pesos de energía eléctrica, en sólo un mes de facturación por parte de la Comisión Federal de Electricidad; ahora se tendrá que enfrentar a ese laberinto de serpientes y caballeros para salir por lo menos tablas.
¿A poco no? Si ya te la you know, pa qué te la you play? ¡Mucha suerte!
¡FOUL! Dice la FGR que no podrá investigar las nóminas y pagos del CJNG hallados en la cabaña de “El Mencho” porque la escena del crimen se contaminó...¡pero le tocaba a ella resguardarla!