Al final de cuentas, Morena sí logró su cometido al conseguir este jueves en sesión ordinaria del Congreso del Estado, que se aprobara aplazar hasta 2028 la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Obvio que para llegar al acuerdo hubo una discusión de distintas fuerzas políticas, quienes expusieron argumentos tanto a favor como en contra de la propuesta.

Sobre todo, el que más peleó férreamente la decisión, desde antes a nivel nacional y este jueves en Sinaloa, fue Movimiento Ciudadano, aquí con la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda.

Una de los principales reclamos fue que el proceso electoral judicial pasado, realizado en 2025, evidenció muchas deficiencias en su implementación, como operativas, altos costos, baja participación y problemas para evaluar las candidaturas.

Otro que se unió a las críticas fue el Diputado Jorge González Flores, del PAN, quien señaló que posponer la elección demuestra que el modelo para designar a integrantes del Poder Judicial mediante el voto ciudadano fue un fracaso.

Y aunque la Diputada Juana Minerva Vázquez González, de Morena, habló a favor de la reforma, diciendo que este tiempo que se tomará permitirá “corregir las áreas de oportunidad detectadas durante la elección de 2025” y “perfeccionar el mecanismo para garantizar un proceso más sólido”.

Sin embargo, hay un motivo que la corriente a nivel nacional ha señalado que este retraso acordado, hace que Morena pueda perpetuar todavía más sus tentáculos, dentro del Poder Judicial de cada uno de los estados.

La aprobación fue por mayoría de 30 votos y 6 en contra.

Cuando la realidad aprieta, los discursos suelen llegar primero que las soluciones. Y en Sinaloa, donde la inseguridad ha golpeado tanto a las familias como a la economía, cada anuncio oficial se mide menos por el aplauso que provoca y más por el efecto que tiene en la vida cotidiana.

Esta semana coincidieron dos mensajes que retratan esa distancia. Por un lado, Coparmex advierte que la recuperación económica podría tomar hasta una década. No habla de una crisis futura, sino de una que ya se refleja en empleos perdidos, empresas que bajaron la cortina y personas que decidieron irse del estado buscando oportunidades.

Del otro lado aparece una reforma presentada como apoyo para quienes recuperan un vehículo robado. Sobre el papel suena alentadora. En la práctica, abogados y empresarios sostienen que el beneficio sólo alcanza a un grupo reducido de víctimas, porque la mayoría de las unidades termina en corralones particulares donde los cobros permanecen intactos.

Las dos historias tienen un punto en común: la diferencia entre anunciar una respuesta y resolver un problema.

Porque si la economía sigue perdiendo empresas mientras las autoridades hablan de recuperación, el mensaje deja de convencer. Y si una reforma se promociona como un alivio para las víctimas, pero la mayoría seguirá pagando arrastres y pensiones, el beneficio termina convertido en excepción y no en regla.

Ningún gobierno puede eliminar de un día para otro los efectos de una crisis de seguridad o de una desaceleración económica. Lo que sí puede hacer es evitar que las soluciones nazcan con letra pequeña.

En tiempos difíciles, la confianza también es un recurso público. Y esa confianza no se construye con optimismo oficial ni con anuncios incompletos, sino con políticas que funcionen para la mayoría y no sólo para quienes logran encajar en los requisitos.

Hay llamadas que uno espera, la del banco para ofrecer una tarjeta, la del repartidor porque no encuentra la casa, la de la mamá preguntando si ya comiste y luego están las de la supuesta encuestadora.

“¿Conoce a una aspirante de Morena? ¿La apoyaría para gobernar Sinaloa?”.

La primera vez sorprende; la segunda genera curiosidad; la tercera fastidia. Para la quinta ya no parece una encuesta; parece un recordatorio programado para que no se te olvide quién quiere que la recuerdes.

Cuando una aspirante aparece en espectaculares, en bardas, en recorridos y ahora hasta en llamadas telefónicas masivas, resulta complicado creer que todo forma parte de una inocente “coordinación” interna. Porque podrá llamarse coordinación, organización o defensa de cualquier cosa, pero el ciudadano común entiende otra palabra: campaña.

Lo más curioso es que desde Morena insisten en que todavía no hay aspirantes. Que nadie anda buscando la Gubernatura. Que simplemente están organizando un proceso interno. Pero si para explicar que no es campaña necesitas posicionar constantemente a una misma figura por todos los medios posibles, entonces todo el discurso termina siendo contradictorio.

La estrategia además parece olvidar el detalle de que la insistencia no siempre genera simpatía. Muchas veces produce exactamente lo contrario. En un estado donde la gente lleva casi dos años preocupada por la violencia, las desapariciones y la incertidumbre económica, recibir llamadas una y otra vez para preguntar por una eventual candidatura termina sintiéndose más como una interrupción que como un ejercicio democrático.

Y sí, el PRI ya salió a denunciarlo.

Bastó que comenzaran las llamadas para que las redes sociales se llenaran de capturas, quejas y burlas.

Tal vez la encuesta sí tenga una respuesta útil, no necesariamente sobre quién va arriba en las preferencias, sino sobre cuánto tarda una llamada repetitiva en convertirse en propaganda... y la propaganda en hartazgo.

¡FOUL!... La Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Janet Tostado, lanzó las albricias al acudir a la apertura de una pizzería y señaló que continúan las inversiones en Culiacán... ¿tanto así?