Este martes, dos piezas dentro de Movimiento Ciudadano en Sinaloa volvieron a colocarse en el tablero de lo público, cada una desde su propia circunstancia, pero con un horizonte común: 2027.

Por un lado, la llegada de Sergio “Pío” Esquer a la dirigencia estatal no sólo cubre un vacío tras la salida de Sergio Torres por motivos de salud, sino que también abre una narrativa de relevo. Su declaración sobre una eventual aspiración a la Gubernatura no es menor. El simple hecho de no descartarse ya posiciona. Más aún cuando se acompaña del argumento de “tener el perfil” y conocer los problemas del estado.

Es un mensaje hacia dentro del partido, para consolidar liderazgo, y hacia fuera para empezar a figurar.

Sin embargo, en el corto plazo, su propio discurso lo ata a una tarea menos vistosa pero determinante: construir estructura y competitividad real para Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Ahí está el verdadero reto. Porque más allá de aspiraciones personales, el partido naranja aún enfrenta el desafío de traducir presencia mediática en fuerza territorial.

En paralelo, la reaparición de Elizabeth Montoya tiene un peso distinto. No es sólo el regreso de una Legisladora a su curul, sino el de una figura que vuelve tras un episodio de violencia que sigue sin disiparse del todo en el ambiente público. Su mensaje, insistente en el ánimo, el trabajo y la ausencia de miedo, inevitablemente se lee también como una postura política frente a un contexto de inseguridad que continúa marcando la agenda estatal.

Su interés en la Alcaldía de Culiacán, expresado con cautela pero sin evasivas, la coloca también en la antesala de la contienda. Pero, a diferencia de otros posicionamientos tradicionales, el suyo viene acompañado de una narrativa personal que podría convertirse en capital político: resiliencia, permanencia y cercanía con causas sociales.

Ambos movimientos ocurren en un momento donde las definiciones aún parecen lejanas, pero donde los actores comienzan a tomar lugar. Movimiento Ciudadano, que ha buscado proyectarse como una opción distinta, tendrá que demostrar si estas figuras logran articular algo más que aspiraciones individuales: un proyecto que realmente compita en un estado donde la política sigue marcada por estructuras tradicionales.

Mientras tanto, el trasfondo no desaparece. La violencia que alcanzó a representantes populares, las investigaciones en curso y la sensación de inseguridad persistente siguen ahí, recordando que cualquier proyecto político en Sinaloa no solo tendrá que hablar de futuro, sino responder a un presente que aún exige certezas.

El escenario político en Sinaloa comienza a calentarse antes de tiempo, y no precisamente por propuestas o debates de fondo, sino por la disputa en torno a los límites legales de la promoción política. La denuncia del PAN contra Imelda Castro coloca sobre la mesa un tema recurrente en la antesala electoral: ¿dónde termina la rendición de cuentas y dónde empieza la campaña anticipada?

Acción Nacional no sólo insiste en que la Senadora ha cruzado esa línea, sino que eleva el tono al hablar de uso indebido de recursos e incluso de financiamiento ilícito. Es una acusación grave, que, como suele ocurrir, todavía deberá sostenerse en pruebas más allá del discurso político. El volumen de evidencia presentado busca precisamente eso: presionar a la autoridad electoral a no minimizar el caso.

Pero el señalamiento también deja ver otra tensión: el PAN correteando a la rival número uno del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Y es que aunque Castro y Rocha fueron compañeros de campañas y aliados, hoy esa relación está más que reducida, cada quien empezó a pelear lo suyo y ahí es cuando perdieron el rumbo del discurso de unidad.

Ahora el PAN insistiendo tanto contra Imelda Castro se dibuja como un peón en el tablero de Rocha Moya, aquel que se anima a hacer gestiones y jugar a la Oposición.

No es correcto que se pasen por alto las campañas anticipadas, pero es que tanto perfiles panistas como Héctor Orrantia Coppel, y otros morenistas como Graciela Domínguez Nava, llevan meses colocando publicidad por las calles de Sinaloa bajo el pretexto de socializar proyectos, pero sólo buscan posicionar su imagen.

Y es ahí cuando el PAN Sinaloa se ve mal yendo únicamente contra Imelda Castro. Así que no vengan a jugar la carta que se lucha por la democracia cuando ésta es selectiva.

Al final del día el que gana es Rocha.

El anuncio del pago de 750 pesos por tonelada de maíz llega, pero no necesariamente resuelve. Más bien, parece insertarse en una lógica que el propio campo ha venido denunciando desde hace tiempo: respuestas parciales frente a problemas estructurales.

El Gobernador Rubén Rocha Moya comunica una autorización federal que, en el papel, atiende a productores pendientes. Sin embargo, en la práctica, muchos de ellos arrastran retrasos de hasta dos años en la entrega de apoyos. Para ese sector, el anuncio no representa una solución de fondo, sino apenas un alivio momentáneo frente a una deuda acumulada.

El hecho de que la autorización provenga del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum también deja ver que la respuesta sigue dependiendo de decisiones centralizadas, mientras el problema en territorio se ha ido agravando con el paso de los ciclos agrícolas.

En paralelo, las protestas del sector no surgen únicamente por este pago pendiente, sino por una cadena de inconformidades: precios, comercialización, costos de producción y la falta de certidumbre en los apoyos. En ese contexto, los 750 pesos por tonelada funcionan más como un “curita” que como una política integral para el campo.

La pregunta de fondo es si este tipo de medidas alcanzan para desactivar el malestar o sólo lo postergan. Porque mientras los anuncios llegan de manera intermitente, las deudas con los productores siguen acumulándose, y con ellas, la desconfianza hacia las instituciones encargadas de sostener uno de los sectores más estratégicos del estado.

Al final, el problema no es solo cuánto se paga, sino cuándo y bajo qué condiciones. Y ahí, el campo sinaloense sigue esperando algo más que compensaciones aisladas: espera certeza.

¡FOUL!... Vialidad y Transportes anuncia una revisión a los camiones urbanos ahora que ya subieron el precio... ¡una chamba que debería ser permanente y no extraordinaria!

Este martes, dos piezas dentro de Movimiento Ciudadano en Sinaloa volvieron a colocarse en el tablero de lo público, cada una desde su propia circunstancia, pero con un horizonte común: 2027.

Por un lado, la llegada de Sergio “Pío” Esquer a la dirigencia estatal no sólo cubre un vacío tras la salida de Sergio Torres por motivos de salud, sino que también abre una narrativa de relevo. Su declaración sobre una eventual aspiración a la Gubernatura no es menor. El simple hecho de no descartarse ya posiciona. Más aún cuando se acompaña del argumento de “tener el perfil” y conocer los problemas del estado.

Es un mensaje hacia dentro del partido, para consolidar liderazgo, y hacia fuera para empezar a figurar.

Sin embargo, en el corto plazo, su propio discurso lo ata a una tarea menos vistosa pero determinante: construir estructura y competitividad real para Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Ahí está el verdadero reto. Porque más allá de aspiraciones personales, el partido naranja aún enfrenta el desafío de traducir presencia mediática en fuerza territorial.

En paralelo, la reaparición de Elizabeth Montoya tiene un peso distinto. No es sólo el regreso de una Legisladora a su curul, sino el de una figura que vuelve tras un episodio de violencia que sigue sin disiparse del todo en el ambiente público. Su mensaje, insistente en el ánimo, el trabajo y la ausencia de miedo, inevitablemente se lee también como una postura política frente a un contexto de inseguridad que continúa marcando la agenda estatal.

Su interés en la Alcaldía de Culiacán, expresado con cautela pero sin evasivas, la coloca también en la antesala de la contienda. Pero, a diferencia de otros posicionamientos tradicionales, el suyo viene acompañado de una narrativa personal que podría convertirse en capital político: resiliencia, permanencia y cercanía con causas sociales.

Ambos movimientos ocurren en un momento donde las definiciones aún parecen lejanas, pero donde los actores comienzan a tomar lugar. Movimiento Ciudadano, que ha buscado proyectarse como una opción distinta, tendrá que demostrar si estas figuras logran articular algo más que aspiraciones individuales: un proyecto que realmente compita en un estado donde la política sigue marcada por estructuras tradicionales.

Mientras tanto, el trasfondo no desaparece. La violencia que alcanzó a representantes populares, las investigaciones en curso y la sensación de inseguridad persistente siguen ahí, recordando que cualquier proyecto político en Sinaloa no solo tendrá que hablar de futuro, sino responder a un presente que aún exige certezas.

El escenario político en Sinaloa comienza a calentarse antes de tiempo, y no precisamente por propuestas o debates de fondo, sino por la disputa en torno a los límites legales de la promoción política. La denuncia del PAN contra Imelda Castro coloca sobre la mesa un tema recurrente en la antesala electoral: ¿dónde termina la rendición de cuentas y dónde empieza la campaña anticipada?

Acción Nacional no sólo insiste en que la Senadora ha cruzado esa línea, sino que eleva el tono al hablar de uso indebido de recursos e incluso de financiamiento ilícito. Es una acusación grave, que, como suele ocurrir, todavía deberá sostenerse en pruebas más allá del discurso político. El volumen de evidencia presentado busca precisamente eso: presionar a la autoridad electoral a no minimizar el caso.

Pero el señalamiento también deja ver otra tensión: el PAN correteando a la rival número uno del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Y es que aunque Castro y Rocha fueron compañeros de campañas y aliados, hoy esa relación está más que reducida, cada quien empezó a pelear lo suyo y ahí es cuando perdieron el rumbo del discurso de unidad.

Ahora el PAN insistiendo tanto contra Imelda Castro se dibuja como un peón en el tablero de Rocha Moya, aquel que se anima a hacer gestiones y jugar a la Oposición.

No es correcto que se pasen por alto las campañas anticipadas, pero es que tanto perfiles panistas como Héctor Orrantia Coppel, y otros morenistas como Graciela Domínguez Nava, llevan meses colocando publicidad por las calles de Sinaloa bajo el pretexto de socializar proyectos, pero sólo buscan posicionar su imagen.

Y es ahí cuando el PAN Sinaloa se ve mal yendo únicamente contra Imelda Castro. Así que no vengan a jugar la carta que se lucha por la democracia cuando ésta es selectiva.

Al final del día el que gana es Rocha.

El anuncio del pago de 750 pesos por tonelada de maíz llega, pero no necesariamente resuelve. Más bien, parece insertarse en una lógica que el propio campo ha venido denunciando desde hace tiempo: respuestas parciales frente a problemas estructurales.

El Gobernador Rubén Rocha Moya comunica una autorización federal que, en el papel, atiende a productores pendientes. Sin embargo, en la práctica, muchos de ellos arrastran retrasos de hasta dos años en la entrega de apoyos. Para ese sector, el anuncio no representa una solución de fondo, sino apenas un alivio momentáneo frente a una deuda acumulada.

El hecho de que la autorización provenga del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum también deja ver que la respuesta sigue dependiendo de decisiones centralizadas, mientras el problema en territorio se ha ido agravando con el paso de los ciclos agrícolas.

En paralelo, las protestas del sector no surgen únicamente por este pago pendiente, sino por una cadena de inconformidades: precios, comercialización, costos de producción y la falta de certidumbre en los apoyos. En ese contexto, los 750 pesos por tonelada funcionan más como un “curita” que como una política integral para el campo.

La pregunta de fondo es si este tipo de medidas alcanzan para desactivar el malestar o sólo lo postergan. Porque mientras los anuncios llegan de manera intermitente, las deudas con los productores siguen acumulándose, y con ellas, la desconfianza hacia las instituciones encargadas de sostener uno de los sectores más estratégicos del estado.

Al final, el problema no es solo cuánto se paga, sino cuándo y bajo qué condiciones. Y ahí, el campo sinaloense sigue esperando algo más que compensaciones aisladas: espera certeza.

¡FOUL!... Vialidad y Transportes anuncia una revisión a los camiones urbanos ahora que ya subieron el precio... ¡una chamba que debería ser permanente y no extraordinaria!