Después de las 6:00 de la mañana de ayer domingo, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya había hecho comentarios a los medios de comunicación en una de las entrevistas más tempranas de la historia.

Unos minutos después, con la llegada del Gobernador Rubén Rocha Moya, ocurriría lo mismo, dar declaraciones de diferentes temas antes de que iniciara la gran fiesta del Maratón Internacional de Culiacán.

En el lugar, todo era energía positiva, ansias, nervios y ganas contenidas por iniciar con la aventura de la jornada. Y sí, el Maratón salió muy bien a pesar del contexto.

Ninguno de los dos, ni el Alcalde ni el Mandatario dijeron nada sobre una pareja que fue asesinada horas antes apenas a unas calles de donde estaban parados, mucho menos sus subordinados, con los reportes que normalmente se realizan sin ver la hora ni el lugar.

El gran detalle con el caso es que la pareja, de no más de 30 años, fue asesinada por las calles Mariano Escobedo y Vicente Guerrero, a unas calles de la salida y meta del evento más importante del año para Culiacán y en un punto que queda en medio del circuito de carrera.

Pues con toda la intención de que no se hablara del tema, el reporte se hizo público hasta las 12:00 horas, después del mediodía y una vez que ya casi terminaba la jornada del maratón.

Este tipo de acciones, muy normales para los funcionarios de cualquier nivel de Gobierno, lo único que hacen es evidenciar su perfil débil para ocupar cargos públicos.

Mal que los gobernantes se paren frente a la prensa con información tan sensible como este doble asesinato en un lugar tan céntrico, y hagan de cuenta que no pasa nada.

Pero todavía hay una situación peor, que es que sus propios funcionarios no les hayan informado.

Lo cierto es que una vez más la verdad sale a la luz, por más que busquen ocultarla, y tendrá como siempre el impacto que deba tener, por encima de las decisiones de los burócratas.

Vaya inicio de año nos está haciendo vivir este 2026 y es que apenas cruzamos la primera quincena y el panorama para las mujeres en Sinaloa no es sólo gris, sino de un rojo que lastima, por las siete mujeres que han sido asesinadas en sólo 16 días.

Y no son sólo números, sino siete historias truncadas que hoy engrosan las frías carpetas de investigación de una Fiscalía General del Estado que hoy no parece eficiente ni en recoger el cadáver y la evidencia, mucho menos que evitar que caigan.

Lo peor es que la violencia no distingue sectores ni puestos, ya que a las delincuentes les da lo mismo matar a una funcionaria municipal, como Mirna Karime “N”, comisaria de Bachigualatito, atacada dentro de su propio hogar, que a una joven trabajadora como Claudia del Rosario, interceptada en Guasave cuando simplemente cumplía con su rutina de ir a laborar.

El mensaje de la delincuencia es claro y aterrador: no hay lugar seguro, ni la casa, ni la calle, ni el trabajo.

En los hechos en Villa Satélite, una mujer de aproximadamente 45 años fue asesinada a golpes y abandonada a la orilla de un canal, y en la colonia Estela Ortiz, Rosa “N” cayó herida de muerte por las balas sobre una banqueta, lo que nos indica que la brutalidad se ha normalizado tanto que los reportes de detonaciones ya son el preámbulo cotidiano de una tragedia anunciada.

Pero lo que realmente debería quitarnos el sueño es que las balas ya no respetan ni la infancia y esto es representado con el hallazgo de Michelle, de apenas 14 años, e Ivonne Daniela, de 18, tiradas entre la maleza en Juntas del Humaya; esto es el retrato más fiel del fracaso en seguridad; aparte se suma Érika Nohemí, de 24 años, quien murió tras un ataque directo en su domicilio.

Mientras la Secretaría de Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se pasean acordonando escenas del crimen ya consumadas, la sociedad sinaloense se pregunta: ¿de qué sirven los operativos si el agresor puede andar con el rostro cubierto y huir tranquilamente en un vehículo?

La Fiscalía dice que mantiene informada a la sociedad con datos oficiales, pero la realidad es que los datos están enterrando a nuestras mujeres.

La exigencia nos debe llevar a vivir con menos carpetas por homicidio doloso y feminicidio, y más justicia antes de que este enero termine de darnos otro tiro de gracia como sociedad.

En Culiacán, como en otras zonas de Sinaloa, la línea entre el combate al crimen y la vulneración de derechos humanos se vuelve cada vez más difusa.

La muerte de Fernando Alan no es solo la pérdida de un joven universitario atrapado en una persecución armada es un síntoma más de una estrategia de seguridad que ha normalizado el riesgo para la población civil y, peor aún, la ambigüedad institucional frente a sus consecuencias.

Tras casi una semana de la muerte del joven, su familia reclama que un persona inocente muera “en medio” de un operativo.

Además, deja entrever la incapacidad del Estado para garantizar que el uso de la fuerza no se ejerza de manera indiscriminada.

La narrativa de “daño colateral” no solo es insuficiente, sino peligrosa, porque diluye responsabilidades y reduce una vida humana a una consecuencia secundaria de la violencia.

Ninguna persecución, por legítima que se pretenda, justifica la muerte de quien no representaba amenaza alguna.

Más grave aún es la batalla posterior por la verdad porque cuando familiares deben salir públicamente a exigir que no se manche el nombre de la víctima, el problema ya no es solo operativo, sino institucional.

La desinformación, las versiones preliminares sin sustento y el silencio oficial erosionan la confianza social y revictimizan a quienes ya han sufrido una pérdida irreparable.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha reiterado que ocultar o negar información profundiza la desconfianza y agrava la crisis de legitimidad de las autoridades de seguridad.

Si se confirma que hubo un error de la fuerza pública, no basta con reconocerlo; se requiere transparencia total, sanciones claras y reparación del daño.

De lo contrario, el mensaje es que la vida civil sigue siendo prescindible en el contexto de la violencia.

El caso de Fernando Alan se suma a una lista dolorosa que incluye a otras víctimas inocentes, como las niñas Alexa y Leydi.

Cada nombre recuerda que la violencia no solo se mide en enfrentamientos, sino en las vidas truncadas por decisiones mal ejecutadas.

Exigir justicia no es confrontar al Estado; es recordarle su obligación fundamental: proteger a la ciudadanía, no ponerla en la línea de fuego ni en el limbo de la duda.

Después de las 6:00 de la mañana de ayer domingo, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya había hecho comentarios a los medios de comunicación en una de las entrevistas más tempranas de la historia.

Unos minutos después, con la llegada del Gobernador Rubén Rocha Moya, ocurriría lo mismo, dar declaraciones de diferentes temas antes de que iniciara la gran fiesta del Maratón Internacional de Culiacán.

En el lugar, todo era energía positiva, ansias, nervios y ganas contenidas por iniciar con la aventura de la jornada. Y sí, el Maratón salió muy bien a pesar del contexto.

Ninguno de los dos, ni el Alcalde ni el Mandatario dijeron nada sobre una pareja que fue asesinada horas antes apenas a unas calles de donde estaban parados, mucho menos sus subordinados, con los reportes que normalmente se realizan sin ver la hora ni el lugar.

El gran detalle con el caso es que la pareja, de no más de 30 años, fue asesinada por las calles Mariano Escobedo y Vicente Guerrero, a unas calles de la salida y meta del evento más importante del año para Culiacán y en un punto que queda en medio del circuito de carrera.

Pues con toda la intención de que no se hablara del tema, el reporte se hizo público hasta las 12:00 horas, después del mediodía y una vez que ya casi terminaba la jornada del maratón.

Este tipo de acciones, muy normales para los funcionarios de cualquier nivel de Gobierno, lo único que hacen es evidenciar su perfil débil para ocupar cargos públicos.

Mal que los gobernantes se paren frente a la prensa con información tan sensible como este doble asesinato en un lugar tan céntrico, y hagan de cuenta que no pasa nada.

Pero todavía hay una situación peor, que es que sus propios funcionarios no les hayan informado.

Lo cierto es que una vez más la verdad sale a la luz, por más que busquen ocultarla, y tendrá como siempre el impacto que deba tener, por encima de las decisiones de los burócratas.

Vaya inicio de año nos está haciendo vivir este 2026 y es que apenas cruzamos la primera quincena y el panorama para las mujeres en Sinaloa no es sólo gris, sino de un rojo que lastima, por las siete mujeres que han sido asesinadas en sólo 16 días.

Y no son sólo números, sino siete historias truncadas que hoy engrosan las frías carpetas de investigación de una Fiscalía General del Estado que hoy no parece eficiente ni en recoger el cadáver y la evidencia, mucho menos que evitar que caigan.

Lo peor es que la violencia no distingue sectores ni puestos, ya que a las delincuentes les da lo mismo matar a una funcionaria municipal, como Mirna Karime “N”, comisaria de Bachigualatito, atacada dentro de su propio hogar, que a una joven trabajadora como Claudia del Rosario, interceptada en Guasave cuando simplemente cumplía con su rutina de ir a laborar.

El mensaje de la delincuencia es claro y aterrador: no hay lugar seguro, ni la casa, ni la calle, ni el trabajo.

En los hechos en Villa Satélite, una mujer de aproximadamente 45 años fue asesinada a golpes y abandonada a la orilla de un canal, y en la colonia Estela Ortiz, Rosa “N” cayó herida de muerte por las balas sobre una banqueta, lo que nos indica que la brutalidad se ha normalizado tanto que los reportes de detonaciones ya son el preámbulo cotidiano de una tragedia anunciada.

Pero lo que realmente debería quitarnos el sueño es que las balas ya no respetan ni la infancia y esto es representado con el hallazgo de Michelle, de apenas 14 años, e Ivonne Daniela, de 18, tiradas entre la maleza en Juntas del Humaya; esto es el retrato más fiel del fracaso en seguridad; aparte se suma Érika Nohemí, de 24 años, quien murió tras un ataque directo en su domicilio.

Mientras la Secretaría de Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se pasean acordonando escenas del crimen ya consumadas, la sociedad sinaloense se pregunta: ¿de qué sirven los operativos si el agresor puede andar con el rostro cubierto y huir tranquilamente en un vehículo?

La Fiscalía dice que mantiene informada a la sociedad con datos oficiales, pero la realidad es que los datos están enterrando a nuestras mujeres.

La exigencia nos debe llevar a vivir con menos carpetas por homicidio doloso y feminicidio, y más justicia antes de que este enero termine de darnos otro tiro de gracia como sociedad.

En Culiacán, como en otras zonas de Sinaloa, la línea entre el combate al crimen y la vulneración de derechos humanos se vuelve cada vez más difusa.

La muerte de Fernando Alan no es solo la pérdida de un joven universitario atrapado en una persecución armada es un síntoma más de una estrategia de seguridad que ha normalizado el riesgo para la población civil y, peor aún, la ambigüedad institucional frente a sus consecuencias.

Tras casi una semana de la muerte del joven, su familia reclama que un persona inocente muera “en medio” de un operativo.

Además, deja entrever la incapacidad del Estado para garantizar que el uso de la fuerza no se ejerza de manera indiscriminada.

La narrativa de “daño colateral” no solo es insuficiente, sino peligrosa, porque diluye responsabilidades y reduce una vida humana a una consecuencia secundaria de la violencia.

Ninguna persecución, por legítima que se pretenda, justifica la muerte de quien no representaba amenaza alguna.

Más grave aún es la batalla posterior por la verdad porque cuando familiares deben salir públicamente a exigir que no se manche el nombre de la víctima, el problema ya no es solo operativo, sino institucional.

La desinformación, las versiones preliminares sin sustento y el silencio oficial erosionan la confianza social y revictimizan a quienes ya han sufrido una pérdida irreparable.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha reiterado que ocultar o negar información profundiza la desconfianza y agrava la crisis de legitimidad de las autoridades de seguridad.

Si se confirma que hubo un error de la fuerza pública, no basta con reconocerlo; se requiere transparencia total, sanciones claras y reparación del daño.

De lo contrario, el mensaje es que la vida civil sigue siendo prescindible en el contexto de la violencia.

El caso de Fernando Alan se suma a una lista dolorosa que incluye a otras víctimas inocentes, como las niñas Alexa y Leydi.

Cada nombre recuerda que la violencia no solo se mide en enfrentamientos, sino en las vidas truncadas por decisiones mal ejecutadas.

Exigir justicia no es confrontar al Estado; es recordarle su obligación fundamental: proteger a la ciudadanía, no ponerla en la línea de fuego ni en el limbo de la duda.