Malecón

La infancia también cuenta las heridas

Han pasado casi 22 meses desde que la crisis de violencia recrudeció en Culiacán, en septiembre de 2024. En ese tiempo, decenas de familias han perdido a un ser querido y varios menores han quedado marcados por hechos que ningún niño debería vivir.

El director del DIF Culiacán, Cirilo Celis Acuña, afirma que la institución ha brindado apoyo psicológico, acompañamiento y hasta ayuda con gastos funerarios. Sin embargo, dijo que el DIF no tiene un registro específico de cuántos de esos apoyos corresponden a víctimas de la violencia.

Saber cuántos niños han requerido atención psicológica por la crisis permitiría entender la dimensión del problema y diseñar estrategias acordes con la realidad. Si después de casi dos años de violencia no existe esa información de manera puntual, algo sigue faltando.

Es cierto que la atención directa a víctimas corresponde a otras instancias y que el DIF actúa en coordinación con ellas. Pero si la institución presume que cuenta con 15 unidades de atención psicológica y que ha acompañado a familias en algunos de los casos más dolorosos, también debería poder mostrar el alcance de ese esfuerzo.

La violencia deja víctimas mortales, pero también deja otras que no aparecen en los balances de seguridad: los niños que sobreviven con miedo, con ansiedad o con duelos que los acompañarán durante años. Esas heridas también deberían contabilizarse, porque sólo así pueden atenderse con la seriedad que merecen.

El expediente viaja, las respuestas no

La Fiscalía General de la República volvió a marcar distancia del caso Héctor Melesio Cuén Ojeda. No porque haya dejado de investigarlo, sino porque la delegación en Sinaloa insiste en que el expediente no le pertenece. La investigación está en la Ciudad de México, dicen, y aquí solo se presta apoyo cuando así lo solicita la Fiscalía especializada. La explicación es institucionalmente correcta, pero políticamente insuficiente para un caso que sigue generando más preguntas que respuestas.

Resulta inevitable la contradicción aparente. La camioneta vinculada con el homicidio permanece resguardada en instalaciones de la propia FGR en Culiacán, pero la información sobre la investigación está blindada porque el mando se encuentra a más de mil kilómetros de distancia. La evidencia está aquí; las respuestas, no. Esa separación administrativa puede tener sustento legal, aunque difícilmente ayuda a despejar la incertidumbre pública que rodea uno de los casos de mayor impacto en la historia reciente de Sinaloa.

La postura del delegado Efraín Alonso Gastélum también refleja una estrategia que la FGR ha seguido desde que atrajo el expediente: centralizar por completo la comunicación. Ningún dato, ningún avance y ninguna valoración salen de las delegaciones estatales. Todo pasa por oficinas centrales. El mensaje es claro: hablar de Cuén no es competencia local, aun cuando los hechos ocurrieron en territorio sinaloense.

Esa reserva cobra mayor relevancia porque el asesinato dejó de ser un homicidio de alto perfil para convertirse en un caso de alcance nacional e incluso internacional, después de la carta difundida por Ismael “El Mayo” Zambada. Desde entonces, cada declaración oficial es analizada con lupa y cada silencio alimenta nuevas especulaciones. La falta de información quizá busque proteger la investigación, pero también prolonga la incertidumbre.

Al final, la FGR deja claro quién tiene el expediente, pero no acerca a la sociedad a entender qué ocurre con él. Mientras tanto, el caso Cuén permanece en ese terreno donde abundan las versiones, escasean las certezas y la exigencia de resultados sigue creciendo. Porque trasladar una investigación a la Ciudad de México puede cambiar el domicilio del expediente, pero no reduce la expectativa de justicia que permanece en Sinaloa.

La noticia esperada

Lo que muchos esperábamos que ocurriera por lo menos en unas semanas más, ocurrió ayer con el nacimiento de la hija de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde. Afortunadamente con bien para ambas.

El problema es que este hecho de nuevo abre la polémica sobre la urgencia de que haya un cambio en la titularidad del Ejecutivo estatal, por la evidente necesidad de atención que la situación amerita.

Y antes de que se pongan a criticar que esta raza machista del Noroeste o este Centinela mocho, hay que darle la justa dimensión a la situación.

La primera se justifica en las necesidades de la salud, porque aunque a alguien se le haya ocurrido la idea de acondicionar el despacho para que Yeraldine cuide a su bebé, es obvio que no es un lugar que pueda cumplir con los requisitos.

En lo laboral, pues es obvio que el cargo de Gobernador de un estado, por más que tenga a su Gabinete de apoyo, tiene una responsabilidad que exige no sólo una jornada laboral de ocho horas y con una para salir a comer. Más aún en medio de una crisis de seguridad y económica como la que se vive en Sinaloa pero que nadie en el Tercer Piso ha querido aceptar en su justa dimensión.

Y la que consideramos más importante, la negativa de Yeraldine, quien no se manda sola, es una decisión que está muy por encima suyo, pero que aunque tenga figuras locales detrás, no hay en México otro poder más grande que el que se ejerce desde Palacio Nacional.

La decisión, hasta donde sabemos, ya se había tomado, sin embargo puede ser que exista un intenso estira y afloja que seguirá hasta definirse por completo el asunto electoral en Morena de cara al 2027.

Sin separación de ‘poderes’

La licencia solicitada por Estrella Palacios Domínguez para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa debió marcar una separación clara entre sus actividades partidistas y la estructura del Ayuntamiento de Mazatlán.

Sin embargo, la participación de trabajadores de la Dirección de Comunicación Social en la creación de contenido y difusión de su imagen como aspirante genera cuestionamientos legítimos sobre los límites entre el servicio público y la promoción política.

Aunque se argumente que estos colaboradores se encuentran de vacaciones, la realidad es que forman parte de la administración municipal, lo que inevitablemente alimenta dudas sobre la congruencia y la imparcialidad que deben prevalecer en el ejercicio gubernamental.

Más allá de cualquier posible interpretación legal, el asunto es principalmente ético y de percepción pública, pues los ciudadanos esperan que los recursos humanos y las capacidades institucionales de un gobierno se destinen exclusivamente a las tareas para las que fueron contratados, sin mezclarse con proyectos políticos personales o partidistas. De tal forma que, si la llamada transformación busca distinguirse por sus principios de transparencia y congruencia, resulta indispensable mantener una separación inequívoca entre gobierno y actividad electoral, pues de lo contrario, se corre el riesgo de reproducir prácticas que durante años fueron señaladas y criticadas desde la Oposición.

¡FOUL!... Más de 2 mil 300 militares llegaron estas últimas semanas a Culiacán para “reforzar” la seguridad; la pregunta es ¿cuál seguridad si siguen matando más de cinco personas diarias?