El Congreso de Sinaloa no sólo removió a la titular de la Unidad Técnica de Evaluación, abrió la puerta para desaparecer, sin demasiado pudor, a uno de los pocos mecanismos internos de contrapeso en materia de fiscalización. Y eso, más allá del nombre propio en turno, debería encender alertas.

La decisión de separar del cargo a Silvia Alejandra Pineda Prado se sustenta en una causal formal: “ineficiencia”.

El dictamen cita omisiones, falta de reglamento e incumplimientos prolongados. Todo eso puede ser cierto y, de serlo, amerita consecuencias. Nadie está por encima de la evaluación institucional.

El problema no es la figura de la remoción; el problema es el contexto en el que ocurre.

Porque no se puede ignorar que, apenas unos meses antes, la propia funcionaria había denunciado presiones para renunciar y la falta de pago de su salario. Es decir, el proceso no nace en un terreno neutral, sino en uno marcado por señalamientos de posible hostigamiento institucional. Y cuando una destitución así ocurre después de acusaciones de ese calibre, la carga de la prueba no sólo es jurídica: también es política.

Más preocupante aún es el segundo movimiento: la intención de extinguir la Unidad Técnica de Evaluación bajo el argumento de “duplicidad de funciones”. Ese tipo de razonamiento suele ser el recurso favorito cuando se quiere adelgazar órganos incómodos. Porque en teoría suena lógico evitar redundancias; en la práctica, muchas veces significa concentrar el poder de vigilancia en menos manos.

La Unidad no era un órgano ornamental. Fue creada en 2021 precisamente para observar, evaluar y servir como contrapeso técnico frente a la Auditoría Superior del Estado. Es decir, su razón de ser no era duplicar, sino vigilar al vigilante. Y eliminar esa capa de revisión, en un país y en un estado donde la desconfianza institucional no es menor, resulta cuando menos cuestionable.

Aquí hay una pregunta que el Congreso no ha respondido con claridad: si había fallas en la titularidad, ¿por qué no corregir el funcionamiento de la Unidad en lugar de plantear su desaparición? Las instituciones no deberían depender de la eficacia o ineficacia de una persona. Si así fuera, bastaría con debilitar a quien encabeza un órgano para luego justificar su eliminación.

El mensaje que se envía es delicado: cuando un ente de control se vuelve problemática, por su desempeño o por su postura, la salida puede ser no sólo remover a su titular, sino borrar la estructura completa. Eso no fortalece la rendición de cuentas sino que la erosiona.

El Congreso tiene la facultad legal para tomar estas decisiones. Pero la legitimidad no se construye solo con votos, sino con transparencia, coherencia y confianza pública. Y hoy, más que cerrar el capítulo, lo que parece haberse abierto es una discusión incómoda: si en Sinaloa se están fortaleciendo los contrapesos... o si, discretamente, se están desmontando desde el partido en el poder.

Hay cosas que en política se entienden rápido.

Y otras que se entienden... cuando alguien las dice sin rodeos.

Lo que planteó la regidora Erika Sánchez en Culiacán va justo por ahí.

La consulta de síndicos era, en teoría, ciudadana.

Sin partidos. Sin siglas. Sin padrinos políticos.

Así estaba escrita... y así se suponía que debía respetarse.

Pero bastaron unas horas para que desde Morena empezaran a aparecer “ganadores”.

Como si hubieran competido.

Como si hubieran hecho campaña.

Como si su nombre hubiera estado en la boleta.

Y no.

Ahí está el detalle, no estaban.

Por eso el señalamiento pesa.

Porque no es pleito partidista, es algo más básico: respetar las reglas del juego.

Si dices que es ciudadano, es ciudadano.

No “ciudadano... pero tantito mío”.

Porque cuando alguien se cuelga de un proceso en el que no participó, no solo presume de más también distorsiona y convierte un ejercicio de participación en una vitrina política.

Y lo que era de la gente... empieza a parecer de alguien más.

Ahí es donde se rompe todo porque entonces ya no se discuten resultados, se discute la legitimidad.

Y ese ruido termina en lo de siempre: dudas.

Dudas sobre quién ganó...

y sobre quién realmente estuvo detrás.

Dudas que no tendrían por qué existir, si desde el principio se respetara lo más simple como lo son las reglas.

Al final, lo que se vio fue un ejercicio sin partidos... hasta que aparecieron los partidos.

Cerrado el primer trimestre de 2026, queda en el registro que este marzo ha sido el mes con menos homicidios durante la crisis que arrastra Sinaloa desde septiembre de 2024, con 12, incluidos los hallazgos en fosas. Pero al margen del frío número, habría que preguntarse, ¿de verdad se mejora?

Es imposible ver positivo que el pasado mes hubo 121 homicidios, porque sería asumir como un avance en seguridad pública que cada día maten a cuatro personas.

Ya repasamos ayer los hechos que azotaron al sur del Estado, los homicidios de policías y un síndico municipal, pero también hubo menores de edad asesinados, y este mes de abril ya lo iniciamos con una mujer a quien le arrebataron la vida. Hablamos de dos grupos que también se encuentran en foco rojo.

Cuando abordamos la crisis en materia de seguridad pública, es fácil ligar todo al crimen organizado, y tenemos en mente los modus operandi de grupos armados, pero Sinaloa ya estaba estigmatizado por la violencia antes de esta emergencia y por circunstancias distintas.

Ayer, en Navolato, una adulta mayor de 80 años de edad, que aparentemente vivía sola en el primer cuadro del municipio, fue asesinada dentro de su casa.

Los primeros reportes apuntaron a que la causa de muerte habría sido por estrangulamiento. Algo que de primeras luce completamente alejado de la violencia bélica, los roces entre grupos delincuenciales y disputas por hegemonías de algún cártel.

Recordemos que en enero, en Villa Satélite en Culiacán, fue encontrada una mujer asesinada a golpes, dejada sin vida en plena vía pública. Otro contexto presumiblemente distante a cuestiones de delincuencia organizada.

En las cifras de incidencia delictiva, de reportes a los números de emergencia, de audiencias agendadas en las sedes judiciales, y demás mediciones de inseguridad, son encabezadas por delitos de índole intrafamiliar, de género.

Lo registrado este miércoles en Navolato no es algo ni mucho menos aislado, son tendencias, padecimientos que ya se tenían antes y solo se agravan cuando el sistema está más saturado que nunca.

Decir o pensar que la situación de inseguridad en la región se solucionará el día que finalice (porque lo hará) la pugna de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, es tratar de ignorar que en este Estado también está presente, y mucho desafortunadamente, la violencia contra la mujer, que en ocasiones expone un recrudecimiento tan alarmante que impacta a los más apáticos.

¡FOUL!... El secretario del Cobaes, Jaime Montes Salas, presumió en redes sociales un recorrido por Badiraguato acompañado de López Obrador hace seis años... se le olvidó poner que en uno de esos recorridos se encontraron con la mamá de “El Chapo” Guzmán y el Presidente hasta la saludó de mano.