Malecón

Culiacán vuelve a marchar porque la paz todavía no llega

Otra vez Culiacán se va a poner los tenis para marchar por la paz.

Aquí están los mismos de la otra vez, a dos años de aquella crisis que comenzó el 9 de septiembre de 2024, convocando nuevamente a la gente para pedir poder vivir tranquilos.

La segunda Marcha por la Paz “Culiacán Ponte de Pie” será el 13 de septiembre. Saldrá de La Lomita rumbo a Catedral. De preferencia de blanco.

La primera marcha reunió, según los organizadores, a miles de personas y 60 colectivos. Ahora quieren duplicar la cifra. No porque a Culiacán le encante marchar, sino porque la crisis tampoco parece tener muchas ganas de irse.

Además, quienes convocan dicen que ya buscaron a las autoridades para plantear propuestas sobre seguridad y economía, pero que no han sido escuchados. O sea, primero se pide diálogo y, cuando no llega, toca salir a la calle.

También aclararon que no es una marcha para promover candidaturas ni partidos. Pero sí reconocen que es un proceso político, porque exigirle resultados al Gobierno también es hacer política, dijo el Chef Miguel Taniyama.

Quizá lo más importante de esta segunda convocatoria no sea cuánta gente llegue a Catedral, sino lo que ocurra después. Porque llenar una avenida un domingo puede ser una imagen poderosa, pero la paz no se construye con una foto aérea ni con miles de personas vestidas de blanco.

Culiacán ya marchó una vez. Ahora vuelve a hacerlo. Y si dentro de un año seguimos convocando a otra marcha para pedir lo mismo, entonces la pregunta ya no será cuánta gente salió a la calle sino cuánto tiempo más tendrá que salir la sociedad para que alguien, finalmente, la escuche.

Así cuándo

“Lo que pasa es que la expresión de las personas, la expresión de las personas cuando lo dicen, eso es lo dantesco y exagerado, las cifras están, eso no lo podemos negar, lo que sí le pedí yo al Vicefiscal que me diera por favor cuáles son las cifras porque yo las quiero conocer, para dar exactamente cifras correctas”.

Con esta sola frase que dio ayer en entrevista la Alcaldesa de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, se muestra ella y todo el Gobierno de cuerpo entero ante la situación que atravesamos en el puerto y la entidad con la persistente ola violenta.

Aquí lo importante es analizar el impacto que el discurso público y la gestión de la información oficial tienen en la percepción de la seguridad ciudadana.

La respuesta de la administración municipal ante el clima de inseguridad plantea serias interrogantes sobre el manejo de la crisis y la relación de las autoridades con la ciudadanía.

Primero que nada, es una descarada minimización de la percepción ciudadana. Definir la preocupación de la población como “dantesca y exagerada” dista de mostrar empatía hacia la experiencia cotidiana de los habitantes.

La narrativa de los mazatlecos refleja el temor real de la comunidad frente a la violencia, por lo que desacreditar la reacción social se interpreta como una falta de sensibilidad institucional.

Pero no sólo eso, la declaración refleja un desconocimiento de los datos propios. Y es que resulta contradictorio afirmar que “las cifras están ahí” y, casi en la misma frase, admitir que se deben solicitar a la Vicefiscalía para poder conocerlas.

¿Es en serio, Alcaldesa? ¿Desconoce cuántos ciudadanos de Mazatlán han sido asesinados en estos días, cada día, cada semana, en el último mes?

No se le olvide, maestra Minerva, que quienes encabezan la administración pública requieren acceso constante y actualizado a los indicadores de seguridad para diseñar e implementar estrategias efectivas.

Y luego remata la Presidenta Municipal con la bandera de la transparencia, como descubriendo el hilo negro.

La transparencia, la comunicación, la precisión en los datos son elementos fundamentales para la rendición de cuentas. Lo que también parece estar descubriendo apenas la Alcaldesa porteña, que no por ser sustituta tiene justificación.

Es que parece que a la autoridad se le olvidan sus prioridades. Sus obligaciones deben centrarse en la contención de los delitos, y en ofrecer certeza y protección a la ciudadanía, más allá del debate sobre cómo se reportan los hechos en el discurso público, o de si la gente es exagerada o no al hablar del tema.

¡Qué esperanza tenemos los ciudadanos con funcionarias y funcionarios tan cortitos de miras!

Dos años esperando y todavía hay que tener paciencia

En Sinaloa, hasta para conseguir atención para un niño con autismo hay que tener paciencia. Mucha paciencia.

Una madre de familia exhibió en redes sociales el viacrucis que vivió con el Centro de Autismo de Sinaloa, después de esperar durante dos años para que su hijo pudiera acceder a terapias.

Cuando finalmente le dieron una cita, acudió. El problema es que, al llegar, en el CAS aparentemente nadie sabía de ella.

Y ahí comenzó el clásico peregrinar de la burocracia: que no estaba registrada, que la cita era después, que quién le había llamado, que con quién había hablado.

Es decir, en lugar de resolver el problema, primero había que encontrar al culpable.

Y como suele ocurrir en estos casos, el ciudadano queda en medio: si insiste, “hace problema”; si se va, perdió la oportunidad; si reclama, resulta que quizá entendió mal.

Qué cómodo.

La madre, además, acudió en medio del duelo por la muerte de su abuela. Gastó dinero que, según cuenta, tiene perfectamente contado. Y aun así la respuesta institucional fue básicamente: si quiere, espere.

Después de dos años.

Hay algo profundamente equivocado cuando una familia tiene que esperar años por terapias y, cuando finalmente consigue una cita, todavía tiene que pelear para que alguien reconozca que hubo un error.

Porque el problema del CAS no debería reducirse a si una cita estaba anotada a las 10 o a la 1.

El problema es la manera en que se trata a las familias.

Las instituciones que atienden a personas con discapacidad deberían ser precisamente de las que más cuidado tengan con la atención humana. No puede ser que el primer obstáculo para acceder a un servicio sea la propia institución encargada de proporcionarlo.

Y aquí hay una pregunta que alguien en el Gobierno del Estado tendría que contestar:

¿Cuántas familias están pasando por lo mismo y simplemente no tienen una red social para denunciarlo?

Porque esa es la parte que no sabemos.

Una publicación puede exhibir un caso. Pero también puede revelar un problema mucho más grande.

Y si el CAS considera que todo funcionó correctamente, que lo explique.

Pero si hubo un error, lo mínimo sería reconocerlo.

No hacer que una madre que lleva dos años esperando atención termine sintiéndose como si fuera ella la que estuviera equivocada.

Porque para las familias, esos dos años no son una cifra.

Son dos años de espera.

¡FOUL!... Según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sinaloa perdió $9 mil millones debido a la reducción de ¡casi 9 por ciento de superficie cultivada!