La pesca en Sinaloa vive uno de sus momentos más complicados: crisis en altamar, bajos precios, combustibles impagables, inspección deficiente, pescadores endeudados y comunidades enteras sobreviviendo apenas entre apoyos temporales y promesas sexenales. Pero en medio de ese panorama, la noticia oficial celebra que la Secretaria de Pesca estatal, Flor Emilia Guerra Mena, fue electa presidenta de la Asociación Nacional de Titulares de Acuacultura y Pesca.

Y ahí es donde aparece la pregunta inevitable: ¿qué resultados en Sinaloa respaldan ese ascenso?

Porque mientras se hablaba de “desarrollo sostenible”, “productividad” y “fortalecimiento del sector”, en Sinaloa la realidad pesquera parece ir en sentido contrario. Basta recorrer campos pesqueros para escuchar el mismo reclamo: abandono. Abandono federal, sí, pero también estatal.

La actividad pesquera sinaloense arrastra años de crisis sin que exista una política contundente capaz de revertirla. Los pescadores siguen enfrentando la captura ilegal, la falta de vigilancia, motores detenidos por el alto costo del diesel marino y temporadas cada vez menos rentables. Las cooperativas sobreviven como pueden y muchos jóvenes simplemente están dejando la actividad.

En ese contexto, la elección de Guerra Mena abre más dudas que aplausos.

Porque una presidencia nacional debería construirse sobre resultados tangibles, no solamente sobre discursos de coordinación institucional. Y hasta ahora, cuesta identificar una transformación de fondo en la pesca sinaloense durante su gestión.

El comunicado presume acuerdos, mesas de trabajo y agendas conjuntas, pero en los campos pesqueros las urgencias son mucho más concretas: ingresos, seguridad, inspección y mercado. Ahí es donde las autoridades suelen quedarse cortas.

Porque los cargos nacionales pueden dar reflectores. Lo difícil sigue siendo dar resultados en casa.

Que 180 estudiantes hayan tenido que cambiar de escuela por violencia es la grave normalización del desplazamiento forzado en Sinaloa.

El problema ya no es solamente la inseguridad o los enfrentamientos en ciertas comunidades, sino cómo esa violencia está alterando la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes al grado de obligarlos a abandonar sus hogares, sus escuelas y su entorno.

La situación también evidencia una falla estructural del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad en zonas como Tepuche o Potrero de los Ibarra.

Aunque la SEPyC presume la reubicación de estudiantes como una medida de atención, en realidad se trata de una respuesta reactiva frente a un problema que sigue creciendo.

Cambiar a los alumnos de plantel no resuelve el origen del desplazamiento ni el miedo con el que viven muchas familias.

Además, reducir el tema a cifras administrativas invisibiliza el impacto emocional y social que viven los menores: perder amistades, interrumpir rutinas, cambiar de comunidad y adaptarse a nuevos entornos bajo un contexto de violencia. Incluso cuando continúan estudiando, el daño psicológico y la inestabilidad familiar pueden afectar su aprendizaje y desarrollo.

También preocupa que las autoridades hablen de evaluar la deserción escolar “al final del ciclo”, cuando el desplazamiento ya es una realidad presente. Muchas veces las estadísticas oficiales tardan en reflejar el tamaño real del problema, sobre todo en comunidades donde las familias salen de forma apresurada o sin notificar formalmente a las instituciones.

El hecho de que ya existan escuelas receptoras para población desplazada muestra que el fenómeno empezó a institucionalizarse.

Eso debería generar una discusión más profunda sobre seguridad, abandono de comunidades rurales y protección de derechos de la infancia en Sinaloa.

Impresionante que hayan sido hasta 180 alumnos los que hayan sido reubicados por culpa de la violencia desde los poblados de Tepuche y El Potrero de los Ibarra, como confirmó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

Y es lo más lógico que uno podría esperar, pues ni modo que no seamos, tengamos o sepamos de padres de familia que hayan tenido que tomar estas decisiones en medio de una crisis de violencia como esta a la que sobrevivimos desde el pasado 9 de septiembre de 2024 con el estallido de la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa.

Ah, pero ahí andaban los de la SEPyC y los maestros comisionados al sindicato, aferrados a querer tapar el sol con un dedo, queriendo esconder la realidad de lugares como la sierra de Badiraguato, escondiendo maestros desplazados en oficinas de la zona, o negando que no existen condiciones en Villa Juárez para dar clases de manera presencial.

Lo de Tepuche y el Potrero por lo menos ya es una avance grande que lo hayan admitido, e informado como se debe, porque al final el gran problema de esto es cómo ajustar las cosas para no dejar a los alumnos sin el servicio o el derecho a la educación.

Que no pase, como vimos la semana pasada, lo que ocurrió en Las Víboras.

Sabuesos Guerreras parece haber dado en el blanco una vez más con el hallazgo de otro punto en el que hasta la tarde de ayer se habían confirmado ya cinco fosas clandestinas.

Llegar al lugar no es difícil, más bien es seguir una serie de caminos sacacosechas en la zona rural en las inmediaciones de Pericos, en el municipio de Mocorito.

Es un área enmontada y árida, sin más árboles que los de espinas y muy pocos que den sombra más allá del metro y medio.

Sabuesos Guerreras, el colectivo, llegó al lugar por avisos el martes, y de inmediato dieron la señal de positivo, por lo que este miércoles llegó la caballería de la Coordinación General de Trabajos Periciales de la Fiscalía General del Estado y un trascabo para ayudar con las excavaciones.

Y fue justamente este miércoles que el grupo supo, a partir de los trabajos de los peritos, que hay más fosas y más restos humanos de los que habían hallado los activistas.

Lamentablemente, otra vez, tuvieron razón y habrá que sumar más fosas clandestinas a nuestro ya de por sí estado golpeado por el narcotráfico.

La buena noticia es que habrá familias que terminen aquí sus búsquedas y esperas.

¡FOUL!... La dirigencia estatal del PRI lanzó este miércoles, desde Ahome, un llamado para conformar un bloque contra Morena por ¡entregar Sinaloa al narco! Como si históricamente estuvieran libres de pecado.