La estrategia de proximidad social militar en Culiacán revela un desencuentro profundo entre el discurso oficial y la percepción ciudadana. Aunque las autoridades insisten en que la presencia del Ejército busca brindar cercanía y seguridad, lo que se recoge en las calles es miedo, incomodidad y desconfianza.

Lo que debía ser un símbolo de protección se ha convertido, para muchos, en una señal de alarma. No por desconocimiento o rechazo automático a las instituciones, sino porque la experiencia en Sinaloa, y particularmente en Culiacán, ha enseñado que los despliegues armados no siempre son sinónimo de paz. Muchas veces, son el preludio de enfrentamientos.

Cuando una joven expresa que le da pendiente “un agarre aquí cerca”, o un trabajador dice “aquí se van a agarrar”, no es paranoia. Es memoria colectiva. Es la herencia de operativos fallidos, de balaceras a plena luz del día, de recorridos militares que no previenen, sino que presagian conflicto.

La ciudadanía no rechaza la seguridad, rechaza el tipo de seguridad que no considera su contexto ni su historia. Los testimonios recopilados por Noroeste demuestran que la cercanía impuesta con armas largas en espacios civiles no genera confianza, sino tensión. Cuando la presencia militar en una plazuela pública activa el temor en lugar de la tranquilidad, es hora de revisar la estrategia.

La distancia no siempre es física. Puede ser también emocional, simbólica. Y en este caso, aunque los soldados caminen entre la gente, la brecha entre ellos y la población sigue tan grande como siempre.

El reto, entonces, no está en estar cerca, sino en saber cómo estar cerca. Porque de lo contrario, la estrategia de proximidad social seguirá siendo sólo un eslogan con uniforme y fusil.

Uniformes nuevos, botas, cascos, escudos y patrullas están en la lista de compras del Gobierno de Sinaloa para este verano. En total, se alistan adquisiciones para mejorar la imagen y protección de policías estatales y municipales, justo cuando las cifras de violencia no han dejado de apretar el paso desde el segundo semestre del 2024.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública será el encargado de ejecutar las compras con recursos federales, en un proceso dividido en dos licitaciones: una para ropa táctica y otra para equipo balístico.

¿El pedido? Miles de pantalones, camisas, gorras y botas para las distintas corporaciones incluidos custodios penitenciarios y poco más de un centenar de chalecos y cascos balísticos, además de cinco escudos.

Y como en Sinaloa todo es de altas dimensiones, las compras no terminan ahí. En paralelo avanza la adquisición de 27 patrullas pick up modelo 2025, 19 para policías municipales y ocho para la Estatal Preventiva, que deberán llegar ya equipadas y listas para su despliegue.

A esto se suma el fortalecimiento del sistema de videovigilancia con 285 cámaras nuevas, postes de hasta 15 metros de altura y más de seis kilómetros de cable. Todo, se entiende, en nombre de la seguridad.

Pero mientras el gasto corre, también corren los días sin que bajen los niveles de violencia. Los homicidios, los ataques armados y las desapariciones siguen configurando el escenario de fondo.

Y ahí la duda inevitable: ¿alcanzará con nuevos cascos y camionetas, que siempre sirven, para contener una crisis que, hasta ahora, parece necesitar más bien policías que equipamiento?

La Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, que encabeza el profesor Oscar Loza Ochoa, informó que la Fiscalía General de Sinaloa acumula ya 12 quejas por retrasos en investigaciones de crímenes en nuestro estado.

Según su informe anual 2024, hay documentados 12 recomendaciones dirigidas a la Fiscalía estatal por dilación e irregularidades en la integración de carpetas, con casos que datan desde 2009 hasta 2024.

Entre los casos más graves están el hecho de que sus colaboradores mantuvieron inactivas por años dos carpetas relacionadas con fraude y abuso de confianza.

El informe especifica que las denuncias habían sido presentadas desde 2019, pero no hubo avances sustanciales, lo que motivó una queja por dilación procesal.

Otra caso resultó tras la emisión de una recomendación por una denuncia por daños y amenazas interpuesta en noviembre de 2020; llegó el momento que para 2023, la carpeta continuaba sin avances significativos, en estado de investigación inicial y sin atención por parte del Ministerio Público.

Otra recomendación fue por hechos ocurridos también en 2019, tras una denuncia por delitos de falsificación y uso indebido de documentos, pero la autoridad tardó más de dos años en convertir la denuncia en carpeta de investigación, y omitió realizar diligencias básicas.

También se identificaron omisiones periciales, como en una carpeta abierta desde agosto de 2023, en que las autoridades no incorporaron dictámenes clave al expediente, pese a que fueron solicitados con antelación, lo que impidió el avance de la investigación.

Y también hubo otros en otros expedientes se acreditaron integraciones irregulares y demoras sin justificación, además de la falta de notificaciones a las víctimas sobre el estado de sus casos.

Lo grave es que en estos casos las denuncias eran de familiares que fueron desaparecidos.

Hay otros casos en los que se nota más la relajación exacerbada en casos tan sensibles como este de las desapariciones.

Por eso es tan importante no contratar al que sea, pues abunda también gente sin perfil en puestos de tomas de decisiones como ocurre en departamento para negar peticiones tan absurdas como en transparencia, que está escrito en la ley y aún se oponen.

Pero bueno, aún hay mucho que aprender.