Apenas cerramos el segundo mes de 2026 y en los pasillos de la Fiscalía General del Estado ya se preparan las fanfarrias y el discurso oficial, que tanto le gusta a la autoridad, seguramente presumirá que el robo de vehículos va de gane contra la delincuencia.

Los números dicen que en este primer bimestre se denunciaron mil 019 despojos, según datos del Secretariado Federal, una cifra menor frente a los mil 244 del mismo periodo en 2025.

En el papel, el promedio diario bajó de 18.9 en enero a 15.5 casos en febrero, pero antes de que saquen el confeti, habría que preguntarse: ¿realmente hay más seguridad o los delincuentes simplemente están cambiando por la falta de unidades que valgan la pena el riesgo?

Mientras el robo de carros baja, la mala noticia es que la delincuencia se está poniendo más agresiva y el robo violento no sólo no bajó, sino que dio un salto de 63 casos en enero pasamos a 83 en febrero del 2026.

En total, 146 incidentes violentos en el bimestre contra los 103 del año pasado, es decir, nos roban ligeramente menos autos, pero cuando nos roban, el susto y el riesgo de no contarla es mucho mayor.

Al parecer, la estrategia de abrazos o lo que sea que estén aplicando no está quitándole lo bravo a los malandrines.

Si usted pensaba que encerrarse en su casa era la solución, piénselo dos veces, ya que las estadísticas muestran que el robo a casa habitación dio un brinco preocupante de un mes a otro, porque en enero se registraron 28 casos, pero para febrero del 2026 la cifra subió a 42, no cabe duda de que los amantes de lo ajeno andan muy activos visitando hogares mientras la autoridad sigue ocupada sumando y restando en sus hojas de Excel.

En el sector comercial parece haber un respiro, con una baja de 145 a 124 casos entre enero y febrero del 2026, pero no nos engañemos, cerrar el bimestre con 269 comercios asaltados sigue siendo peligroso para cualquiera que quiera emprender en Sinaloa.

El banderazo en Altata sonó fuerte. Arrancó el Programa de Inspección y Vigilancia 2026 con una bolsa estatal de 15 millones de pesos y el discurso de proteger el ciclo reproductivo del camarón en plena veda del Pacífico. La Secretaria Flor Emilia Guerra Mena habló de sustentabilidad, de cuidar bahías y esteros, de pensar en el mañana. Todo correcto. El problema es que, para miles de pescadores, el mañana sigue sin resolverse.

Quince millones de pesos para 17 municipios y 52 organizaciones suena a cifra relevante hasta que se pone en perspectiva. Sinaloa tiene uno de los litorales más productivos del País y comunidades enteras cuya economía depende casi exclusivamente de la captura de camarón. Si se distribuye el monto entre municipios, organizaciones, gasolina para recorridos, viáticos, equipos y operativos en altamar, el recurso se diluye con rapidez. La vigilancia es necesaria, sí, pero no sustituye el apoyo directo al ingreso del pescador que pasa semanas sin poder salir a trabajar.

El mensaje institucional insiste en que la inspección es “un respiro” para los sistemas lagunares. Nadie discute la importancia de respetar la veda. El propio sector sabe que sin reproducción no hay próxima temporada. Lo que sí se cuestiona es la desproporción entre el énfasis en vigilar y el tamaño de los apoyos económicos reales para quienes asumen el costo de parar la actividad.

Desde el Gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, se han impulsado programas como motores marinos o el Bienpesca estatal. Sin embargo, el reclamo recurrente en los campos pesqueros no es sólo equipamiento, sino ingresos suficientes y oportunos durante la veda, créditos blandos, infraestructura de frío, precios justos y combate efectivo al intermediarismo que reduce ganancias.

La vigilancia combate la pesca ilegal, pero no combate la precariedad. Y en muchos campos pesqueros lo urgente no es sólo que nadie saque camarón a destiempo, sino que haya alternativas productivas mientras dura la prohibición. De poco sirve el operativo si el pescador formal, que sí respeta la ley, termina más golpeado económicamente que el furtivo que logra evadir retenes.

El Alcalde de Navolato habló de coordinación y compromiso. La coordinación es clave, pero el sector pesquero no vive de banderazos. Vive de capturas, de precios estables y de apoyos que alcancen para sostener a la familia durante la veda. Si el presupuesto para vigilancia crece, también tendría que crecer el respaldo social.

Cuidar el camarón es indispensable. Cuidar al pescador, también. Hoy el discurso oficial presume orden y sustentabilidad; lo que falta demostrar es que el apoyo al sector no se quede corto frente a la magnitud de la crisis económica que enfrentan las comunidades ribereñas. Porque sin pescadores, tampoco habrá a quién vigilar.

Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a “analizar” por un supuesto error del Congreso de Sinaloa. Supuesto, entre comillas, porque el detallito podría significar que Gerardo Vargas Landeros regrese como si nada al Ayuntamiento de Ahome.

Sí, así como lo oye.

El Congreso lo desaforó en mayo de 2025 para que la Fiscalía lo investigara por el arrendamiento de 135 patrullas por 161 millones de pesos y una consultora por otros 33 millones para hacer trámites ante el SAT. Pero ahora el problema no son los millones. El problema es que, al parecer, no invitaron formalmente al Ayuntamiento a la fiesta del desafuero.

Un tecnicismo con consecuencias deluxe.

El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García dice básicamente: “Oigan, sí podían quitarlo, pero tenían que avisarle al Ayuntamiento como órgano colegiado, no solo al alcalde en lo individual”.

O sea, lo citaron a él para defenderse, pero no al Ayuntamiento como institución. Error de forma. Pecado procesal. Falta administrativa con premio mayor.

Porque si el Pleno le da la razón, el Acuerdo 80 del Congreso quedaría inválido. Y entonces Vargas volvería al cargo. No porque se haya declarado inocente. No porque las acusaciones se hayan desvanecido. Sino porque alguien no mandó el oficio correcto al destinatario correcto.

La Corte incluso aclara que no habría efectos retroactivos. Es decir, lo que hizo el alcalde sustituto se queda como está. Aquí no pasó nada. Solo fue un pequeño “ups” legislativo.

Y mientras tanto, la discusión se aplazó. Porque claro, estas cosas se toman su tiempo.

Así que el mensaje es más o menos este: puedes estar acusado por contratos millonarios cuestionados, pero si el Congreso se equivoca en el procedimiento, la puerta de regreso se abre.

No es magia. Es derecho procesal.

Y en Sinaloa, al parecer, los errores de trámite pueden valer más que 194 millones de pesos.

Nos enteramos casi de rebote la muy misteriosa visita de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, al puerto de Mazatlán, en donde sostuvo una reunión con autoridades estatales, municipales y militares.

Y misteriosa no porque sea algo malo, sino porque sorprendió por ser después de un par de días de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al contrario, la llegada de Godoy representa un buen síntoma, sobre todo después de las situaciones tan difíciles que han ocurrido acá en Mazatlán.

Sobre todo no es porque sea cualquier funcionaria, sino que representa la fuerza del Estado para perseguir los delitos y buscar y acusar a los responsables.

No hace mucha falta hacer un recuento completo de lo pasado en el sur.

Lo positivo, más allá de que haya realizado su visita de manera muy callada, es el discurso que alcanzamos a rescatar desde la oficina de prensa: No hay mejor prevención que la ausencia de impunidad.

Además de elogiar el trabajo en conjunto que se ha realizado en la zona, de parte de las autoridades de los diferentes niveles.

Esperemos, entonces, que esto de verdad mejore las cosas en esta zona del estado y que se note el cambio en la delegación de la FGR en materia de combate a la impunidad y la opacidad.

¡FOUL! En Culiacán, el dirigente municipal del PAN, Eduardo Ortiz, criticó el acarreo multitudinario de Morena al evento de la Presidenta Sheinbaum, ¡como si nadie lo hubiera hecho antes!

Apenas cerramos el segundo mes de 2026 y en los pasillos de la Fiscalía General del Estado ya se preparan las fanfarrias y el discurso oficial, que tanto le gusta a la autoridad, seguramente presumirá que el robo de vehículos va de gane contra la delincuencia.

Los números dicen que en este primer bimestre se denunciaron mil 019 despojos, según datos del Secretariado Federal, una cifra menor frente a los mil 244 del mismo periodo en 2025.

En el papel, el promedio diario bajó de 18.9 en enero a 15.5 casos en febrero, pero antes de que saquen el confeti, habría que preguntarse: ¿realmente hay más seguridad o los delincuentes simplemente están cambiando por la falta de unidades que valgan la pena el riesgo?

Mientras el robo de carros baja, la mala noticia es que la delincuencia se está poniendo más agresiva y el robo violento no sólo no bajó, sino que dio un salto de 63 casos en enero pasamos a 83 en febrero del 2026.

En total, 146 incidentes violentos en el bimestre contra los 103 del año pasado, es decir, nos roban ligeramente menos autos, pero cuando nos roban, el susto y el riesgo de no contarla es mucho mayor.

Al parecer, la estrategia de abrazos o lo que sea que estén aplicando no está quitándole lo bravo a los malandrines.

Si usted pensaba que encerrarse en su casa era la solución, piénselo dos veces, ya que las estadísticas muestran que el robo a casa habitación dio un brinco preocupante de un mes a otro, porque en enero se registraron 28 casos, pero para febrero del 2026 la cifra subió a 42, no cabe duda de que los amantes de lo ajeno andan muy activos visitando hogares mientras la autoridad sigue ocupada sumando y restando en sus hojas de Excel.

En el sector comercial parece haber un respiro, con una baja de 145 a 124 casos entre enero y febrero del 2026, pero no nos engañemos, cerrar el bimestre con 269 comercios asaltados sigue siendo peligroso para cualquiera que quiera emprender en Sinaloa.

El banderazo en Altata sonó fuerte. Arrancó el Programa de Inspección y Vigilancia 2026 con una bolsa estatal de 15 millones de pesos y el discurso de proteger el ciclo reproductivo del camarón en plena veda del Pacífico. La Secretaria Flor Emilia Guerra Mena habló de sustentabilidad, de cuidar bahías y esteros, de pensar en el mañana. Todo correcto. El problema es que, para miles de pescadores, el mañana sigue sin resolverse.

Quince millones de pesos para 17 municipios y 52 organizaciones suena a cifra relevante hasta que se pone en perspectiva. Sinaloa tiene uno de los litorales más productivos del País y comunidades enteras cuya economía depende casi exclusivamente de la captura de camarón. Si se distribuye el monto entre municipios, organizaciones, gasolina para recorridos, viáticos, equipos y operativos en altamar, el recurso se diluye con rapidez. La vigilancia es necesaria, sí, pero no sustituye el apoyo directo al ingreso del pescador que pasa semanas sin poder salir a trabajar.

El mensaje institucional insiste en que la inspección es “un respiro” para los sistemas lagunares. Nadie discute la importancia de respetar la veda. El propio sector sabe que sin reproducción no hay próxima temporada. Lo que sí se cuestiona es la desproporción entre el énfasis en vigilar y el tamaño de los apoyos económicos reales para quienes asumen el costo de parar la actividad.

Desde el Gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, se han impulsado programas como motores marinos o el Bienpesca estatal. Sin embargo, el reclamo recurrente en los campos pesqueros no es sólo equipamiento, sino ingresos suficientes y oportunos durante la veda, créditos blandos, infraestructura de frío, precios justos y combate efectivo al intermediarismo que reduce ganancias.

La vigilancia combate la pesca ilegal, pero no combate la precariedad. Y en muchos campos pesqueros lo urgente no es sólo que nadie saque camarón a destiempo, sino que haya alternativas productivas mientras dura la prohibición. De poco sirve el operativo si el pescador formal, que sí respeta la ley, termina más golpeado económicamente que el furtivo que logra evadir retenes.

El Alcalde de Navolato habló de coordinación y compromiso. La coordinación es clave, pero el sector pesquero no vive de banderazos. Vive de capturas, de precios estables y de apoyos que alcancen para sostener a la familia durante la veda. Si el presupuesto para vigilancia crece, también tendría que crecer el respaldo social.

Cuidar el camarón es indispensable. Cuidar al pescador, también. Hoy el discurso oficial presume orden y sustentabilidad; lo que falta demostrar es que el apoyo al sector no se quede corto frente a la magnitud de la crisis económica que enfrentan las comunidades ribereñas. Porque sin pescadores, tampoco habrá a quién vigilar.

Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a “analizar” por un supuesto error del Congreso de Sinaloa. Supuesto, entre comillas, porque el detallito podría significar que Gerardo Vargas Landeros regrese como si nada al Ayuntamiento de Ahome.

Sí, así como lo oye.

El Congreso lo desaforó en mayo de 2025 para que la Fiscalía lo investigara por el arrendamiento de 135 patrullas por 161 millones de pesos y una consultora por otros 33 millones para hacer trámites ante el SAT. Pero ahora el problema no son los millones. El problema es que, al parecer, no invitaron formalmente al Ayuntamiento a la fiesta del desafuero.

Un tecnicismo con consecuencias deluxe.

El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García dice básicamente: “Oigan, sí podían quitarlo, pero tenían que avisarle al Ayuntamiento como órgano colegiado, no solo al alcalde en lo individual”.

O sea, lo citaron a él para defenderse, pero no al Ayuntamiento como institución. Error de forma. Pecado procesal. Falta administrativa con premio mayor.

Porque si el Pleno le da la razón, el Acuerdo 80 del Congreso quedaría inválido. Y entonces Vargas volvería al cargo. No porque se haya declarado inocente. No porque las acusaciones se hayan desvanecido. Sino porque alguien no mandó el oficio correcto al destinatario correcto.

La Corte incluso aclara que no habría efectos retroactivos. Es decir, lo que hizo el alcalde sustituto se queda como está. Aquí no pasó nada. Solo fue un pequeño “ups” legislativo.

Y mientras tanto, la discusión se aplazó. Porque claro, estas cosas se toman su tiempo.

Así que el mensaje es más o menos este: puedes estar acusado por contratos millonarios cuestionados, pero si el Congreso se equivoca en el procedimiento, la puerta de regreso se abre.

No es magia. Es derecho procesal.

Y en Sinaloa, al parecer, los errores de trámite pueden valer más que 194 millones de pesos.

Nos enteramos casi de rebote la muy misteriosa visita de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, al puerto de Mazatlán, en donde sostuvo una reunión con autoridades estatales, municipales y militares.

Y misteriosa no porque sea algo malo, sino porque sorprendió por ser después de un par de días de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al contrario, la llegada de Godoy representa un buen síntoma, sobre todo después de las situaciones tan difíciles que han ocurrido acá en Mazatlán.

Sobre todo no es porque sea cualquier funcionaria, sino que representa la fuerza del Estado para perseguir los delitos y buscar y acusar a los responsables.

No hace mucha falta hacer un recuento completo de lo pasado en el sur.

Lo positivo, más allá de que haya realizado su visita de manera muy callada, es el discurso que alcanzamos a rescatar desde la oficina de prensa: No hay mejor prevención que la ausencia de impunidad.

Además de elogiar el trabajo en conjunto que se ha realizado en la zona, de parte de las autoridades de los diferentes niveles.

Esperemos, entonces, que esto de verdad mejore las cosas en esta zona del estado y que se note el cambio en la delegación de la FGR en materia de combate a la impunidad y la opacidad.

¡FOUL! En Culiacán, el dirigente municipal del PAN, Eduardo Ortiz, criticó el acarreo multitudinario de Morena al evento de la Presidenta Sheinbaum, ¡como si nadie lo hubiera hecho antes!