El Congreso de Sinaloa cayó en omisión al aprobar la ley de remuneraciones en 2019, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determinó hasta este 2025 pues así funciona la ley en el País.
Resulta que el Congreso de Sinaloa ideó que si dentro de los pagos a los empleados se le iba dinero de más al que dispersa la nómina, pues el empleado tenía que avisar o si no caía en omisión y podría ser congelado hasta por un año para no desempeñar cargos públicos.
Ahora resulta que los empleados le tienen que hacer la chamba a los patrones. Es lógico que si ocurre un error y se va dinero de más a la nómina de un trabajador algún proceso para que sea regresado debe existir, sin embargo es absurdo atribuirle toda la responsabilidad al empleado y no al funcionario que se le fue depositar de más.
El tema escaló a términos de violaciones de derechos humanos, y de la Comisión Estatal brincó a la Comisión Nacional, y a su vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entre tanta burocracia no fue hasta este mes de enero que la SCJN determinó que existían omisiones en la ejecución de la legislación.
Ante ello la SCJN dio reversa a las modificaciones de la ley y el Congreso de Sinaloa deberá volver a tomar el tema y volver a legislar al respecto, ahora con apego a garantizar los derechos humanos de los trabajadores.
Las primeras lluvias fuertes que se registraron desde la noche del viernes y mañana del sábado en Mazatlán y el sur de Sinaloa dejaron una alerta de lo que será esta temporada de lluvias.
El crucero de las avenidas Cruz Lizárraga y Lola Beltrán de nuevo quedó bajo el agua por varias horas e intransitable, y no hay que olvidar que en esas vialidades se siguen construyendo torres y condominios con cientos de departamentos, pero en la misma infraestructura pública pluvial.
Es ahí donde no se le ha invertido recursos económicos para evitar inundaciones.
El tiempo y las lluvias le recordarán al Gobierno lo que no son capaces de invertir por mejorar Mazatlán. Esperemos que sea eso y no una desgracia humana para que tomen en serio este gran problema.
Algo está pasando en el Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán, ya que en poco tiempo de la administración de Estrella Palacios Domínguez, ya hubo cambio de directora.
Haste el pasado jueves 19 de junio, Cindy Verónica Rodríguez Lizárraga era la directora y su desempeño se veía bueno, transmitía juventud y sabía lo que estaba haciendo en el IMJU.
Incluso en una de sus últimas entrevistas ante los medios de comunicación, Rodríguez Lizárraga hizo un llamado a tener conciencia y responsabilidad social, tanto a los jóvenes como a sus familiares, en el marco de la temporada de graduaciones y vacaciones de verano, para evitar situaciones de riesgo.
Quizás esta entrevista le costó el puesto, ya que es sabido que en la administración de Estrella Palacios a los funcionarios no les permiten hablar sin permiso del alto mando.
Bueno, pues el viernes 21, la Alcaldesa hizo cambios, le tomó protesta a Arantxa Fernanda Ahumada Rosas como la nueva titular.
Esperemos que no siga la política de secrecía en la actual administración.
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, insiste en que su enfoque está en construir la paz y no en aspiraciones políticas rumbo a 2027. Curiosamente, es la misma narrativa que usó cuando se le cuestionó si buscaría competir por la Alcaldía en 2024.
De palabra niega aspiraciones políticas pero entre los funcionarios de primer nivel se observa el trabajo tendiente a conseguir la candidatura.
Hoy, desde una ciudad con policías asesinados, más de 500 delitos de alto impacto en seis meses y cerca de mil 800 negocios cerrados por la violencia, según comerciantes, Gámez Mendívil repite el discurso del deslinde.
Y si el argumento es que “aunque concluya la violencia, la reconstrucción tomará tiempo”, entonces cabe preguntarse: ¿cuándo comenzará esa reconstrucción? ¿Y cuánto tiempo más se sostendrá una narrativa que ya no alcanza?
Lo que queda claro es que dada la debilidad de la Oposición, la elección en Morena ya empezó.
En medio de una crisis qué propició el reclamo de activistas que buscan a familiares desaparecidos, contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa, el Congreso de Sinaloa lanzó la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del organismo.
Este consejo será un órgano colegiado de participación ciudadana que tendrá como función principal “aconsejar” al Presidente de la CEDH sobre las determinaciones que fija la ley.
Lo de “aconsejar” lo ponemos entre comillas porque sabemos muy bien de la experiencia que tiene Loza Ochoa en estos menesteres.
Y sobre la crisis, también entendemos los niveles de desesperación y dolor que cargan los activistas de temas tan sensibles como la búsqueda de familiares desaparecidos.
Sin embargo, es obvio que hay instituciones que deben resolver estos asuntos, más que verlos en los medios de comunicación.
De hecho, la convocatoria es una buena oportunidad para que aquellos que sientan qué la CEDH no funciona como debería, participen en algo más para hacer críticas constructivas, propuestas y sugerencias.
La convocatoria, insistimos, está dirigida a organizaciones sociales, organismos públicos y privados, así como a defensores y promotores de derechos humanos con presencia en el estado, quienes podrán postular a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de consejeros por un periodo de dos años, con posibilidad de una reelección.
Este proceso tendrá que pasar por una consulta pública y pues obvio con la venia y bendición del Congreso más guinda que ha habido en la historia, de mayoría morenista.
La verdad es que aunque nosotros cumplimos con la intención de promover la participación, por esto último también entendemos que pueda prestarse a simulación como un montón de cosas que luego los de Morena echan a perder.
A ver qué sale.