Las historias de abuso de autoridad por policías federales y militares en Sinaloa son un patrón que se normaliza bajo la sombra de una crisis de seguridad prolongada.

Lo que le ocurrió con Cristian, un joven golpeado, amenazado y asaltado por los policías de Harfuch porque presuntamente su casa era un “punto”, no aparece en ninguna estadística porque decidió no denunciar, como muchas otras víctimas que temen represalias.

Los datos de la CNDH revelan que Sinaloa lidera el País en señalamientos contra elementos federales por uso arbitrario de la fuerza.

Sin embargo, el sistema ni siquiera registra a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pese a episodios como el de Cristian. Esa ausencia distorsiona el panorama y muestra que, incluso para medir los abusos, hay zonas oscuras.

El incremento de expedientes en 2024 y 2025 coincide con la llegada masiva de fuerzas federales. La presencia de más militares y marinos no sólo no frenó las violaciones, sino que amplió los señalamientos.

Esto nos obliga a cuestionar una estrategia que deposita la seguridad civil en instituciones armadas que no siempre actúan bajo estándares de transparencia ni rendición de cuentas.

En Sinaloa, el problema ya no es sólo la violencia criminal, sino la incapacidad del Estado para autocorregirse.

Si los abusos crecen y la información es incompleta, la ciudadanía queda atrapada entre dos fuegos: el de los grupos armados y el de quienes deberían protegerla.

En el Cuarto Informe de Rubén Rocha Moya hubo muchas sillas ocupadas... y un par que brillaron por su vacío. Ambrosio Chávez Chávez y Pedro Alonso Villegas Lobo nomás no se presentaron.

Del primero, todo indica que fueron asuntos personales, pero del segundo la cosa huele más a postura política que a agenda apretada. Y es que en los pasillos del Congreso se comenta que el estandarte de Villegas Lobo ya no ondea para Rocha, sino para Imelda Castro Castro, a quien varios han visto cortejando políticamente desde hace meses. Que el Diputado anda haciendo mudanza de grupo, pues.

Pero lo realmente curioso es que, con tantos años en el Congreso, uno esperaría que este distanciamiento político viniera acompañado de un legado, un proyecto, algo que presumir. Pero no. Cuando termine su actual periodo, Villegas Lobo sumará 12 años como Legislador. Una docena completita. Y si alguien se pregunta qué ha hecho de provecho... pues que pase la lista, porque no aparece nada claro.

Lo único que sigue sacudiendo de vez en cuando es su vieja, pero vieja, bandera de los estacionamientos gratis en centros comerciales. Una propuesta ya más oxidada que la reja del Seguro viejo y que ha llevado de legislatura en legislatura sin concretar absolutamente nada. Doce años hablando del mismo tema y cero resultados: ni reforma, ni decreto, ni lineamientos, ni un triste avance. Nada.

Así que su ausencia en el informe no sólo fue un gesto político; también fue un recordatorio involuntario de su trayectoria: discreta, silenciosa y sin frutos. Eso sí, eso no le impide seguir apareciendo en eventos cuando conviene o cuando hay cámara. Pero cuando toca responder qué ha dejado como diputado... ahí sí aplica modo fantasma.

Mientras tanto, Rocha Moya dio su informe sin ellos. A Ambrosio Chávez se le disculpa. A Villegas Lobo, más que disculpa, se le pide inventario: 12 años de legislador y ni un estacionamiento gratis que mostrar.

Pero bueno, cada quien presume lo que tiene. Y hay quienes, por lo visto, prefieren presumir ausencias.

Al discurso de los militantes de la 4T, ya van a tener que quitarle eso de que no endeudan a la hora de presumir sus preceptos para gobernar.

Eso, por lo menos aquí en Sinaloa, ya que el Gobierno ya informó que buscará un nuevo crédito para rehabilitar penales en el 2026 .

Aunque también aclararon que este nuevo préstamo, a largo plazo, serviría también para parques y jardines comunitarios, infraestructura escolar y obras de servicios públicos.

Esto fue informado por el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho, al momento de que entregó al Congreso del Estado la solicitud de un nuevo crédito por 2 mil 200 millones de pesos para la obra pública en 2026.

Lo curioso es que se supone que habían dicho que no iban a endeudar a los gobiernos ahora que se había acabado la oportunidad para el prianismo.

Ya antes habíamos comentado sobre la situación de los penales en Sinaloa, que siempre fueron reprobados por las revisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo hubo un momento durante la administración de Quirino Ordaz que dejaron libres a muchos internos para desfogar los espacios y realizaron algunas inversiones para mejorar los penales, sobre todo en Aguaruto.

Pero este rubro si ha estado abandonado desde hace muchos, principalmente por el nivel de autogobierno que era evidente que existía, sobre todo por personajes ligados al Cártel de Sinaloa.

Cuando supimos de la información generada por el Secretario, nos emocionamos por creer que se haría algo más grande e importante, pero ya después explicó que pretenden intervenir en los centros de Aguaruto, en Culiacán; Goros II, en Ahome; y El Castillo, en Mazatlán, mediante trabajos de rehabilitación, remodelación y modernización tecnológica.

Y que en el paquete también incluye el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado, con una inversión de 200 millones de pesos.

Falta ver esas cómo se ejercen esas obras y sabremos que funcionan, cuando deje de haber muertes dentro de los penales y los esculques no encuentren nada.

Las historias de abuso de autoridad por policías federales y militares en Sinaloa son un patrón que se normaliza bajo la sombra de una crisis de seguridad prolongada.

Lo que le ocurrió con Cristian, un joven golpeado, amenazado y asaltado por los policías de Harfuch porque presuntamente su casa era un “punto”, no aparece en ninguna estadística porque decidió no denunciar, como muchas otras víctimas que temen represalias.

Los datos de la CNDH revelan que Sinaloa lidera el País en señalamientos contra elementos federales por uso arbitrario de la fuerza.

Sin embargo, el sistema ni siquiera registra a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pese a episodios como el de Cristian. Esa ausencia distorsiona el panorama y muestra que, incluso para medir los abusos, hay zonas oscuras.

El incremento de expedientes en 2024 y 2025 coincide con la llegada masiva de fuerzas federales. La presencia de más militares y marinos no sólo no frenó las violaciones, sino que amplió los señalamientos.

Esto nos obliga a cuestionar una estrategia que deposita la seguridad civil en instituciones armadas que no siempre actúan bajo estándares de transparencia ni rendición de cuentas.

En Sinaloa, el problema ya no es sólo la violencia criminal, sino la incapacidad del Estado para autocorregirse.

Si los abusos crecen y la información es incompleta, la ciudadanía queda atrapada entre dos fuegos: el de los grupos armados y el de quienes deberían protegerla.

En el Cuarto Informe de Rubén Rocha Moya hubo muchas sillas ocupadas... y un par que brillaron por su vacío. Ambrosio Chávez Chávez y Pedro Alonso Villegas Lobo nomás no se presentaron.

Del primero, todo indica que fueron asuntos personales, pero del segundo la cosa huele más a postura política que a agenda apretada. Y es que en los pasillos del Congreso se comenta que el estandarte de Villegas Lobo ya no ondea para Rocha, sino para Imelda Castro Castro, a quien varios han visto cortejando políticamente desde hace meses. Que el Diputado anda haciendo mudanza de grupo, pues.

Pero lo realmente curioso es que, con tantos años en el Congreso, uno esperaría que este distanciamiento político viniera acompañado de un legado, un proyecto, algo que presumir. Pero no. Cuando termine su actual periodo, Villegas Lobo sumará 12 años como Legislador. Una docena completita. Y si alguien se pregunta qué ha hecho de provecho... pues que pase la lista, porque no aparece nada claro.

Lo único que sigue sacudiendo de vez en cuando es su vieja, pero vieja, bandera de los estacionamientos gratis en centros comerciales. Una propuesta ya más oxidada que la reja del Seguro viejo y que ha llevado de legislatura en legislatura sin concretar absolutamente nada. Doce años hablando del mismo tema y cero resultados: ni reforma, ni decreto, ni lineamientos, ni un triste avance. Nada.

Así que su ausencia en el informe no sólo fue un gesto político; también fue un recordatorio involuntario de su trayectoria: discreta, silenciosa y sin frutos. Eso sí, eso no le impide seguir apareciendo en eventos cuando conviene o cuando hay cámara. Pero cuando toca responder qué ha dejado como diputado... ahí sí aplica modo fantasma.

Mientras tanto, Rocha Moya dio su informe sin ellos. A Ambrosio Chávez se le disculpa. A Villegas Lobo, más que disculpa, se le pide inventario: 12 años de legislador y ni un estacionamiento gratis que mostrar.

Pero bueno, cada quien presume lo que tiene. Y hay quienes, por lo visto, prefieren presumir ausencias.

Al discurso de los militantes de la 4T, ya van a tener que quitarle eso de que no endeudan a la hora de presumir sus preceptos para gobernar.

Eso, por lo menos aquí en Sinaloa, ya que el Gobierno ya informó que buscará un nuevo crédito para rehabilitar penales en el 2026 .

Aunque también aclararon que este nuevo préstamo, a largo plazo, serviría también para parques y jardines comunitarios, infraestructura escolar y obras de servicios públicos.

Esto fue informado por el Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo, Joaquín Alberto Landeros Güicho, al momento de que entregó al Congreso del Estado la solicitud de un nuevo crédito por 2 mil 200 millones de pesos para la obra pública en 2026.

Lo curioso es que se supone que habían dicho que no iban a endeudar a los gobiernos ahora que se había acabado la oportunidad para el prianismo.

Ya antes habíamos comentado sobre la situación de los penales en Sinaloa, que siempre fueron reprobados por las revisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo hubo un momento durante la administración de Quirino Ordaz que dejaron libres a muchos internos para desfogar los espacios y realizaron algunas inversiones para mejorar los penales, sobre todo en Aguaruto.

Pero este rubro si ha estado abandonado desde hace muchos, principalmente por el nivel de autogobierno que era evidente que existía, sobre todo por personajes ligados al Cártel de Sinaloa.

Cuando supimos de la información generada por el Secretario, nos emocionamos por creer que se haría algo más grande e importante, pero ya después explicó que pretenden intervenir en los centros de Aguaruto, en Culiacán; Goros II, en Ahome; y El Castillo, en Mazatlán, mediante trabajos de rehabilitación, remodelación y modernización tecnológica.

Y que en el paquete también incluye el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado, con una inversión de 200 millones de pesos.

Falta ver esas cómo se ejercen esas obras y sabremos que funcionan, cuando deje de haber muertes dentro de los penales y los esculques no encuentren nada.