Malecón

Trabajar para olvidar

En Badiraguato huir de la violencia no te convierte en víctima: te convierte en mano de obra disponible.

Al menos así se desprende del discurso del Alcalde José Paz López Elenes, quien celebra que casi la mitad de las personas desplazadas por la violencia del Triángulo Dorado ya “regresaron” o se han “incorporado” a la vida social y productiva del municipio o de Culiacán. El mensaje es claro: aquí no pasó nada grave y, si pasó, ya quedó atrás. Ahora toca trabajar.

Porque mientras el alcalde insiste en que el municipio está “tranquilo, estable y controlado”, las personas que huyeron del crimen organizado son reubicadas en un relato administrativo donde el problema ya no es la violencia que los expulsó, sino qué tan rápido pueden integrarse al mercado laboral.

El desplazamiento forzado se diluye en cifras optimistas: de 800 a 400. Un 50 por ciento de retorno. Números redondos para una tragedia irregular. No se habla de garantías de seguridad reales para quienes regresan, ni de condiciones verificables para hacerlo. Se habla de empleo, de productividad, de incorporarse. Como si trabajar fuera la solución al miedo.

El alcalde reconoce que muchas familias no regresan porque ya echaron raíces fuera o porque el temor persiste. Pero aún así, el discurso oficial empuja a normalizar el desarraigo: si no vuelven a la sierra, que se queden en la cabecera; si no, en Culiacán. El punto es que no estén “inactivos”. El desplazado ideal es el que no incomoda.

Incluso cuando se revelan fallas graves del Estado, niñas y niños sin acta de nacimiento, el énfasis no está en cómo fue posible que vivieran invisibles durante años, sino en que ahora, por fin, pueden ser contabilizados. Tienen identidad, sí, pero también la expectativa de integrarse pronto al engranaje productivo.

El problema de fondo no es que se busque empleo para quienes lo perdieron todo. El problema es que se pretenda cerrar el capítulo de la violencia con una oferta laboral, como si el trabajo sustituyera la justicia, la verdad y la seguridad.

Porque nadie huye de su comunidad por gusto. Y nadie regresa solo porque “ya se calmó”. Cuando el Gobierno presume retornos sin explicar cómo se garantiza que no habrá nuevos desplazamientos, el mensaje no es de paz: es de prisa por pasar página.

Badiraguato no necesita más discursos de normalidad. Necesita reconocer que mientras el crimen organizado siga marcando el ritmo de la vida en la sierra, cualquier retorno es frágil y cualquier integración forzada es una forma elegante de abandono.

Trabajar no debería ser la condición para olvidar. Y mucho menos para sobrevivir.

Muy concurrido y vigilado Mazatlán

A pesar de los hechos violentos en Mazatlán, la ciudad registra dinamismo económico, lo mismo se ve lleno en el tianguis de la colonia Juárez, que en las calles y negocios del Centro, y no se diga en las tiendas y plazas comerciales.

La gran mayoría busca los descuentos para realizar las compras navideñas de último momento.

Se nota que los mazatlecos están desesperados por tratar de volver al entorno cotidiano de “tranquilidad” que había hasta antes de la ola de violencia reciente.

Y hay que decirlo, se nota también vigilancia policiaca en la ciudad, aunque eso no ha impedido que se registren hechos violentos.

Entre los comentarios de los mazatlecos está el de festejar la Noche Buena y la Navidad en los hogares, tratar de no salir a exponerse a algún hecho violento, porque dicen que la cosa está “muy fea”.

Bien por las familias, esperemos que el Gobierno sigue brindando seguridad para todas las personas.

El “prietito” en el arroz

Los que siguen con sus abusos, son los choferes del transporte público en Mazatlán, llámese ecotaxis y aurigueros, quieren sacar la rendida con un solo viaje.

Para muestra dos casos. El primero, el de un grupo de cuatro personas que traían todo para hacer la posada. Piñata, dulces y hasta un pastel pequeño. Le pidieron traslado a un ecotaxi verde en plena calle Carvajal. Del Centro a la colonia Independencia, pues el chofer les dijo que les cobraba 150 pesos y se que se apuraran porque había “chamba”. Obvio que mejor las personas optaron por caminar, pues les iba a salir más caro el viaje que lo que pagaron por lo que llevaban.

Y el otro, el del chofer de una auriga. Una señora con su hija pequeña le solicitó traslado de un centro comercial de la avenida Insurgentes al Infonavit Jabalíes, llevaban un colchón pequeño para cuna, y pues resulta que no bajó de 300 pesos el viaje. También mejor esperaron otro servicio.

En fin. Autoridades de Vialidad y Transporte, ahí está un “foco rojo”, pues los transportistas siguen enterrando la uña contra las familias mazatlecas y ustedes dormidos. Perdón a lo mejor ya en sus casas disfrutando de vacaciones, pues son burócratas estatales.

Concentración que ya no sorprende

La reiteración de que Culiacán, Mazatlán y Navolato concentran casi siete de cada 10 delitos de alto impacto en Sinaloa dice menos de los municipios y más de la incapacidad institucional para alterar un patrón que se ha repetido por casi dos años de guerra.

La información nos confirma que los focos rojos están identificados desde hace tiempo y, aun así, las cifras no ceden.

Que Culiacán prácticamente duplique sus registros, que Navolato más que los doble y que Mazatlán mantenga una tendencia ascendente plantea preguntas incómodas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad.

No basta con señalar dónde se concentran los delitos si no se explica por qué las acciones implementadas no han logrado contenerlos.

También es necesario matizar el uso de estos datos oficiales.

Las cifras provienen de carpetas de investigación iniciadas, no de sentencias, lo que implica que el aumento puede estar asociado tanto a una mayor incidencia como a cambios en la denuncia o en la capacidad de registro de la Fiscalía.

Aun así, el hecho de que en solo diez meses de 2025 ya se haya superado todo el total de 2024 apunta a un problema estructural más profundo.

Sabemos que centrar el discurso únicamente en la concentración territorial corre el riesgo de normalizarla. Cuando tres municipios cargan de manera constante con la mayor parte de los delitos de alto impacto, la pregunta ya no es si lideran la estadística, sino cuánto tiempo más se aceptará ese liderazgo sin una revisión seria de las políticas públicas que, hasta ahora, no han logrado modificar el rumbo.