Malecón

¡Les estamos diciendo!

Increible que la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde salga a declarar, como a cada rato, que hay una mejora en la seguridad en Sinaloa, pues es evidente que seguimos con la crisis de homicidio doloso.

De hecho, nuestro estado aparece entre los estados con más homicidios.

Ayer, la Mandataria interina recalcó que la seguridad en el estado ha mejorado este 2026, luego de ser cuestionada sobre los datos presentados por el Gobierno federal, que detallan una reducción de 52 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el estado, tras comparar los picos registrados en junio de 2025 con julio de 2026.

Este martes, en la conferencia de prensa mañanera con la Presidente de la República Claudia Sheinbaum Pardo, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hizo la presentación de los números.

Pero pues esta declaración no tiene qué ver con lo que ocurre en Sinaloa, que todavía se mantiene entre las entidades con más homicidios del País.

Un dato que muestra la crisis es que de enero a julio de este año acumuló 735 víctimas, que representan 7.1 por ciento del total nacional y lo que lo coloca al estado en el cuarto lugar del País en este delito.Para Bonilla Valverde y su jefazo Rocha Moya esto es una manera de aprovechar, de tomar un poco de oxígeno fresco, y decir que a tirones y empujones esto va mejorando, aunque de poquito.

Mientras, las balaceras y ataques armados en Mazatlán siguen en las calles, se agravan el feminicidio con nuevos casos y en el norte hay preocupación con presencia de grupos criminales operando en las calles.

Según ellos, la mejoría es por su “vieja confiable”: la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y bla, bla, bla.

Lo peor es que Sheinbaum Pardo habla del pasado y asegura que la crisis, la problemática en Sinaloa “se vivió” durante 2024 y 2025.Casi por nada agarraron a 28 el fin de semana en Mazatlán y este martes anunciaron otros 10 detenidos, entre ellos siete colombianos. ¿Qué le decimos a la gente?, ¿que vienen al Carnaval?, pues si ¡ya pasó!

Sin lana y con cuentas por aclarar

La Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, dijo que antes de definir si el Gobierno de Sinaloa continuará entregando recursos al CIE, El Trapiche y el Teatro Ingenio de Los Mochis, sus administradores tendrán que transparentar en qué se gastaron los apoyos recibidos.

Y la petición, en principio, no tiene mayor ciencia pues si se trata de recursos públicos, hay que saber dónde terminaron. El detalle es que esta revisión llega cuando los tres espacios ya anunciaron que cerrarán sus puertas el 31 de agosto por falta de recursos.

La Gobernadora también puso sobre la mesa otro asunto de que aunque los recintos fueron construidos con inversión pública, actualmente son operados por particulares. Por eso cuestionó que el Gobierno siga destinando dinero público a espacios que no son propiedad estatal.

Una cosa es que un inmueble haya recibido inversión pública y otra que su operación cotidiana corresponda a una institución privada. La pregunta que queda en el aire es bajo qué condiciones se otorgaron esos apoyos, qué obligaciones tenían los administradores y qué mecanismos de comprobación existían.

Del otro lado está el cierre anunciado por Impulsora de la Cultura y las Artes IAP, que implicaría dejar sin operación al CIE, El Trapiche y el Teatro Ingenio, además de la desvinculación de alrededor de 95 trabajadores. No es poca cosa, pero tampoco convierte automáticamente en injustificada cualquier revisión del dinero público.

Mientras ambas partes tienen argumentos, falta algo bastante básico que es la información completa. Cuánto dinero recibieron los espacios, durante cuánto tiempo, en qué se gastó, qué se comprobó y bajo qué reglas se entregaron los recursos. Con esos datos se puede discutir si el apoyo público estaba justificado o si ya no lo está.

Tampoco se trata de aquello de “si antes les daban, que les sigan dando”. El dinero público no tiene dueño particular y debe justificarse. Pero tampoco basta con decir “son privados” para cerrar la discusión. Si hubo inversión pública desde su construcción y posteriormente recursos para su operación, habrá que explicar con claridad cuál fue el acuerdo y qué responsabilidades asumió cada parte.

Al final, toca pedir cuentas a ambos. Que se transparente el dinero público, que se explique el modelo de operación y que se informe qué pasará con los espacios y sus trabajadores. Porque entre el “ya no hay lana” y el “primero transparenten”, hay varios millones de pesos y una explicación que todavía falta.Estan cerca los equipos de definir un finalista.

Los llaman a cuentas

Sin tentar aro, este lunes tres productores agrícolas fueron citados a una audiencia pública para rendir declaraciones sobre su participación en la protesta por el campo en Culiacán de hace varias semanas.

Obvio que el proceso forma parte de una acusación en contra de estos tres agricultores, como seguramente luego serán otros, tras la toma y liberación de las casetas de cobro en la sindicatura de Costa Rica y el poblado El Pisal, ambas en el municipio de Culiacán y el centro del estado.

Según los documentos mostrados por uno de los líderes del movimiento, los citatorios, emitidos el 5 de agosto por la Célula B-I-3 de la FGR en Culiacán, establecen que los productores deberán presentarse ante la Fiscalía Federal para manifestar lo que a su derecho corresponda en relación con los hechos que dieron origen a una carpeta de investigación.

En uno de los documentos se fijó una comparecencia para el 10 de agosto, es decir el lunes, mientras que los otros dos se realizaron con fecha del día de ayer martes 11 de agosto. Sobre este caso, el líder agrícola Martín Lim confirmó que los tres productores fueron citados en relación con su participación en las manifestaciones realizadas en las casetas de Costa Rica y El Pisal.

Como se recordará estas movilizaciones tienen que ver con las realizadas por los sinaloenses en el llamado Paro nacional, durante jornadas de protesta de productores para exigir respuestas a las demandas del sector agrícola.

Con base en la experiencia de los líderes y los agricultores, es común que las autoridades busquen este tipo de acciones para intimidar y luego asustar a quien se encuentra harto de las injusticias y ha pensado en la movilización.Sabemos, pues, que eso pocas veces pasa aquí en Sinaloa... a ver qué sale.

¡FOUL! CIE, Trapiche y Teatro Ingenio anuncian cierre total de operaciones por falta de ¡recursos estatales!