Los mexicanos estamos deseosos y necesitados de buenas noticias y al menos anoche recibimos una: la tabasqueña Fátima Bosh obtuvo la corona de Miss Universo.

La verdad es que es brisa fresca en este mar de malas noticias en el que navegamos desde hace tiempo.

La mexicana llegó con aviada, pues desde el inicio del certamen confrontó al organizador principal de Miss Universo, que intentó degradarla, y Fátima lo puso en su lugar de una manera elegante y femenina, con lo que los seguidores y hasta no seguidores de este tipo de concursos se rindieron a sus pies vía redes sociales.

La corona no es cosa menor y la prueba es que solo cuatro mexicanas lo han logrado en la historia de estos concursos.

Así que al menos por hoy los mexicanos podemos estar orgullosos del papel que una compatriota tuvo a nivel internacional.

La Secretaría General de Gobierno de Sinaloa declaró que “desconoce” si se está cobrando piso en el estado. Y aquí es donde a cualquiera se le atora la respiración: ¿de verdad no saben? ¿O es más cómodo, más útil... o más seguro decir que no saben?

Porque fingir sorpresa ante un fenómeno que la ciudadanía conoce, padece y comenta en voz baja, porque en voz alta cuesta caro, es casi una burla. Es como voltear a ver el cielo en pleno julio y decir que no se tiene constancia de que el sol exista. O no querer admitirlo.

La declaración desnuda un problema mayor: si no lo saben, la pregunta es devastadora por sí misma. ¿Qué tipo de gestión pública permite desconocer un mecanismo tan extendido y tan dañino? ¿Qué clase de control institucional, de coordinación con seguridad pública, de lectura del territorio se tiene, si no han escuchado lo que hasta los taxistas, los repartidores y los tienderos saben?

Y si sí lo saben, porque claro que lo saben, entonces la opacidad se vuelve la cortina más gruesa del palacio. Y en esa penumbra, la confianza pública se desmorona como si fuera pan blanco olvidado bajo la lluvia.

En una entidad donde la gente calcula sus rutas, sus horarios y hasta sus silencios para evitar problemas, resulta ofensivo que la autoridad calcule sus respuestas para evitar admitirlos. La ciudadanía paga impuestos, no pretextos.

Pero bueno, quizá mañana vuelvan a “no tener conocimiento” de algo que todos saben. Y uno pensaría que lo siguiente será que tampoco conocen el desorden en los penales, ni el avance de los grupos en zonas rurales, ni las extorsiones disfrazadas de “cooperaciones” en algunas regiones.

Ignorar puede ser un error. Fingir ignorancia, en cambio, es una decisión.

Una que huele a incompetencia... o a opacidad. Y ninguna de las dos debería gobernar un estado.

La afirmación de Sebides de que “la mayoría” de las familias desplazadas en Sinaloa ya regresaron a sus comunidades llega sin números que permitan establecer si ese retorno es real, sostenido o seguro.

El propio titular de la dependencia que no precisa cuántas son esas familias, de qué municipios provienen y en qué condiciones están regresando.

En un fenómeno tan documentado, que implica riesgos, pérdida de patrimonio y rupturas comunitarias, hablar de “mayorías” sin cifras termina siendo una declaración difícil de verificar.

Además, mientras Omar López asegura haber encontrado una “cifra histórica” de 3 mil familias desplazadas, los datos públicos más recientes de la administración muestran otra fotografía: sólo en el último año se contabilizaron mil 763 nuevos desplazamientos por violencia, incluidos 652 casos en Culiacán y más de 200 en Badiraguato.

La diferencia entre lo que se reporta como histórico y lo que se reconoce como nuevo evidencia que la magnitud del problema no está cerrada; por el contrario, sigue creciendo.

El contraste también aparece en el propio discurso oficial: mientras se insiste en que “la mayoría” ya volvió, se reconoce que el desplazamiento es un fenómeno activo en prácticamente la mitad del estado, que sigue siendo “dinámico” y con familias que continúan saliendo hacia zonas urbanas como Culiacán y Mazatlán.

La narrativa del retorno parece adelantarse a un proceso que no tiene evidencia pública de haber concluido.

El señalamiento de que “todas” las familias atendidas en esta administración ya regresaron también queda sin sustento: mil 700 atenciones no equivalen necesariamente a mil 700 retornos, mucho menos cuando se reconoce que hay familias todavía reubicadas y otras en seguimiento.

La declaración ocurre en medio de una crisis de seguridad que ha provocado nuevas salidas desde septiembre de 2024.

Hablar de retornos sin detallar qué condiciones mínimas encontraron esas familias, seguridad, servicios, acceso a justicia, deja fuera lo fundamental: si el regreso fue voluntario y sostenible, o una necesidad ante la falta de alternativas.

El discurso de Sebides apuesta por un balance positivo sin proveer la información necesaria para sostenerlo. En un problema tan sensible como el desplazamiento forzado, las “mayorías” no bastan: se requieren datos claros, verificables y consistentes con lo que las propias autoridades han reportado en meses recientes.