Todo listo para que este domingo llegue a Culiacán la Presidenta Claudia Sheinbuam, pero el asunto es que ella puede traer un discurso y los sinaloenses queremos otro. Y es que en su Segundo Informe, que es el motivo de esta gira, la verdad es que no abordó mucho el tema de la seguridad y aquí en Sinaloa es lo que urge resolver.
Los culichis, los mazatlecos, los escuinapenses, todos los sinaloenses traemos un agotamiento y un temor que no son infundados.
Con tristeza vemos que aunque anuncian, y se notan, los operativos y el despliegue de fuerzas de seguridad, de todos modos hay una falta de efectividad percibida, pues su presencia no se ha traducido en un cese efectivo de la violencia.
Esto se traduce en un impacto social y económico en la entidad, pues por más que diga o se intente, las actividades no se han reanudado por completo, continúan restricciones de movilidad y de horario, y el golpe al comercio local refleja una crisis que todos percibimos de un modo u otro.
Urge que la gira presidencial no se quede en el mero rollo y el despliegue por el Segundo Informe, lo imperativo es que se aborden de manera transparente cuestionamientos centrales que todos nos hacemos: ¿De qué manera los despliegues de la Guardia Nacional, la SSPC y las Fuerzas Armadas pasarán de una presencia disuasiva a la desactivación efectiva completa de los generadores de violencia? ¿Cómo se restablecerá la confianza necesaria para garantizar la movilidad y el comercio con el consecuente desarrollo de la vida económica? ¿Qué plazos concretos de resolución podemos manejar luego de una evaluación real de la situación en Sinaloa?
Y es que hasta ahora, las acciones implementadas lucen insuficientes ante la capacidad de maniobra de los generadores de violencia. La estrategia disuasiva se percibe desgastada; la población no busca explicaciones sobre las causas estructurales del problema a largo plazo, sino un plan operativo con metas de corto y mediano plazo que devuelva la tranquilidad inmediata a las colonias y sindicaturas.
Ojalá que la visita presidencial nos traiga algo de esperanza, nos urge.
Vaya noticia que generaron seis empleados del primer nivel del Gobierno de Mazatlán, pues hace más de dos meses que renunciaron a la administración del Gobierno municipal para acompañar a Estrella Palacios Domínguez en el proceso interno de Morena para designar a la persona que coordinaría el Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, en el cual fue elegida Imelda Castro.
Por la terminación de las relaciones laborales de este grupo de seis empleados de Estrella Palacios, el Ayuntamiento pagó en conjunto 240 mil 698.49 pesos mediante finiquitos y una liquidación, Sin embargo, tras la reincorporación de la Alcaldesa, también los seis empleados regresaron a las áreas donde se desempeñaban antes de presentar sus renuncias. Estrella Palacios los reinstaló en el grupo cercano a ella y retomaron sus cargos que habían dejado.
Según los datos de la cuenta pública de julio, Yenise Elvira Tinoco Sotomayor, que era la secretaria de Presidencia, recibió 83 mil 172.47 pesos por renuncia voluntaria; María Fernanda Arreola Valdez, secretaria particular, recibió 40 mil 754.99 pesos; María Ofelia Chiquete Hernández, secretaria ejecutiva, obtuvo 34 mil 679.58 pesos, además de que en agosto se registró el pago de 60 mil 913.11 pesos a Brian Omar Toledo Chavarín, coordinador de Videos adscrito a Comunicación Social; Mario González Suárez, estratega digital, recibió 11 mil 322.97 pesos, mientras que al fotógrafo Jesús Rosendo Moreno Ramírez se le pagaron 9 mil 855.37 pesos.
Y cree qué pasó, amigo lector, pues ahora con el regreso de Estrella Palacios al cargo de Alcaldesa de Mazatlán, también regresaron estos seis empleados y la Presidenta municipal lo integró otra vez a sus mismos puestos.
Ahora está la polémica de que si es legal y ético esta maniobra, que defiende Estrella Palacios, o deben regresar el finiquito o no seguir en el mismo puesto.
Estaremos muy al pendiente de este tema.
Si en agosto casi ni se vieron, menos en lo que va del septiembre. La presencia de la Policía Municipal de Mazatlán se ha visto casi nula en calles y avenidas del puerto y no se diga en la zona rural.
Salvo el recorrido del nuevo grupo creado llamado Fuerza de Reacción Interinstitucional, que anda en convoy de cuatro a cinco patrullas, el resto no se ve patrullando.
Quizás se atienen a que miles de elementos federales patrullas Mazatlán para tratar de combatir la inseguridad.
Lo que sí reaparecieron en el puerto son los retenes militares y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se han visto por varios puntos, como el de la noche del pasado miércoles en el crucero de las avenidas Juan Pablo II y Río Grijalva, donde hasta a los taxis revisaban de pies a cabeza en el combate del robo de vehículos.
También se observan “semi retenes” militares en calles aledañas a las principales avenidas, tal vez para que les sacan la vuelta, y decimos semi porque no detienen a todos los autos pero sí están en guardia y vigilando a todo el que pase.
El problema no es que se cancele un concierto, eso pasa. El problema es cuando se cancela el concierto y, meses después, todavía no queda claro cuánto costó.
Eso fue lo que dejó la explicación de Juan Salvador Avilés Ochoa, director del ISIC, al hablar de Miguel Bosé, Marisela y ahora Alex Fernández.
Con Bosé, la historia es más o menos así: el Gobierno canceló el Grito masivo de 2025 por la violencia, el cantante ya estaba en Culiacán con su equipo y después, según Avilés, el contrato se resolvió con el 90’s Pop Tour de este año. Pero vino la pregunta más sencilla de todas: ¿cuánto se pagó? Y el director no tenía el dato preciso.
Dijo que lo de Bosé fue menos de los 16 millones de pesos que se habían informado para los artistas de aquella celebración. Pero cuánto fue exactamente, no.
Porque estamos hablando de dinero público, no de una cooperación entre amigos para comprar una pizza. Si hubo un contrato, hubo un monto. Si hubo una cancelación, hubo una forma de resolverla y si se sustituyó un espectáculo por otro, también hubo dinero de por medio.
Entonces habría que saber cuánto se pagó originalmente, cuánto correspondía a Bosé, cuánto se destinó a producción, cuánto costó el 90’s Pop Tour y cómo quedó finalmente la cuenta.
Con Marisela tampoco termina de cerrarse el asunto. Su contrato fue ampliado hasta el último día de este año para intentar concretar la presentación. Es decir, el pendiente no desapareció: nomás se recorrió en el calendario y ahora está Alex Fernández. El cantante tenía programada su presentación para el Grito del martes, pero una emergencia médica obligó a cancelar de último momento. Su mariachi, producción y parte de su equipo ya estaban en Culiacán.
Ahí Avilés dice que se sentarán con sus representantes cuando el cantante se recupere. Las opciones, según explicó, son reprogramar la presentación o que Fernández devuelva los honorarios.
Otra vez aparece la misma pregunta: ¿cuánto? Porque el propio director reconoce que no tiene a la mano cuánto correspondía a los honorarios del cantante dentro de todo el paquete contratado. Y uno empieza a preguntarse qué tan complicado puede ser tener a la mano el monto de un contrato que involucra recursos públicos.
El ISIC maneja alrededor de 200 millones de pesos al año, de acuerdo con el propio Avilés. También presume que su presupuesto ha aumentado y que recibe ampliaciones para actividades como las fiestas de septiembre.
Pues qué bueno que haya dinero para cultura. Hace falta.
Pero entre más dinero público se administra, más importante es saber dónde termina cada peso. No basta con decir que un contrato “quedó saldado” o que otro “se amplió”. Hay que explicar cómo se saldó, por cuánto y con qué recurso.
Si para contratar a un artista sí hubo una cifra, para cancelar, sustituir o reprogramar también debería existir.
No se necesita cantar ni traer drones. Nomás poner las cifras sobre la mesa.
¡FOUL!... Gran revuelo causó la clausura de la popular cantina El Guayabo en Culiacán por no cumplir con observaciones de Protección Civil... ya abrió, presentó una ¡carta compromiso!