La crisis ya no se mide solamente en estadísticas, sino en cortinas abajo. Mientras el discurso oficial insiste en estabilidad y coordinación, el sector empresarial de Sinaloa comienza a hablar abiertamente de miedo, incertidumbre y abandono.

Que la presidenta de Coparmex Sinaloa afirme que cerca del 45 por ciento de las empresas han reducido o suspendido operaciones no es una declaración menor. Menos cuando en Culiacán se contabilizan 934 negocios cerrados en apenas un año.

Detrás de cada local vacío o que hayan tenido que hacer ajustes hay empleos perdidos, familias ajustando gastos y emprendedores que apostaron todo para terminar bajando la cortina

La preocupación empresarial también exhibe otra realidad: la inseguridad dejó de ser únicamente un problema policiaco para convertirse en un problema económico.

El miedo modifica hábitos, limita horarios, reduce consumo y termina golpeando a quienes viven del comercio diario. ¿Quién sale tranquilo a cenar o comprar cuando la percepción es que nadie garantiza seguridad?

El reclamo de los empresarios apunta, además, a una ausencia de estrategia integral. Porque mientras las autoridades hablan de operativos y cifras, el sector productivo insiste en algo más básico: certidumbre.

Certidumbre para abrir un negocio, para invertir, para contratar personal y para permanecer en la ciudad sin pensar en irse.

Y ahí aparece otro foco rojo: la migración silenciosa. Familias que optan por abandonar Sinaloa no necesariamente porque quieran, sino porque sienten que aquí ya no pueden sostener un proyecto de vida. Cuando el autoempleo se convierte en el último recurso de supervivencia, el mensaje es claro: la economía formal comienza a fracturarse.

Tampoco ayuda que organismos empresariales aseguren haber solicitado reuniones con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde sin obtener respuesta. En tiempos de crisis, el silencio institucional suele interpretarse como distancia o indiferencia.

La advertencia de Coparmex Sinaloa no es un posicionamiento político, sino un llamado urgente.

El organismo que de plano puso el cascabel al gato fue el Consejo de Participación Ciudadana que lanzó la exigencia a que haya investigaciones por presuntas irregularidades en contratos ligados a hijos del hoy Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

En una conferencia de prensa pidió a autoridades estatales investigar posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares y contratos ligados a personas cercanas a familiares del Mandatario estatal.

El órgano señaló durante una conferencia de prensa que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, y de los que ninguna autoridad ha hecho eco sobre adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.

En la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial, los consejeros ciudadanos señalaron que hay “señalamientos públicos” ya documentados que “ameritan investigaciones oficiales” expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción.

Luego hicieron una enumeración en el que detallan operaciones como presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.

El CPC se respaldó también en investigaciones realizadas por organismos civiles como Iniciativa Sinaloa, en las que se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.

Sin duda algo a lo que es urgente que las autoridades y los institutos políticos lo pongan bajo lupa.

Los que no tardaron mucho en recabar la propuesta del PAN que va contra transiciones de género en menores, fue el grupo de Sinaloa Incluyente A. C..

A través de un comunicado, el colectivo mencionó que estos procedimientos no son sencillos ni rápidos, por lo que no funcionan como lo plantea la iniciativa.

En términos generales, el colectivo menciona que se trata de una iniciativa que podría tener otros fines y no necesariamente una verdadera preocupación por las y los menores de edad, y que el tema de la transición de género es bastante amplio y no puede llevarse de manera repentina o deliberada, por lo que no es un proceso sencillo de realizar.

Tiago Ventura, quien lidera el colectivo, señaló que un proceso con el que se va a iniciar o le dé seguimiento a un procedimiento de este tipo tiene que ser acompañado por profesionales, y no es un capricho que se le va a ocurrir a algún menor de edad y va a ir a consumir cualquier tipo de medicinas o se va a modificar su cuerpo.

“...Eso es totalmente falso y me parece muy perverso que se quiera tratar de manipular la información”, dijo Ventura.

Criticó que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN no debería unir conceptos como “identidad de género” y “procedimientos médicos”, ya que no todas las personas trans desean someterse a cirugías de transición.

Temas, sin duda, que deben ser tomados en cuenta caso por caso y por especialistas, no por diputados siguiendo una corriente sesgada por creencias o con información parcial del tema.

Los que ya están próximos a saber qué va a pasar por el tema de la iniciativa de Ley de Transparencia, son los colectivos, pues el Congreso del Estado ya ha programado las reuniones para que se revise el tema.

El objetivo de estas reuniones, programadas para la próxima semana, es retomar las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, para analizar los posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

Así lo anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, quien señaló que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga, del Comité de Participación Ciudadana, se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, con lo que buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

La idea, señaló la Diputada, es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

La única bronca es que la última reunión terminó en un intercambio de posturas confrontativas.

Hay que ser muy claros que el problema principal es que colectivos y organizaciones piensan, y lo dijeron durante la última mesa de trabajo, que las reuniones podrían tratarse más bien de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

Ojo ahí, que esto tiene que ver con un derecho que nos involucra a todos.

¡FOUL!... El PAN presenta iniciativa para prohibir procedimientos de transición de género en menores de edad, mientras el estado hierve de violencia, ¿no habrá temas más urgentes?