Hay jubilaciones que llegan después de décadas de espera, expedientes empolvados y promesas de “ya casi” y luego están las que parecen viajar en carril exclusivo.

Apenas pasaron 15 días desde el relevo de la dirigencia del Stasac y el Cabildo ya tenía lista la alfombra para aprobar la pensión vitalicia del ex líder sindical Julio Duarte y parte de su equipo.

Nadie discute que quien cumple los requisitos legales tiene derecho a jubilarse, pero inevitablemente lo que brinca es la velocidad. Porque mientras unos trabajadores pasan años preguntando en qué escritorio quedó atorado su trámite, otros parecen descubrir que la burocracia también sabe correr... cuando quiere.

El mensaje no es quizá muy alentador para la base sindical porque hay empleados que dedicaron buena parte de su vida al Ayuntamiento y siguen esperando una respuesta. Para ellos, el tiempo administrativo se mide en años. Para quienes ocuparon la dirigencia, al parecer basta con contar los días.

El contraste resulta difícil de ignorar cuando cinco ex integrantes de la planilla que encabezó el sindicato terminan su gestión y, casi de inmediato, salen con pensiones que en conjunto superan los 258 mil pesos mensuales, además de sus primas vacacionales. Todo conforme a derecho, sí, pero también conforme a una oportunidad que muchos otros quisieran tener.

Quizá el Ayuntamiento debería compartir la fórmula, sería muy útil saber cómo se logra que un trámite de jubilación avance con semejante eficiencia. Tal vez exista una ventanilla secreta, un expediente con turbo.

La confianza en las instituciones a veces también se desgasta cuando la ciudadanía percibe que las reglas parecen aplicarse con distinta velocidad dependiendo del apellido, el cargo o las influencias.

Al final, el problema es que mientras unos reciben respuestas en tiempo récord, otros siguen acumulando años de servicio... y también de espera.

El problema no es únicamente que una página de internet haya dejado de funcionar. Es que, cuando el Periódico Oficial del Estado desaparece del mapa digital, también se vuelve menos accesible el principal mecanismo mediante el cual el gobierno informa qué decisiones entran en vigor.

En una administración que presume avances en digitalización y gobierno abierto, resulta contradictorio que el sitio donde se publican decretos, reglamentos, licitaciones, nombramientos y acuerdos permanezca fuera de servicio durante más de un día sin una explicación pública.

Si el portal falla, lo mínimo es informar por qué, cuánto tiempo durará la interrupción y qué mecanismo alterno tendrán ciudadanos y profesionales para consultar las publicaciones oficiales.

No se trata solo de la incomodidad de abogados o periodistas. Hay empresas que necesitan verificar convocatorias, ciudadanos que buscan acuerdos que les afectan, dependencias que consultan disposiciones vigentes y servidores públicos que requieren certeza sobre la entrada en vigor de normas. La transparencia también depende de que la información esté disponible cuando se necesita, no únicamente cuando los servidores deciden cooperar.

Más preocupante que el mensaje de “Error al establecer una conexión con la base de datos” es el silencio institucional. Porque una falla técnica puede ocurrir en cualquier sistema; lo que no debería ocurrir es que nadie explique qué pasó.

En tiempos donde la confianza en las instituciones se construye, entre otras cosas, con acceso oportuno a la información pública, la ausencia de comunicación termina siendo casi tan grave como la caída del portal. La tecnología falla; la rendición de cuentas no debería hacerlo.

El ex Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no tuvo suerte y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, le dio papaloapan a su solicitud de revisión a la vinculación a proceso en su contra.

La información se hizo pública este lunes cuando la decisión del juez apareció en las listas de acuerdo de ayer.

A Vargas Landeros un juez de control decidió acusarlo formalmente de cometer delitos de ejercicio indebido del servicio público y por desempeño irregular de la función pública.

Pese a que el ex funcionario ha insistido en zafarse de sus broncas en la administración que le tocó encabezar, el karma no lo ha dejado.

Sí logró quitarse una vinculación, pero será sometido nuevamente al procedimiento.

En este caso, es por el caso de la adjudicación directa a un contrato de arrendamiento de 126 unidades automotrices para la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal por un monto de 171 millones de pesos.

El juez del Colegiado determinó que no había ninguna irregularidad en el trabajo del juez Carlos Alberto Herrera, quien es de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa.

Con ello se mantendrá vinculación y seguirá el proceso desde la acusación formal, tras la decisión que tomó el juez el pasado 8 de julio de 2025.

Y aunque le valga Vargas a Gerardo, todo parece indicar que nuevamente estará fuera de la contienda por la repartición en Morena.

¡FOUL!... A un año de una inundación que acabó con su patrimonio al sur de Culiacán, María Félix empieza a asustarse por lo que viene, pues todavía no se recupera y avisa que los apoyos del Ayuntamiento y el DIF ¡nunca se cumplieron!