El reconocimiento oficial del desplazamiento de más de 700 personas en el Triángulo Dorado vuelve a exponer una realidad que en Sinaloa se repite, pero rara vez se atiende de raíz: las comunidades serranas continúan siendo territorio vulnerable ante la violencia, y la autoridad sigue llegando tarde, cuando el daño humano ya es irreversible.
El Alcalde de Badiraguato, José Paz, confirmó el éxodo forzado de 250 familias en semanas atrás por situaciones de violencia.
Aunque el Presidente Municipal afirma que la zona está “tranquila”, la propia existencia de comunidades semivacías, como menciona, contradice esa idea.
La “tranquilidad” después del terror no es estabilidad, es silencio. La población desplazada difícilmente puede regresar a su vida anterior porque las condiciones estructurales que permitieron la violencia no han cambiado.
Y la respuesta institucional, limitada a apoyos alimentarios, médicos o escolares, si bien necesaria, queda corta frente al impacto profundo que significa abandonar el hogar, la tierra y la identidad comunitaria.
También llama la atención que el propio Municipio desconozca cuántos elementos de seguridad operan en su territorio. Este vacío de información revela un problema mayor: los niveles local y estatal terminan supeditados a estrategias federales que no transparentan sus alcances.
En ese contexto, la autoridad municipal se limita a administrar la crisis humanitaria, pero no tiene herramientas reales para prevenir nuevos desplazamientos ni para garantizar que las familias puedan regresar con seguridad.
Todo esto ocurre en un estado marcado desde septiembre de 2024 por una escalada violenta que ha dejado más de dos mil asesinatos y miles de personas privadas de la libertad.
El caso de Badiraguato no es una excepción, sino una pieza más de la crisis que atraviesa Sinaloa. El ciclo de violencia sigue devorando comunidades enteras sin que exista un plan integral para frenarlo o reparar sus consecuencias.
Hay noticias que impactan, sobre todo por el saldo, o por la ubicación donde ocurren y, sobre todo, por la cercanía que la gente percibe hacia el hecho.
Así fue la de este sábado en la tarde ocurrida en Mazatlán, cuando una taquería ubicada en la Avenida del Mar, frente al malecón, se incendió y registró tres explosiones aparentemente de tanques de gas.
El saldo terrible de tres personas fallecidas, dos de ellas mujeres, y además dos heridos, causó efecto en la comunidad mazatleca.
Pero sobre todo provoca impacto porque cualquiera se pone a pensar que un incidente así puede suceder en cualquier parte de nuestras ciudades a lo largo y ancho de este País.
Y de hecho han sucedido.
No es la primera vez que mueren personas en una explosión de algún local de comida, ya sea establecido o “ambulante”.
Son numerosas las víctimas que se pueden contar de sucesos similares, porque nuestros establecimientos no se distinguen por cumplir todas las normas de seguridad, y nuestras autoridades responsables tampoco se caracterizan por hacer revisiones a conciencia al respecto.
El local que explotó en pleno malecón mazatleco lucía un letrero de clausurado en su fachada, pero era porque seguramente no estaba autorizado el anuncio que ahí se colocó. O sea que el Ayuntamiento de Mazatlán sí pudo ir a sancionar un anuncio que no pagó o que no cumplió los requisitos, pero nadie pudo ir a revisar que las instalaciones del restaurante estuvieran operando seguras.
Así las cosas en nuestros municipios.
Esta explosión no es la primera en su tipo y muy probablemente no será la última.
Ahora resulta que desde el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa se andan quejando por la supuesta manipulación de alumnos para afectar “a la institución “.
Suponemos que se refieren a las movilizaciones y manifestaciones que cada vez se van registrando en un mayor número de unidades académicas.
Pues el consejo aprobó un “extrañamiento” dirigido a personas externas y a integrantes de la comunidad universitaria que, de acuerdo con autoridades y consejeros, han promovido acciones que afectan a la institución y han intentado involucrar a estudiantes en conflictos ajenos al interés académico.
Còmo dijera el finado maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, amigo de muchos años de Ismael el “Mayo” Zambada: andan gritando allá va el ladrón, para que todos volteen, y acá siguen saqueando.
Lo insólito es que se crean esas barbaridades que dicen, porque por muchos años la Universidad no ha funcionado de otra manera más que manipulando empleados, maestros y estudiantes.
¿Que no se acuerdan que justamente así nació y floreció el Partido Sinaloense que precisamente Jesús Madueña le fundó a Cuén Ojeda?
¿Y por qué andan inventando manipulaciones ajenas, si el mismo Consejo Universitario se conformó y no ha funcionado de otra manera después de que el maestro manipulaba todo?
Y fueron precisamente los estudiantes que rindieron protesta, de los que todos los que hemos tenido algo qué ver con la UAS, sabemos que son manipulados por maestros o coordinadores, los que hicieron la propuesta: o sea los manipulados quejándose de que otros están manipulando a estudiantes.
Lo peor es que según su lógica “un grupo de universitarios jubilados y asesores jurídicos externos” ha intentado sumar a estudiantes a movimientos de carácter particular.
Es tan absurdo como decir que las madres rastreadoras andan sonsacando a la gente que marchó el sábado, cuando es obvio que marcharon al mismo tiempo, en el mismo lugar y con ese interés común.
Por eso, si los jubilados y trabajadores de la UAS están en el Congreso, como pasó hace un par de semanas, los muchachos llegaron hasta allá y se reunieron por los intereses que tienen en común.
Los muchachos están hartos de ver las condiciones de sus aulas, de sus baños, de maestros acosadores y de trabajadores que los maltratan, la Universidad tiene un montón de cosas que no funcionan bien, como los casi mil millones de pesos que hallamos en irregularidades luego de las investigaciones realizadas y publicadas aquí en Noroeste.
Ah, pero los manipulados dicen que todo está bien, que hay que hacer diálogo, luego los manipulados y paleros hasta hacen vaquita para ayudar con la reparación del daño que tuvieron que pagar luego de admitirse culpables del manoteo de dinero público.
Las manifestaciones de los muchachos seguramente van a seguir, como un movimiento que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Que no han visto las noticias y las banderas de One Piece?
Manipulados por los jubilados, sí, Chuy, ¡ya quisieran ellos tener ese poder de convocatoria!
El reconocimiento oficial del desplazamiento de más de 700 personas en el Triángulo Dorado vuelve a exponer una realidad que en Sinaloa se repite, pero rara vez se atiende de raíz: las comunidades serranas continúan siendo territorio vulnerable ante la violencia, y la autoridad sigue llegando tarde, cuando el daño humano ya es irreversible.
El Alcalde de Badiraguato, José Paz, confirmó el éxodo forzado de 250 familias en semanas atrás por situaciones de violencia.
Aunque el Presidente Municipal afirma que la zona está “tranquila”, la propia existencia de comunidades semivacías, como menciona, contradice esa idea.
La “tranquilidad” después del terror no es estabilidad, es silencio. La población desplazada difícilmente puede regresar a su vida anterior porque las condiciones estructurales que permitieron la violencia no han cambiado.
Y la respuesta institucional, limitada a apoyos alimentarios, médicos o escolares, si bien necesaria, queda corta frente al impacto profundo que significa abandonar el hogar, la tierra y la identidad comunitaria.
También llama la atención que el propio Municipio desconozca cuántos elementos de seguridad operan en su territorio. Este vacío de información revela un problema mayor: los niveles local y estatal terminan supeditados a estrategias federales que no transparentan sus alcances.
En ese contexto, la autoridad municipal se limita a administrar la crisis humanitaria, pero no tiene herramientas reales para prevenir nuevos desplazamientos ni para garantizar que las familias puedan regresar con seguridad.
Todo esto ocurre en un estado marcado desde septiembre de 2024 por una escalada violenta que ha dejado más de dos mil asesinatos y miles de personas privadas de la libertad.
El caso de Badiraguato no es una excepción, sino una pieza más de la crisis que atraviesa Sinaloa. El ciclo de violencia sigue devorando comunidades enteras sin que exista un plan integral para frenarlo o reparar sus consecuencias.
Hay noticias que impactan, sobre todo por el saldo, o por la ubicación donde ocurren y, sobre todo, por la cercanía que la gente percibe hacia el hecho.
Así fue la de este sábado en la tarde ocurrida en Mazatlán, cuando una taquería ubicada en la Avenida del Mar, frente al malecón, se incendió y registró tres explosiones aparentemente de tanques de gas.
El saldo terrible de tres personas fallecidas, dos de ellas mujeres, y además dos heridos, causó efecto en la comunidad mazatleca.
Pero sobre todo provoca impacto porque cualquiera se pone a pensar que un incidente así puede suceder en cualquier parte de nuestras ciudades a lo largo y ancho de este País.
Y de hecho han sucedido.
No es la primera vez que mueren personas en una explosión de algún local de comida, ya sea establecido o “ambulante”.
Son numerosas las víctimas que se pueden contar de sucesos similares, porque nuestros establecimientos no se distinguen por cumplir todas las normas de seguridad, y nuestras autoridades responsables tampoco se caracterizan por hacer revisiones a conciencia al respecto.
El local que explotó en pleno malecón mazatleco lucía un letrero de clausurado en su fachada, pero era porque seguramente no estaba autorizado el anuncio que ahí se colocó. O sea que el Ayuntamiento de Mazatlán sí pudo ir a sancionar un anuncio que no pagó o que no cumplió los requisitos, pero nadie pudo ir a revisar que las instalaciones del restaurante estuvieran operando seguras.
Así las cosas en nuestros municipios.
Esta explosión no es la primera en su tipo y muy probablemente no será la última.
Ahora resulta que desde el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa se andan quejando por la supuesta manipulación de alumnos para afectar “a la institución “.
Suponemos que se refieren a las movilizaciones y manifestaciones que cada vez se van registrando en un mayor número de unidades académicas.
Pues el consejo aprobó un “extrañamiento” dirigido a personas externas y a integrantes de la comunidad universitaria que, de acuerdo con autoridades y consejeros, han promovido acciones que afectan a la institución y han intentado involucrar a estudiantes en conflictos ajenos al interés académico.
Còmo dijera el finado maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, amigo de muchos años de Ismael el “Mayo” Zambada: andan gritando allá va el ladrón, para que todos volteen, y acá siguen saqueando.
Lo insólito es que se crean esas barbaridades que dicen, porque por muchos años la Universidad no ha funcionado de otra manera más que manipulando empleados, maestros y estudiantes.
¿Que no se acuerdan que justamente así nació y floreció el Partido Sinaloense que precisamente Jesús Madueña le fundó a Cuén Ojeda?
¿Y por qué andan inventando manipulaciones ajenas, si el mismo Consejo Universitario se conformó y no ha funcionado de otra manera después de que el maestro manipulaba todo?
Y fueron precisamente los estudiantes que rindieron protesta, de los que todos los que hemos tenido algo qué ver con la UAS, sabemos que son manipulados por maestros o coordinadores, los que hicieron la propuesta: o sea los manipulados quejándose de que otros están manipulando a estudiantes.
Lo peor es que según su lógica “un grupo de universitarios jubilados y asesores jurídicos externos” ha intentado sumar a estudiantes a movimientos de carácter particular.
Es tan absurdo como decir que las madres rastreadoras andan sonsacando a la gente que marchó el sábado, cuando es obvio que marcharon al mismo tiempo, en el mismo lugar y con ese interés común.
Por eso, si los jubilados y trabajadores de la UAS están en el Congreso, como pasó hace un par de semanas, los muchachos llegaron hasta allá y se reunieron por los intereses que tienen en común.
Los muchachos están hartos de ver las condiciones de sus aulas, de sus baños, de maestros acosadores y de trabajadores que los maltratan, la Universidad tiene un montón de cosas que no funcionan bien, como los casi mil millones de pesos que hallamos en irregularidades luego de las investigaciones realizadas y publicadas aquí en Noroeste.
Ah, pero los manipulados dicen que todo está bien, que hay que hacer diálogo, luego los manipulados y paleros hasta hacen vaquita para ayudar con la reparación del daño que tuvieron que pagar luego de admitirse culpables del manoteo de dinero público.
Las manifestaciones de los muchachos seguramente van a seguir, como un movimiento que está ocurriendo en todo el mundo. ¿Que no han visto las noticias y las banderas de One Piece?
Manipulados por los jubilados, sí, Chuy, ¡ya quisieran ellos tener ese poder de convocatoria!