El PAS –sí, el PAS– abrió una convocatoria para que ciudadanos, especialistas, empresarios, productores, académicos, jóvenes y organizaciones sociales les digan qué está pasando en Sinaloa, por qué está pasando, qué debería hacerse y hasta cómo podría llevarse a cabo.

Muy participativo todo. El problema es que uno no puede evitar preguntarse: ¿no se supone que ese trabajo ya deberían estar haciéndolo los demás partidos políticos?

Porque diagnosticar los problemas de Sinaloa, recorrer comunidades, hablar con sectores, estudiar estadísticas, escuchar a especialistas, revisar presupuestos y construir propuestas no debería ser una actividad extraordinaria que aparece cuando un partido lanza una convocatoria. Debería ser el trabajo cotidiano de cualquier fuerza política que aspire a representar a la sociedad.

Y ahí es donde la Oposición tiene un problema serio.

Mientras el Gobierno tiene una estructura institucional, información, funcionarios, presupuesto y presencia territorial, los partidos que pretenden ser contrapeso deberían tener, al menos, diagnósticos propios, propuestas claras y una agenda construida con la sociedad. No esperar a que las propuestas les lleguen hasta la puerta.

El ejercicio puede ser útil si realmente sirve para escuchar voces que normalmente no llegan a las dirigencias partidistas. Pero también deja en evidencia una carencia más grande: ¿qué tanto están trabajando los partidos de oposición para entender Sinaloa antes de que llegue el momento de pedirle el voto a los sinaloenses?

Porque para una Oposición no debería ser novedad preguntarle a la gente qué necesita. Tampoco debería descubrir, a través de una convocatoria, que hay problemas de seguridad, empleo, salud, educación, campo, pesca, infraestructura o servicios públicos.

Eso ya lo sabe la gente.

Lo que debería distinguir a un partido es su capacidad para explicar el problema, investigar sus causas, plantear alternativas, defenderlas públicamente y convertirlas en una agenda política.

Si para hacer ese diagnóstico necesitan que la ciudadanía se los entregue contestando cuatro preguntas, quizá el problema no sea solamente que el Gobierno no está escuchando.

Quizá también sea que la Oposición lleva demasiado tiempo sin hacer la tarea.

Resulta que ahora el director del ISJU, Saúl Gerardo Meza López, quiere que la ONU ayude a Sinaloa a evitar que los jóvenes vean la violencia y la narcocultura como una opción de vida.

La petición suena pertinente. El problema es que viene de un funcionario que hace apenas unas semanas terminó en el centro de la discusión precisamente por su manera de responder a quienes cuestionaron la falta de empatía institucional hacia las madres buscadoras.

Un día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Meza López participó como organizador de una carrera multitudinaria. La actividad fue cuestionada por el contraste entre la movilización oficial y el reclamo de colectivos de búsqueda por la falta de apoyo que reciben.

En lugar de dejar pasar la crítica o responder con argumentos, el director del ISJU publicó en Instagram aquello de “hacer leña del árbol caído”, una frase que terminó echándole más gasolina a la polémica y que fue interpretada como una descalificación hacia quienes cuestionaban la actuación institucional.

Después vino la protesta: las instalaciones del ISJU fueron grafiteadas como expresión de rechazo a la postura del funcionario.

Y ahora, semanas después, Meza López aparece ante representantes de Naciones Unidas hablando de prevención, pacificación, oportunidades para los jóvenes y de la necesidad de evitar que la narcocultura se convierta en una alternativa de vida.

La preocupación es legítima. Incluso es urgente.

Pero combatir la narcocultura no consiste solamente en organizar carreras, acudir a organismos internacionales o pedir programas para que lleguen a Sinaloa. También implica entender el contexto social en el que crecen esos jóvenes: violencia, desapariciones, familias víctimas del crimen, falta de oportunidades y una sociedad que lleva años reclamando respuestas.

Y, sobre todo, implica que quienes están al frente de las instituciones destinadas a atender a las juventudes sepan escuchar incluso, y quizá especialmente, cuando las críticas resultan incómodas.

Porque si el objetivo es que los jóvenes no normalicen la violencia, las instituciones también deberían cuidar qué conductas normalizan desde el poder.

Hoy el ISJU pide ayuda a la ONU para construir alternativas.

Ojalá también encuentre en ese camino una alternativa para algo más básico: aprender a escuchar a quienes ya están haciendo preguntas incómodas en Sinaloa.

No es común que un Alcalde le pida públicamente a una Diputada que ofrezca una disculpa a las familias de víctimas de homicidio. Menos cuando la razón es una declaración de la propia Legisladora sobre mujeres asesinadas en su municipio.

Pero eso es precisamente lo que ocurrió en Escuinapa.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental consideró que Rosario Sarabia Soto debía ofrecer una disculpa pública luego de que la Diputada afirmó hace días que los casos de mujeres asesinadas en el municipio no necesariamente correspondían a feminicidios y que algunos estarían relacionados con una probable actividad de las víctimas con grupos delictivos.

El Alcalde fue cuidadoso al marcar distancia: “Es la Fiscalía quien se encarga de decir por qué ocurrieron los hechos y ya tipifica si es feminicidio u homicidio”, señaló.

Y tiene un punto que debería ser básico para cualquier servidor público: si una autoridad cuenta con información que no ha sido presentada públicamente por la instancia investigadora, tendría que explicar de dónde proviene.

Porque una cosa es hablar de violencia y otra muy distinta es colocar sobre las víctimas la sospecha de una relación con el crimen organizado sin que esa información haya sido acreditada públicamente.

Díaz Simental incluso puso el ejemplo sobre sí mismo: si él hubiera hecho una declaración semejante, dijo, pediría una disculpa pública.

Y apenas unas horas después, precisamente, la Diputada salió con un comunicado para disculparse con las víctimas y con las familias.

Y es que las familias de las víctimas no necesitan que las autoridades les expliquen por qué sus hijas, madres, hermanas o esposas fueron asesinadas, necesitan que se concluyan las investigaciones... Necesitan verdad, justicia y respuestas.

¡FOUL!... En el Día Internacional de la Paz, la Gobernadora Graciela Domínguez dijo: “estoy segura de que lograremos la paz y la tranquilidad en un corto tiempo”. La pregunta es ¿cómo?