Escuinapa se quedó “debilitada” desde el miércoles y ayer. Más de 32 agentes pidieron su baja ante la ola de violencia que ha dejado cinco policías asesinados en menos de una semana.

Los policías tienen miedo, no es la primera vez que renuncian o piden su baja.

El Alcalde Víctor Díaz Simental no ha podido brindar seguridad a los escuinapenses. Desde que asumió su gobierno, la violencia le hizo ver su presencia en ese municipio del sur de Sinaloa.

El silencio ayer se apoderó de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Las patrullas ahí están, esperando quién las conduzca.

La mayoría de los policías prefiere decir, ahí la vemos.

Pero hay que recordar que para llegar a este extremo de inseguridad que tienen los escuinapenses y de los ataques contra policías debió haber corrupción y tolerancia de los gobiernos y de los policías.

Por lo pronto hoy viernes Escuinapa amanece con apenas 20 agentes de Policía y 21 tránsitos, luego de la solicitud de baja de 32 elementos que se concretó ayer.

Y es que de acuerdo con versiones de policías, el Alcalde no les dio motivación para quedarse, les dijo que si quieren irse, que se vayan.

Todo esta psicosis de inseguridad se da a 10 días del asesinato de cuatro elementos de la Policía Municipal y a dos de que otro agente fue acribillado en la colonia Ampliación Juárez, en Escuinapa.

El pasado martes 31 de marzo, el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariego, junto con los agentes Ulises García Morales, Sergio Pérez Rivera y Juan Antonio Rosas González, fueron asesinados en la autopista Mazatlán-Tepic, entre la cabecera municipal y la comunidad de Santa Anita, en el camino vecinal de Arroyo Grande.

Veremos qué hará el Alcalde para poder brindar ahora sí seguridad para los escuinapenses.

La escena parecía prometedora: la autoridad finalmente abría un canal, aunque fuera vía Facebook, para escuchar lo que por años ha sido un reclamo constante de los usuarios del transporte público. La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa publicaba un número para recibir quejas. Por fin, un espacio donde decir lo que todos saben y pocos atienden.

Pero lo que vino después fue más revelador que cualquier diagnóstico oficial.

Bastaron unos minutos para que la publicación se llenara de testimonios. Usuarios relatando unidades en mal estado, choferes conduciendo con imprudencia, rutas irregulares y un servicio que, lejos de mejorar, parece deteriorarse cada día. No eran casos aislados: era un coro.

Y en medio de ese coro, un video. Un camión urbano de la ruta UAdeO, en el sector Valle Alto de Culiacán, circulando sin control, a exceso de velocidad, dando vueltas que rozaban la colisión en más de una ocasión. No se trataba de una denuncia ciudadana cualquiera: el propio material había sido subido a TikTok por choferes de esa misma unidad. La imprudencia, documentada por sus propios protagonistas.

La reacción institucional no fue investigar, sancionar ni siquiera aclarar. Fue borrar.

La publicación desapareció. Con ella, también se fueron los comentarios de usuarios que habían aprovechado ese espacio para denunciar lo que viven todos los días. Se cerró la ventana justo cuando empezaba a entrar el aire.

El mensaje es claro: el problema no es la falta de quejas, es la incapacidad, o la falta de voluntad, para enfrentarlas.

Porque abrir un número no es atender. Publicar en redes no es resolver. Y borrar evidencia no es gobernar.

Mientras tanto, quienes usan el transporte público siguen expuestos a un servicio deficiente, y en casos como el del video, a riesgos reales. Lo que está en juego no es solo la calidad del traslado, sino la seguridad de miles de personas.

La pregunta ya no es si hay fallas en el sistema. Eso quedó más que documentado. La pregunta es por qué, teniendo la evidencia en la mano, la autoridad decide mirar hacia otro lado.

Y en esa decisión, el nombre de Marco Osuna Moreno aparece inevitablemente. Porque cuando el canal para escuchar se convierte en botón de borrar, lo que queda no es gestión: es simulación.

La narrativa es conocida: cuando un informe internacional incomoda, la respuesta no es revisarlo, sino descalificarlo.

Esta vez, el turno fue para el documento del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que puso sobre la mesa la crisis de desapariciones en México. Y como si se tratara de un guión ya ensayado, desde lo local se replicó la línea federal.

El Gobernador Rubén Rocha Moya no sólo respaldó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino que también cuestionó la “objetividad” del informe. Según dijo, el documento no refleja con precisión el trabajo de las autoridades.

La pregunta inevitable es: ¿qué sí refleja?

Porque mientras se discute si el informe es justo o no, hay una realidad que no admite matices: las desapariciones siguen ocurriendo de manera masiva. Y no lo dicen organismos internacionales, lo dicen las familias, los colectivos, las madres buscadoras que salen todos los días con picos y palas a hacer el trabajo que el Estado no ha logrado completar.

Decir que “falta objetividad” suena más a defensa política que a análisis de fondo. Sobre todo cuando la propia autoridad reconoce que lleva años revisando padrones, impulsando campañas y acompañando búsquedas. Si eso es así, entonces el problema no es de percepción, es de resultados.

Porque en un tema como este, el estándar no debería ser si el informe gusta o incomoda, sino si las personas desaparecidas regresan a casa.

El señalamiento hacia la ONU abre otro ángulo: la relación entre los gobiernos y los mecanismos internacionales de observación. Cuando estos coinciden con el discurso oficial, se celebran. Cuando no, se cuestionan. Pero la función de estos organismos no es validar narrativas, sino evidenciar realidades, incluso las más incómodas.

Y aquí es donde el debate se vuelve delicado. Porque minimizar o desacreditar informes de esta naturaleza puede enviar un mensaje preocupante: que la mirada externa estorba más de lo que ayuda.

En medio de todo, las víctimas quedan otra vez en segundo plano. Convertidas en cifras, en registros, en “padrones” que se revisan, pero que no necesariamente se resuelven.

La objetividad que se exige hacia afuera tendría que empezar por aplicarse hacia adentro. Porque el problema de las desapariciones no se corrige cuestionando informes, sino enfrentando lo que estos señalan.

¡FOUL!... En estos tiempos de guerra, el diputado (es un decir) Serapio Vargas se encadenó a sí mismo en el Congreso para exigir que se apruebe una ley: que se diga Gobernadora con “A”. ¡Hay prioridades pues!