No fue necesario que el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se presentara en los juzgados penales para que le sigan metiendo presión a su entorno político de confianza en medio de las acusaciones por presunta corrupción en su contra.
Este martes comparecieron ante un Juez penal las regidoras Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela, ambas integrantes del Comité de Adquisiciones en el primer gobierno de Vargas Landeros en Ahome, y ligadas al ya mítico caso de patrullas presuntamente contratadas de manera irregular.
Y como donde caben dos parece que caben tres, este miércoles está agendada una audiencia también para revisión de medidas cautelares en contra de la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Cecilia Hernández Flores.
La recomendación suele ser pensar mal para acertar, y en este caso todo el escenario parece puesto para suponer que las intenciones de este encuentro son separar de sus funciones a la Síndica Procuradora, que también juega un papel clave en la estructura municipal.
La relevancia de estas separaciones, que no remociones, cobra sentido partiendo de que las tres funcionarias son muy cercanas a Gerardo Vargas, y eso actualmente no representa tener mucho futuro en la función pública, no al menos desde ese nivel de representación.
Esto es lo que intuye el propio Alcalde desaforado, quien no se la ha pensado dos veces para denunciar que los procesos penales en contra suya y de su Gabinete son para alejarlo de la vida política y todas las pretensiones que tenga en este ámbito.
Habrá que estar pendiente si a Vargas Landeros no le salen como a otro ex Alcalde de Morena procesado penalmente, como “El Químico” Benítez, que lo que menos tuvo fue química con quienes le acompañaron en el Gobierno de Mazatlán y en los juzgados por el contrato millonario para comprar lámparas tipo UFO, y a las primeras de cambio se desmarcaron del caso a cambio de ofrecerse como testigos en su contra.
En una calle del sector Barrancos, una fuga de drenaje ha estado presente desde mayo. El problema no es nuevo, tampoco grave a gran escala, pero sí representa un ejemplo claro de cómo una situación sencilla puede prolongarse por semanas sin solución.
Vecinos afectados aseguran que han generado al menos tres reportes ante la JAPAC, el primero con fecha del 28 de mayo. Desde entonces, han insistido por teléfono, por WhatsApp y de forma presencial, sin que el problema sea atendido. Más bien, se han encontrado con lo de siempre: promesas de que “al día siguiente van”, estatus de reporte marcado como “resuelto” aunque nadie haya acudido y explicaciones vagas sobre una bomba que necesita reparación.
Para quienes viven ahí, la espera se ha vuelto rutina. Han organizado vigilancia entre vecinos y revisado grabaciones de cámaras de seguridad, todo para confirmar lo que ya sospechaban: no ha llegado ninguna cuadrilla, no se ha abierto el registro, y el drenaje sigue igual. La situación ha escalado del enojo inicial al desgaste. Lo que pudo resolverse en días se ha convertido en una historia más del archivo de lo que no se atiende.
Es un caso puntual, sí. No hay colonias enteras inundadas, ni cierre de calles, ni emergencias de salud pública. Pero ahí está el detalle: no debería hacer falta llegar a esos extremos para que una autoridad actúe. Las fugas no resueltas también son síntomas, y en este caso, del tipo de atención que se ofrece cuando el problema parece “menor”.
No es la primera vez que JAPAC deja pasar semanas para responder y probablemente no será la última. Mientras tanto, los folios siguen acumulándose, las respuestas se dan en automático y la confianza de los ciudadanos se va por la misma tubería: lenta, sucia y sin rumbo claro.
Ayer llegaron otros 150 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército a Sinaloa. Vienen, obviamente, a reforzar la estrategia de seguridad en el marco de la guerra entre facciones criminales que vive el estado; y sobre todo Culiacán, desde hace más de 10 meses.
Se suman a los 11 mil elementos militares que ya hay en territorio sinaloense, aunque vale señalar que estos son de otra categoría: están mejor entrenados y tienen mayores capacidades tácticas y de fuego; por lo que cabe esperar de ellos operativos más dirigidos y estratégicos para detener y neutralizar a objetivos generadores de violencia.
Ojalá este refuerzo se note en lo que todos esperamos en Sinaloa, que en algún momento las autoridades mexicanas tengan capacidad real de detener a los líderes de los Guzmán y los Zambada, que en disputas similares ocurridas anteriormente, ha sido la única razón por la que la curva de homicidios hace inflexión y comienza a bajar. Y que ya el Secretario Omar García Harfuch señaló como prioridad para el Gobierno mexicano.
Ese punto de quiebre es algo que todavía no vemos en esta guerra, lo que hace imposible pronosticar un “final” cercano en el tiempo.
Ayer, el Gobernador Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el titular de la Conade, Rommel Pacheco, inauguraron una nueva cancha de pasto sintético en Culiacán.
El tema no es la cancha en sí, pues una golondrina no hace verano, sino el anuncio posterior de que se cocina un plan para invertir en infraestructura deportiva en Culiacán con apoyo federal.
Poner canchas puede parecer frívolo en este contexto, y lo sería si se hace como ocurrencia y de manera aislada, pero si lo que se implementa es una verdadera estrategia cultural para la construcción de paz a través del deporte, pues ya estaríamos hablando de una cosa de otra dimensión e impacto.
Ojalá pronto podamos conocer el proyecto y sus alcances para tener mayor claridad y poder opinar con más conocimiento.
Esto no quita, por supuesto, que sigamos insistiendo en la necesidad urgente de construir la rueda de la legalidad y que consiste en policías, fiscalías y jueces para procurar justicia.
Hay que hacer las dos cosas, pues son complementarias y no excluyentes.
No fue necesario que el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se presentara en los juzgados penales para que le sigan metiendo presión a su entorno político de confianza en medio de las acusaciones por presunta corrupción en su contra.
Este martes comparecieron ante un Juez penal las regidoras Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela, ambas integrantes del Comité de Adquisiciones en el primer gobierno de Vargas Landeros en Ahome, y ligadas al ya mítico caso de patrullas presuntamente contratadas de manera irregular.
Y como donde caben dos parece que caben tres, este miércoles está agendada una audiencia también para revisión de medidas cautelares en contra de la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Cecilia Hernández Flores.
La recomendación suele ser pensar mal para acertar, y en este caso todo el escenario parece puesto para suponer que las intenciones de este encuentro son separar de sus funciones a la Síndica Procuradora, que también juega un papel clave en la estructura municipal.
La relevancia de estas separaciones, que no remociones, cobra sentido partiendo de que las tres funcionarias son muy cercanas a Gerardo Vargas, y eso actualmente no representa tener mucho futuro en la función pública, no al menos desde ese nivel de representación.
Esto es lo que intuye el propio Alcalde desaforado, quien no se la ha pensado dos veces para denunciar que los procesos penales en contra suya y de su Gabinete son para alejarlo de la vida política y todas las pretensiones que tenga en este ámbito.
Habrá que estar pendiente si a Vargas Landeros no le salen como a otro ex Alcalde de Morena procesado penalmente, como “El Químico” Benítez, que lo que menos tuvo fue química con quienes le acompañaron en el Gobierno de Mazatlán y en los juzgados por el contrato millonario para comprar lámparas tipo UFO, y a las primeras de cambio se desmarcaron del caso a cambio de ofrecerse como testigos en su contra.
En una calle del sector Barrancos, una fuga de drenaje ha estado presente desde mayo. El problema no es nuevo, tampoco grave a gran escala, pero sí representa un ejemplo claro de cómo una situación sencilla puede prolongarse por semanas sin solución.
Vecinos afectados aseguran que han generado al menos tres reportes ante la JAPAC, el primero con fecha del 28 de mayo. Desde entonces, han insistido por teléfono, por WhatsApp y de forma presencial, sin que el problema sea atendido. Más bien, se han encontrado con lo de siempre: promesas de que “al día siguiente van”, estatus de reporte marcado como “resuelto” aunque nadie haya acudido y explicaciones vagas sobre una bomba que necesita reparación.
Para quienes viven ahí, la espera se ha vuelto rutina. Han organizado vigilancia entre vecinos y revisado grabaciones de cámaras de seguridad, todo para confirmar lo que ya sospechaban: no ha llegado ninguna cuadrilla, no se ha abierto el registro, y el drenaje sigue igual. La situación ha escalado del enojo inicial al desgaste. Lo que pudo resolverse en días se ha convertido en una historia más del archivo de lo que no se atiende.
Es un caso puntual, sí. No hay colonias enteras inundadas, ni cierre de calles, ni emergencias de salud pública. Pero ahí está el detalle: no debería hacer falta llegar a esos extremos para que una autoridad actúe. Las fugas no resueltas también son síntomas, y en este caso, del tipo de atención que se ofrece cuando el problema parece “menor”.
No es la primera vez que JAPAC deja pasar semanas para responder y probablemente no será la última. Mientras tanto, los folios siguen acumulándose, las respuestas se dan en automático y la confianza de los ciudadanos se va por la misma tubería: lenta, sucia y sin rumbo claro.
Ayer llegaron otros 150 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército a Sinaloa. Vienen, obviamente, a reforzar la estrategia de seguridad en el marco de la guerra entre facciones criminales que vive el estado; y sobre todo Culiacán, desde hace más de 10 meses.
Se suman a los 11 mil elementos militares que ya hay en territorio sinaloense, aunque vale señalar que estos son de otra categoría: están mejor entrenados y tienen mayores capacidades tácticas y de fuego; por lo que cabe esperar de ellos operativos más dirigidos y estratégicos para detener y neutralizar a objetivos generadores de violencia.
Ojalá este refuerzo se note en lo que todos esperamos en Sinaloa, que en algún momento las autoridades mexicanas tengan capacidad real de detener a los líderes de los Guzmán y los Zambada, que en disputas similares ocurridas anteriormente, ha sido la única razón por la que la curva de homicidios hace inflexión y comienza a bajar. Y que ya el Secretario Omar García Harfuch señaló como prioridad para el Gobierno mexicano.
Ese punto de quiebre es algo que todavía no vemos en esta guerra, lo que hace imposible pronosticar un “final” cercano en el tiempo.
Ayer, el Gobernador Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el titular de la Conade, Rommel Pacheco, inauguraron una nueva cancha de pasto sintético en Culiacán.
El tema no es la cancha en sí, pues una golondrina no hace verano, sino el anuncio posterior de que se cocina un plan para invertir en infraestructura deportiva en Culiacán con apoyo federal.
Poner canchas puede parecer frívolo en este contexto, y lo sería si se hace como ocurrencia y de manera aislada, pero si lo que se implementa es una verdadera estrategia cultural para la construcción de paz a través del deporte, pues ya estaríamos hablando de una cosa de otra dimensión e impacto.
Ojalá pronto podamos conocer el proyecto y sus alcances para tener mayor claridad y poder opinar con más conocimiento.
Esto no quita, por supuesto, que sigamos insistiendo en la necesidad urgente de construir la rueda de la legalidad y que consiste en policías, fiscalías y jueces para procurar justicia.
Hay que hacer las dos cosas, pues son complementarias y no excluyentes.