El primer día después de las vacaciones burocráticas no estuvo marcado por el regreso de los funcionarios a sus escritorios, sino por el regreso de los ciudadanos a las calles.

Mientras las oficinas públicas retomaban actividades tras dos semanas de descanso, afuera ya había fila. No para hacer trámites, sino para reclamar lo que durante meses, y en algunos casos años, sigue sin resolverse.

La escena fue poco común por su amplitud. Antorcha Campesina marchó para exigir vivienda, pavimentación y servicios básicos. Colectivos feministas recordaron que Sinaloa continúa siendo uno de los estados con mayor incidencia de feminicidios y reclamaron una política de seguridad que deje de ignorar la violencia contra las mujeres. La comunidad LGBT+ denunció discriminación institucional en el Registro Civil. Comerciantes del Centro protestaron porque abrir un negocio sin agua ya se volvió parte de la rutina. Y un colectivo ciudadano comenzó a reunir expedientes para reclamar cobros de electricidad que consideran abusivos.

Cinco protestas distintas. Cinco causas diferentes. Un mismo destinatario.

No es casualidad que todas coincidieran el mismo lunes. Los movimientos sociales también saben leer el calendario político.

Más allá de las demandas particulares, la coincidencia deja un mensaje incómodo: los problemas públicos ya no se presentan por separado. La falta de agua, la vivienda, la discriminación, la violencia contra las mujeres y los servicios deficientes terminan formando parte de una misma percepción de abandono institucional.

Resulta revelador que ninguna de las manifestaciones pidiera privilegios. Todas exigían algo mucho más básico: que las instituciones hagan aquello para lo que existen.

Cuando distintos sectores, con agendas que poco tienen que ver entre sí, llegan a la misma conclusión sobre la capacidad de respuesta del Estado, el problema deja de ser sectorial.

Quizá la imagen más simbólica de este lunes no fue una marcha ni una protesta. Fue la coincidencia entre el regreso de los servidores públicos y la acumulación de ciudadanos esperando ser escuchados.

Lo que nunca hizo ni dijo como Diputado en tribuna, ahora que hay convocatoria de Morena para aspirantes a la coordinación estatal, salió muy orondo el Legislador Rodolfo Valenzuela a convocar a hacer un pacto “para hablar bien de Sinaloa”, en términos generales para que nos vaya bien.

Lo indignante de su sesuda campaña es que tiene ese tufo de hacer una crítica a quienes justamente informamos periodísticamente y a los líderes empresariales que opinan y critican las acciones de los gobiernos contra la crisis en la que estamos viviendo.

Valenzuela encabezó una conferencia de prensa para presentar su “pacto transversal”, con el que pretende involucrar, imagínese lo original del asunto, a la “iniciativa privada, autoridades gubernamentales y sociedad civil”, para reactivar el desarrollo económico local.

Según su idea, esto tendrá como objetivo central “diversificar la economía y mostrar las ventajas competitivas de la región”, “garantizar la llegada de capitales que se traduzcan en empleos mejor pagados” y “evitar éxodo de las nuevas generaciones”.

“Cuando hablamos bien de Sinaloa con responsabilidad y mostramos lo que somos capaces de hacer, también estamos ayudando a generar economía y bienestar para nuestra gente”, dijo.

Insistimos, lo penoso es a lo que todos suponemos que se refiere con el hablar bien de Sinaloa “con responsabilidad”.

Luego “inventó” que las cámaras empresariales desempeñarán un papel fundamental como promotoras del estado, al comunicar “con objetividad” las condiciones para invertir y contribuir a construir una narrativa basada “en la confianza, la cooperación y la visión de futuro”.

Pues sí, compa Rodolfo, todo está muy bien, pero ¿en dónde ponemos o dejamos las estadísticas de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que inició en medio de una crisis política en que el gobierno de Morena propició activamente?

Recalcamos que para Morena y la raza como Rodolfo, les parece que “hablar con responsabilidad” es ignorar u olvidarse de esas estadísticas, de propiciar que las madres buscadoras ya no hagan tanto ruido o que no se meta en las portadas que asesinaron a dos personas en pleno centro de Mazatlán en los momentos que escribimos esta columna.

Todavía peor, pretende involucrar a los empresarios para que también comuniquen “con objetividad”, cuando todo cambió en el Centro y zonas comerciales de Culiacán y se perdieron horas valiosas de la tarde noche y noche que antes era un empuje para la economía.

Difícil hablar “con responsabilidad” o “con objetividad”, compa Rodolfo, cuando las cosas no las vemos como lo ve Morena, donde usted cobra sin pena ni gloria.

Entre el fin de semana y este lunes, pasaron algunos momentos importantes de esos que hacen creer o dejar de creer, según el resultado, en la justicia.

Pero de entrada en todos los casos las noticias son buenas, pues vienen las confirmaciones de las detenciones de criminales que han hecho encabronar a mucha gente por sus crímenes, no solo por las víctimas, sino por sus actitudes ventajosas.

El primer caso fue la detención de José Manuel N, alias El Tito, quien fue hallado por las autoridades federales y locales en Guasave, en donde se escondía después de haber escapado de Chiapas tras presuntamente cometer el feminicidio de una estudiante universitaria.

Este criminal se encontraba en la zona norte de Sinaloa como si nos hicieran falta importar más delincuentes de los que ya tenemos aquí.

Por lo pronto, buena la actuación de la Fiscalía General del Estado y sus investigadores, a ver si les toca algo de los 500 mil pesos que ofrecían por la recompensa.

El segundo caso es la detención de Donato, de 25 años, Manuel de 22 e Iván de 33, todos acusados de cometer homicidio calificado en contra de Efraín, de 41 años, en un centro de rehabilitación en Los Mochis.

Efraín fue hallado inconsciente en el piso del centro y al principio los empleados y colaboradores involucrados señalaron que se había caído y golpeado.

La noticia causó enojo en el norte de Sinaloa, pues Efraín era originario de San Blas, en el municipio de El Fuerte y se encontraba en el centro para ser auxiliado con tratamiento por sus adicciones.

La FGE, tras hacer pruebas de peritaje y autopsia, halló evidencia para determinar que Efraín fue asesinado y su muerte no fue resultado de un accidente.

Los tres señalados fueron presentados este lunes ante un juez, sin embargo se pospuso su audiencia porque los involucrados nombraron nuevos abogados.

Y el otro caso es el de Isaac Andrey, quien fue detenido en Texas después de casi tres años de evadir a la justicia tras cometer un fraude millonario contra cientos de interesados en su supuesta plataforma de inversiones.

El imputado podría ser vinculado a proceso hasta el jueves, pues solicitó tiempo para reunir evidencia a su favor, sin embargo no llevará su juicio en libertad por su actitud de evadir a la justicia desde el principio.

Los tres casos, al parecer, podrían terminar con los responsables recibiendo un castigo y dando la cara a las acciones que cometieron contra otras personas. Justicia se llama.

¡FOUL!... Japac y Obras Públicas anunciaron por la mañana el cierre total del bulevar Pedro Infante debido a las obras... dos horas después ¡lo pospusieron!