Malecón
Bombazo desde el exterior
Nadie esperaba que una noticia con estas características y desde el extranjero fuera a llegar, y menos en tiempos tan atípicos o fuera de coyuntura... u otros podrán decir que en el momento oportuno.
Pero un boletín del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos anunció que el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, junto a otros siete funcionarios, ex funcionarios, mandos y ex mandos policiales, tienen una investigación en curso en la Corte del sur de Nueva York, acusados de tener relación con el Cártel de Sinaloa.
La noticia sacudió al País y al estado de Sinaloa, que actualmente se encuentra hundido en una crisis de inseguridad desde que estalló una guerra entre facciones del mismo Cártel.
Y entre los coletazos también pudo haber acomodado algo que todavía no se vislumbraba tan claro por lo que aún falta para los llamados “tiempos” de los que hablan los políticos, que significan justamente el proceso electoral.
En Sinaloa, el bombazo cae para neutralizar al “rochismo”, lo que podríamos llamar a la intención de que personajes ligados a Rocha Moya se mantengan con las posibilidades de la línea gubernamental.
La acusación es seria, muy seria, según el Gobierno estadounidense está armado por información de líderes del narcotráfico detenidos y hoy procesados en su sistema de justicia penal, de colusión del crimen organizado con las autoridades, consensuadas o acordadas en una serie de reuniones presenciales previos a que estos personajes llegaran al poder.
Uno de los síntomas más evidentes, del que Noroeste pudo investigar, documentar y publicar, fue un operativo político y criminal, llevado a cabo en 2021, justo en la jornada en que Rocha Moya ganó la elección, con secuestros, amenazas, vejaciones y robos, además de la presencia de grupos armados en las casillas electorales.
Hoy la noticia cae como balde de agua fría, y rápidamente hizo que hirvieran las cámaras de senadores y diputados, y de nuevo polarizaran la política y la opinión pública de todo el País.
Quizás la mayor duda es sobre lo que podría pasar en las próximas horas, días, semanas y meses, desde el otro lado, hasta desde las autoridades de justicia federales y estatales.
Mientras, Culiacán y el resto de los municipios de Sinaloa se mantienen viviendo en una zozobra por la violencia ya conocida y con un ritmo que aunque baja, tiene picos de intensidad que cimbran a la ciudadanía.
La acusación, aunque todavía se encuentra cómo eso, una acusación, tiene la posibilidad de enfrentarse e incluso de deslindarse.
Pero lo que difícilmente se vaya a arreglar es que las encuestas de Morena incluían entre posibles aspirantes a ser candidatos a la Gubernatura a Juan de Dios y el Senador Inzunza, y ahora ya solo quedarán la también Senadora Imelda Castro y la Diputada Teresa Guerra Ochoa.
Y aunque todavía no hay nada definido, el bombazo parece haber causado un daño irreversible que hace pensar en que quizás pueda ser mayor.
Agenda cancelada; Gobierno ausente
El Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró hace apenas unas horas que su agenda no se vería interrumpida tras los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Dijo que no se iría de Sinaloa, que seguiría al frente.
Pero los hechos empezaron a contradecir el discurso.
La cancelación de su participación en un evento en la zona aérea de Culiacán, seguida por la suspensión de una actividad clave en Navolato relacionada con programas federales de fertilizantes, no son movimientos menores. Son señales. Y en el contexto actual, son señales delicadas.
Porque este no es un episodio cualquiera. Es una crisis que, por su dimensión, inevitablemente exige tiempo, atención y control de daños. Y ahí surge una pregunta: ¿cuánto del tiempo del Ejecutivo se está y se estará destinando a atender esta situación?
Cuando un gobernador entra en modo defensa, el riesgo es que el Gobierno entre en pausa.
Sinaloa no puede darse ese lujo con las crisis que enfrenta.
La administración estatal no es una oficina que pueda operar a medio turno ni un proyecto que admita distracciones prolongadas. Hay seguridad que atender, campo que respaldar, infraestructura en marcha, conflictos sociales abiertos. Hay, en pocas palabras, un estado que gobernar.
Y si la atención del titular del Ejecutivo está centrada, como es lógico, en responder, contener o enfrentar señalamientos internacionales, el resto de la maquinaria corre el riesgo de quedar en segundo plano.
Ahí es donde aparece la preocupación de fondo: un Gobierno distraído en los hechos, aunque no en el papel.
Porque sí, formalmente el Gobernador sigue en funciones. Pero la función no es solo ocupar el cargo, sino ejercerlo con plena atención. Y cuando esa atención se dispersa o se concentra en una crisis personal o política, el vacío comienza a sentirse.
Los ciudadanos no eligieron una administración intermitente. No votaron por un Gobierno que opere a ratos ni por uno que se diluya en medio de la presión.
Si la situación escala, y todo apunta a que lo hará, el reto no será solo sostener un discurso de normalidad, sino demostrarlo con hechos. Con presencia, con agenda cumplida, con decisiones visibles.
El Alcalde: cálculo y ejecución
Hoy en Culiacán no faltó el Alcalde, lo que faltó fue el momento adecuado para dar la cara. Juan de Dios Gámez no desapareció del mapa. No canceló su día ni se escondió por completo. Lo que hizo fue elegir cuidadosamente dónde sí estar y dónde no. Y eso, en un día como hoy, dice más que cualquier discurso.
A las 13:00 horas había un evento con trabajadores jubilados. Un acto institucional, sobrio, sin reflectores excesivos pero con algo importante: formalidad. Ahí no llegó. Tampoco el Secretario del Ayuntamiento. La ausencia fue total en la parte alta del Gobierno municipal, justo cuando empezaba a circular la acusación desde Estados Unidos.
Horas después, el Alcalde sí apareció. Pero no en ese espacio.
Reapareció en un evento distinto de colocación de primera piedra con agenda controlada y tiempo suficiente para hablar sin interrupciones. Ahí sí hubo presencia, discurso amplio y una narrativa bien construida. No es menor la diferencia entre ambos escenarios.
Y en ese contexto llegó la frase del día, repetida como si fuera suficiente para cerrar cualquier duda: “siempre hemos actuado dentro de la legalidad”.
La dijo más de una vez. La reforzó con ejemplos. La envolvió con historias personales, con referencias a su origen, con menciones a obras, a calles pavimentadas, a programas sociales. Todo un recorrido para sostener una idea... sin detenerse realmente en el señalamiento.
Porque mientras más se extendía el discurso, más evidente se volvía lo que no estaba en el centro: la acusación.
No hubo explicación puntual. No hubo desmenuce. No hubo respuesta directa al contenido de lo que se le imputa. En cambio, hubo contexto, trayectoria y una defensa basada en quién es, más que en qué se le señala.
La estrategia les es conocida cuando el tema es incómodo, y no se ignora. Se rodea con información, se cubre con actividad, se mezcla con logros hasta que pierde nitidez.
Porque no era cualquier evento. Era uno donde la investidura pesa, donde la presencia es parte del mensaje institucional. No asistir ahí y sí hacerlo después, en condiciones más favorables, marca una línea muy clara sobre cómo se decidió enfrentar el día. Pero enfrentarlo al fin.
Lo que queda no es solo lo que dijo el Alcalde, sino cómo lo dijo y, sobre todo, cuándo decidió hacerlo.
Entre ambos momentos, una palabra que intentó sostenerlo todo fue ‘legalidad’.
¡FOUL!... La FGR señala que del caso Sinaloa, la solicitud carece de pruebas y viola protocolos de confidencialidad, mientras que la FGE de Sinaloa pide respeto al debido proceso ¡contra sus funcionarios!