Malecón

¿Qué pasó con Arnulfo?

Conmocionó a todos la privación de la libertad de un conocido empresario gasolinero de Culiacán en plena colonia Guadalupe. Y lo hizo porque dentro de todos los problemas que tiene el estado en materia de seguridad, el secuestro no ha sido uno de ellos. De hecho, el trabajo de la Unidad Especial Antisecuestros (UEA) ha sido reconocido por muchos años por su eficacia y este delito es de los pocos que se han mantenido en niveles muy bajos y no ha sido alterado debido a la guerra mafiosa.

Afortunadamente el caso de Arnulfo Aguilar se resolvió anoche favorablemente, cuando la Fiscalía confirmó que el empresario fue recuperado con vida y ya se encuentra con su familia.

Pero que la víctima esté bien no significa que el hecho no haya sucedido, y esto debe levantar las alertas del Gobierno del Estado y del empresariado sinaloense, pues lo que menos necesita la sociedad y la economía de Culiacán es que el secuestro se vuelva otro de los negocios del crimen organizado. Por eso es clave que se nos explique qué sucedió y si se trató o no de un secuestro en el que se exigiera un rescate económico o material.

Por otro lado, la exigencia civil y empresarial debe ser simple: que no se repita, que se aclare y que los perpetradores sean detenidos y castigados.

Austeridad pero de memoria

Mire, está curioso, por no decir otra cosa, lo que dijo la Diputada María Teresa Guerra Ochoa. Salió a decir que habría que “revisar” el número de regidores en Culiacán porque, según esto, hay 18... y que eso entra dentro del “Plan B” de austeridad.Hasta ahí suena lógico, ¿no? El tema es que esa “revisión” ya se hizo... en 2017. Y no fue cualquier cosa, fue una reforma constitucional que dejó claro que deben ser 12. O sea, no es un pendiente, no es un vacío: es algo que ya está escrito desde casi una década.

Entonces queda esa sensación medio rara de: ¿cómo que lo están descubriendo apenas? Y más viniendo de alguien que coordina el Congreso. No es como que sea un dato escondido en un archivo perdido, es parte de las reglas básicas con las que se supone que están trabajando.

Y luego lo enmarcan en el discurso del “Plan B” que impulsa Claudia Sheinbaum Pardo, como si la austeridad pasara por abrir debates que ya están cerrados. Una cosa es recortar gastos, y otra es simular que estás proponiendo algo nuevo cuando en realidad sólo estás volteando a ver algo que ya existe.

Además, mientras se arma toda esta narrativa, hay otros temas bastante más urgentes en Sinaloa que siguen ahí: seguridad, desapariciones, servicios públicos... pero de esos no se habla con la misma energía. No lucen igual en el discurso, no son tan cómodos.

Y súmele que ya traen encima señalamientos por andar en dinámica de posicionamiento rumbo a las elecciones del próximo año. Entonces este tipo de declaraciones empiezan a sentirse más como parte del guión: algo que suene bien, que encaje con la línea nacional y que dé para titular, aunque el fondo esté medio reciclado.

Al final, más que una propuesta de austeridad, parece un recordatorio involuntario de que a veces en la política basta con volver a presentar viejas ideas... como si nadie se fuera a dar cuenta.

Las fallas de la buena intención

En Sinaloa, la obra pública parece avanzar por inercia, pero no por coordinación. El problema no es la falta de inversión, porque los millones sí se ven, sino la ausencia de planeación integral entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, que terminan entregando infraestructura incompleta, desconectada y, en algunos casos, hasta peligrosa.

Ahí está el caso del nuevo puente en el sector Santa Fe, en Culiacán, que cruza el río Humaya. Una obra de alto costo que, en teoría, debería mejorar la movilidad, pero que en la práctica exhibe un vacío preocupante: no hay señalamientos claros, no hay definición de carriles y no hay obras complementarias que ordenen el flujo vehicular.

¿El resultado? Los propios conductores han tenido que improvisar. Desde el bulevar Santa Fe, rumbo al sector del Estadio de los Dorados, ya se inventaron un cuarto carril apoyándose en la lógica de la vuelta continua. Una solución callejera que evidencia la ausencia de autoridad, pero que también ha detonado choques, roces y situaciones de riesgo constantes.

No es un caso aislado. En distintos puntos de la ciudad, las líneas de los carriles simplemente no existen o están borradas. Circular por Culiacán se ha vuelto un ejercicio de intuición más que de orden vial. Y la pregunta es inevitable: ¿de verdad no alcanza el presupuesto para pintura, o lo que falta es coordinación y seguimiento?

Porque una obra pública no termina cuando se inaugura. Termina cuando funciona. Y para que funcione, necesita señalética, sincronización con vialidades existentes, mantenimiento y una estrategia que involucre tanto al estado como al municipio.

Hoy, lo que se observa es una administración estatal que construye por un lado, y gobiernos municipales que no logran, o no quieren, completar lo necesario para que esas obras se integren a la vida cotidiana. El resultado es una ciudad fragmentada, donde la infraestructura no responde a las necesidades reales de sus habitantes.

Y en medio de ese desorden, los más afectados son los de siempre: peatones que no tienen cruces seguros, usuarios del transporte público que enfrentan paradas desordenadas y automovilistas que circulan en un entorno incierto.

Si la coordinación falla, la obra pública deja de ser solución y se convierte en problema. Y en Sinaloa, ese problema ya circula todos los días.

Ya se supo, Conasupo

Pues, resulta que el colectivo Guerreros Azules liberó las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Culiacán, luego de dos días de haberlas tomado, según dijeron ellos, después de alcanzar acuerdos con el Gobierno de Sinaloa.

La decisión queda más bien como una respuesta justamente al desplante, insistimos, sin razón y que no tiene qué ver con las exigencias que el grupo montó en las lonas cuando hizo lo que hizo, lo que demuestra así que era más bien un capricho.

El grupo, para anunciar que desistirían de la protesta, plantón y toma hasta ese momento de carácter permanente de las instalaciones de la CEDH, explicó en una conferencia de prensa, liderada por Yesenia Rojo Carrizoza, que la decisión de retirarse se tomó tras recibir una llamada de la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, en la que se comprometieron a atender algunas demandas.

Y aquí es donde a la cochi se le tuerce el rabo, pues enumeraron que entre sus peticiones estaba la gestión del grado inmediato superior para los policías jubilados del colectivo y una reunión con el Gobernador programada a más tardar este viernes.

Lo curioso es que la toma se dio porque supuestamente ellos acusaron al profesor Óscar Loza Ochoa, como lo han hecho siempre, de amenazar a la supuesta activista y porque el organismo que dirige era de “pura simulación” o al menos eso se podía leer en sus lonas montadas en las instalaciones.

Lo puerco del asunto, y que genera la posible confirmación de que la orden viene desde las mismas oficinas de la 4T, dándole piola a las acciones absurdas y actitud intransigente de los activistas, es que en la misma conferencia “agradecieron” al Gobernador Rubén Rocha Moya “que metió las manos para solucionar”.

Entonces nos quedamos nosotros así como ¡guat da fac!

El grupo mantuvo la toma de las instalaciones desde la tarde del pasado lunes 23 de marzo e impidió la legítima y noble actividad de la CEDH, renegando entre otras cosas que no emitiera recomendaciones solicitadas desde marzo de 2023 en favor de policías jubilados y activos.

Peor fue que Rojo Carrizoza acusó al profe Loza de negarse al diálogo y de utilizar la institución con fines políticos, cuando todos nos hemos dado cuenta que los llamados Guerreros Azules han actuado siempre con intransigencia y con actitud porril.

Es más, mientras todo esto sucedía, un periodista de la revista Espejo denunció ante la Fiscalía General del Estado haber sido objeto de amenazas por parte de elementos de este grupo hacia su persona, a través de una campaña de odio en redes sociales, en las que criticaron y denostaron su trabajo periodístico, solo por no coincidir con sus demandas.

Y no es algo que hasta hoy nos hayamos dado cuenta, ya también denunciamos en este espacio antes que la propia Yesenia encabezó una absurda manifestación en las instalaciones de Noroeste exigiendo un equivocado derecho de réplica al medio por comentarios vertidos por un columnista invitado.

Total, el grupo de nuevo se victimizó, y rechazó señalamientos de que se haya impedido la atención a víctimas o retenido a personal dentro del edificio en la CEDH, cuando hubo evidencia de ello.

Quesque las pocas personas que acudieron a solicitar atención durante la toma no presentaban casos urgentes y, en algunos casos, fueron enviadas con la intención de provocar al movimiento.

Ojalá, por el bien y la salud de los derechos humanos que esto sea el fin del acoso contra el profe Loza y su equipo y que el colectivo de policías recapacite y lleve sus exigencias a donde las tenga que llevar y evite andarse prestando a ser, como hemos visto hasta ahora, un grupo de choque y acciones porriles.

¡FOUL! Tras el reciente y sorpresivo palo que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los sueños guajiros de Gerardo Vargas Landeros, el Gobernador Rubén Rocha Moya decidió darle la vuelta a la página y señaló que el Ayuntamiento de Ahome ¡se ponga a trabajar!