El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, reaccionó a los ataques armados ocurridos en tres hospitales de la ciudad, que dejaron seis muertos y dos heridos en menos de 24 horas, calificándolos como un “indicador” de que el trabajo en seguridad aún no está concluido.
La declaración es acertada pero resulta limitada frente a la magnitud de la violencia: comandos disfrazados de médicos irrumpiendo en un hospital general, otra persona fue asesinada dentro de una clínica privada, y una menor herida en el Hospital Civil.
A nueve días de cumplirse un año de la crisis detonada por la pugna interna del Cártel de Sinaloa, el edil insiste en “seguir trabajando en la misma ruta”. Pero esa misma ruta ha dejado un saldo de miles de homicidios, desapariciones y hechos cada vez más violentos. Una estrategia que, a juzgar por los hechos, parece más una reacción que un plan contra la violencia.
Además, el Alcalde se deslinda de la exigencia de fijar posturas públicas frente a la ciudadanía, asegurando que los resultados son su mensaje.
En medio de ejecuciones en clínicas y hospitales, el mensaje institucional es todo menos reconfortante: que la violencia es solo un recordatorio de que “hay que seguir trabajando”. Una frase que, tras meses de hechos violentos, suena más a un mantra que a una verdadero plan para prevenir y reducir la criminalidad.
En Sinaloa solemos escuchar que aquí la pobreza “no pega tan duro” como en otras partes del País. Y sí, las cifras dicen que estamos por debajo de la media nacional, que en Chiapas la pobreza multidimensional alcanza al 66 por ciento de la población, mientras que en Sinaloa “sólo” el 17 por ciento. Pero detrás de ese “sólo” hay 533 mil personas con carencias profundas: salud, educación, vivienda, alimentación y servicios básicos que no llegan o llegan a medias.
El espejismo se sostiene porque hay crecimiento agrícola, inversión turística, flujo comercial y hasta exportación de talento. Pero la realidad es que casi 730 mil sinaloenses viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza y 45 mil sobreviven en pobreza extrema, esa donde comer, curarse o tener agua potable se convierte en un lujo.
La otra cara de la moneda son las carencias que persisten de forma crónica: casi una cuarta parte de los habitantes sin acceso real a servicios de salud, más de un tercio sin seguridad social, casi medio millón en rezago educativo. Y si hablamos de alimentación, 12 de cada 100 sinaloenses no logran cubrir su dieta con calidad ni con nutrición.
El problema es que las estadísticas suelen quedarse en los informes y en los discursos oficiales, mientras en la vida diaria la desigualdad se palpa. Basta recorrer una sindicatura en la sierra o un asentamiento irregular en las ciudades para ver la brecha: niños que van a la escuela en condiciones precarias, familias que destinan la mitad de lo que ganan a pagar consultas médicas privadas porque no encuentran atención en hospitales públicos, viviendas con pisos de tierra a unos kilómetros de zonas residenciales donde la abundancia se desborda.
Y aunque los números muestran avances, sobre todo frente a otros estados, lo cierto es que la pobreza no se combate con comparaciones, sino con políticas públicas sostenidas, inversión en infraestructura social y voluntad política. De lo contrario, Sinaloa seguirá instalándose en esa narrativa de que “no estamos tan mal” cuando podríamos estar mucho mejor.
Mire que vivir en el centro de Sinaloa se ha vuelto muy pesado este último año por todo lo que ya sabemos de la violencia y sus consecuencias, y aún así siempre existe raza que se las ve más complicado de lo que nos da la imaginación.
En este caso, hablamos de algo que si bien no es novedad, no deja de sorprender que siga ocurriendo en pleno Siglo 21 y en el 2025, que es el tema de las fallas en el servicio de la energía eléctrica.
La asociación Empresarios Unidos por Navolato denunció una serie de fallas en el abasto de electricidad a lo largo del municipio, lo cual afecta la ya trastocada economía navolatense que se sostiene principalmente por el turismo, agricultura y comercio, y por supuesto las afectaciones a la vida cotidiana.
Pareciera irreal que, a estas alturas del partido, todavía haya hogares que permanezcan hasta cuatro días consecutivos sin servicio de energía eléctrica por un apagón, y las temperaturas que manejamos acá en Sinaloa tampoco sob muy amables, la verdad.
Desde luego aquí extendemos el llamado a que de verdad se haga la chamba que debe hacerse, porque tampoco se trata de un lujo que quieran darse las familias, sino algo tan básico como tener electricidad en sus hogares para el quehacer, para subsistir y para tratar de escapar en sus casas de los climas tan adversos que hay principalmente en la mediodía y tarde.
Lo triste, como dijo el presidente de Emun, Jorge Quevedo Beltrán, es que el tema este no es ni mucho menos una novedad, tanto en Navolato, como en Sinaloa y hasta a nivel nacional.
Si el Estado, entendiendo este como el poder público, no ha sido capaz de garantizar espacios seguros para la población en Sinaloa, pues ya de perdida que se pongan truchas y al tirante con lo indispensable para vivir.
Y vale que el suministro de electricidad no depende ni de los municipios ni de la entidad, pero precisamente una de sus funciones es gestionar, exigir e insistir a los responsables de la energía que aseguren este servicio.
El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, reaccionó a los ataques armados ocurridos en tres hospitales de la ciudad, que dejaron seis muertos y dos heridos en menos de 24 horas, calificándolos como un “indicador” de que el trabajo en seguridad aún no está concluido.
La declaración es acertada pero resulta limitada frente a la magnitud de la violencia: comandos disfrazados de médicos irrumpiendo en un hospital general, otra persona fue asesinada dentro de una clínica privada, y una menor herida en el Hospital Civil.
A nueve días de cumplirse un año de la crisis detonada por la pugna interna del Cártel de Sinaloa, el edil insiste en “seguir trabajando en la misma ruta”. Pero esa misma ruta ha dejado un saldo de miles de homicidios, desapariciones y hechos cada vez más violentos. Una estrategia que, a juzgar por los hechos, parece más una reacción que un plan contra la violencia.
Además, el Alcalde se deslinda de la exigencia de fijar posturas públicas frente a la ciudadanía, asegurando que los resultados son su mensaje.
En medio de ejecuciones en clínicas y hospitales, el mensaje institucional es todo menos reconfortante: que la violencia es solo un recordatorio de que “hay que seguir trabajando”. Una frase que, tras meses de hechos violentos, suena más a un mantra que a una verdadero plan para prevenir y reducir la criminalidad.
En Sinaloa solemos escuchar que aquí la pobreza “no pega tan duro” como en otras partes del País. Y sí, las cifras dicen que estamos por debajo de la media nacional, que en Chiapas la pobreza multidimensional alcanza al 66 por ciento de la población, mientras que en Sinaloa “sólo” el 17 por ciento. Pero detrás de ese “sólo” hay 533 mil personas con carencias profundas: salud, educación, vivienda, alimentación y servicios básicos que no llegan o llegan a medias.
El espejismo se sostiene porque hay crecimiento agrícola, inversión turística, flujo comercial y hasta exportación de talento. Pero la realidad es que casi 730 mil sinaloenses viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza y 45 mil sobreviven en pobreza extrema, esa donde comer, curarse o tener agua potable se convierte en un lujo.
La otra cara de la moneda son las carencias que persisten de forma crónica: casi una cuarta parte de los habitantes sin acceso real a servicios de salud, más de un tercio sin seguridad social, casi medio millón en rezago educativo. Y si hablamos de alimentación, 12 de cada 100 sinaloenses no logran cubrir su dieta con calidad ni con nutrición.
El problema es que las estadísticas suelen quedarse en los informes y en los discursos oficiales, mientras en la vida diaria la desigualdad se palpa. Basta recorrer una sindicatura en la sierra o un asentamiento irregular en las ciudades para ver la brecha: niños que van a la escuela en condiciones precarias, familias que destinan la mitad de lo que ganan a pagar consultas médicas privadas porque no encuentran atención en hospitales públicos, viviendas con pisos de tierra a unos kilómetros de zonas residenciales donde la abundancia se desborda.
Y aunque los números muestran avances, sobre todo frente a otros estados, lo cierto es que la pobreza no se combate con comparaciones, sino con políticas públicas sostenidas, inversión en infraestructura social y voluntad política. De lo contrario, Sinaloa seguirá instalándose en esa narrativa de que “no estamos tan mal” cuando podríamos estar mucho mejor.
Mire que vivir en el centro de Sinaloa se ha vuelto muy pesado este último año por todo lo que ya sabemos de la violencia y sus consecuencias, y aún así siempre existe raza que se las ve más complicado de lo que nos da la imaginación.
En este caso, hablamos de algo que si bien no es novedad, no deja de sorprender que siga ocurriendo en pleno Siglo 21 y en el 2025, que es el tema de las fallas en el servicio de la energía eléctrica.
La asociación Empresarios Unidos por Navolato denunció una serie de fallas en el abasto de electricidad a lo largo del municipio, lo cual afecta la ya trastocada economía navolatense que se sostiene principalmente por el turismo, agricultura y comercio, y por supuesto las afectaciones a la vida cotidiana.
Pareciera irreal que, a estas alturas del partido, todavía haya hogares que permanezcan hasta cuatro días consecutivos sin servicio de energía eléctrica por un apagón, y las temperaturas que manejamos acá en Sinaloa tampoco sob muy amables, la verdad.
Desde luego aquí extendemos el llamado a que de verdad se haga la chamba que debe hacerse, porque tampoco se trata de un lujo que quieran darse las familias, sino algo tan básico como tener electricidad en sus hogares para el quehacer, para subsistir y para tratar de escapar en sus casas de los climas tan adversos que hay principalmente en la mediodía y tarde.
Lo triste, como dijo el presidente de Emun, Jorge Quevedo Beltrán, es que el tema este no es ni mucho menos una novedad, tanto en Navolato, como en Sinaloa y hasta a nivel nacional.
Si el Estado, entendiendo este como el poder público, no ha sido capaz de garantizar espacios seguros para la población en Sinaloa, pues ya de perdida que se pongan truchas y al tirante con lo indispensable para vivir.
Y vale que el suministro de electricidad no depende ni de los municipios ni de la entidad, pero precisamente una de sus funciones es gestionar, exigir e insistir a los responsables de la energía que aseguren este servicio.