Morena llegó al poder prometiendo una nueva forma de hacer política. Durante años criticó a los partidos tradicionales por utilizar los cargos públicos como trampolín electoral y por anteponer las aspiraciones personales a las responsabilidades que les habían sido encomendadas por los ciudadanos. Sin embargo, en Sinaloa parece que esa vieja práctica no sólo continúa, sino que se normaliza.

La Diputada federal Graciela Domínguez decidió solicitar licencia indefinida para participar en el proceso interno que definirá la candidatura de Morena a la Gubernatura de 2027. Antes lo hizo la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, y la Senadora Imelda Castro ha adelantado que también dejará temporalmente su escaño para entrar de lleno a la competencia.

Nadie puede cuestionar el derecho legítimo de cualquier servidor público a buscar otro cargo. El problema surge cuando las posiciones de representación popular se convierten en escalones de una carrera política permanente. Los ciudadanos votaron por diputados y senadores para que concluyeran una encomienda específica, no para que a mitad del camino se dedicaran a construir la siguiente candidatura.

La defensa habitual es que las suplencias garantizan la continuidad institucional. Y es cierto: el Congreso no se paraliza. Pero, ¿por qué pedir el voto para un cargo que no se tiene intención de concluir?

Resulta inevitable recordar que Morena fue uno de los principales críticos de estas prácticas cuando era Oposición. Se hablaba de acabar con la ambición desmedida, de privilegiar el servicio público y de poner primero al pueblo. Hoy, en los hechos, la lógica parece ser la misma que durante décadas se reprochó al PRI y al PAN.

Más allá de los nombres, en un estado golpeado por la violencia, con problemas económicos y una ciudadanía cada vez más escéptica de la política, las energías de buena parte de la clase gobernante ya están concentradas en la sucesión de 2027.

La carrera comenzó demasiado pronto. Y mientras las candidaturas se vuelven prioridad, ¿quién está gobernando y quién está haciendo campaña?

La Universidad Autónoma de Sinaloa respondió a los señalamientos sobre la insuficiencia de infraestructura para sostener la cobertura universal con un recurso tan predecible como cómodo: apelar a la nobleza de la causa.

Nadie discute que abrir espacios para todos los jóvenes sea deseable. Tampoco que la educación sea un derecho o que mantener a los estudiantes en las aulas contribuya a la estabilidad social. El problema es que esas afirmaciones, por ciertas que sean, no responden la pregunta planteada.

La investigación publicada por Noroeste no cuestionó si los jóvenes merecen estudiar. Cuestionó si la UAS tiene suficientes aulas, laboratorios, docentes y recursos para atender a todos sin sacrificar la calidad educativa. Y frente a esa interrogante concreta, la institución respondió con un discurso sobre paz social, inclusión y derechos universales.

Es una estrategia conocida: cuando los datos resultan incómodos, se cambia de conversación.

Los académicos que respaldan la cobertura universal aseguran que cerrar las puertas sería un error. Probablemente tengan razón. Pero nadie está proponiendo eso. Lo que se pregunta es si abrirlas de par en par sin ampliar en la misma proporción la infraestructura termina generando otro problema: grupos saturados, instalaciones insuficientes y formación profesional de menor calidad.

La defensa presentada por la Universidad tampoco ofrece cifras que contradigan los hallazgos expuestos. No hay datos sobre capacidad instalada, metros cuadrados por estudiante, déficit de aulas o requerimientos presupuestales específicos. Hay, en cambio, una serie de argumentos morales difíciles de rebatir, precisamente porque no abordan el tema central.

La cobertura universal puede ser una meta legítima. Pero convertirla en consigna no resuelve los desafíos materiales que implica. Admitir a todos es apenas el primer paso. Garantizar que todos reciban una educación de calidad es el verdadero reto.

Y es ahí donde la respuesta institucional se queda corta.

Resulta paradójico, por no decir insultante, que mientras las autoridades presumen una baja en el robo de vehículos y comercios, las calles de Culiacán se sigan tiñendo de rojo con una frecuencia alarmante.

Javier Llausas Magaña, especialista en estadísticas de incidencia delictiva, informó que la ciudad no ha logrado pacificar sus calles, sino que ahora concentra el 80 por ciento de los homicidios de todo Sinaloa, rompiendo cualquier promedio histórico y dejando claro que la estrategia, si es que existe una, está fallando en lo más elemental, que es proteger la vida.

Ya no estamos ante el viejo discurso de los enfrentamientos entre grupos, la realidad nos golpea con el asesinato de mujeres y menores de edad que caen ante una violencia que parece no tener freno.

A este panorama sombrío se le suma la inestabilidad en los mandos que deberían dar certeza.

La constante rotación de jefes en el Ejército y la Guardia Nacional parece más una pasarela que un plan de seguridad serio.

Justo cuando los mandos comienzan a conocer el terreno y a establecer planes de contención, son relevados, dejando a Sinaloa en un eterno para volver a empezar mientras el conflicto amenaza con fortalecerse y extenderse hacia municipios del sur como Escuinapa.

Pero no nos engañemos, el problema no es la falta de botas en el terreno o de uniformes patrullando las colonias.

La estructura militar y federal está presente, pero se encuentra atada de manos por la falta de una orden clara y decidida desde el poder civil.

La voluntad política se ha convertido en el gran ausente de esta crisis; mientras los mandos civiles no asuman su responsabilidad de dirigir con firmeza a las fuerzas armadas, los resultados seguirán siendo los mismos, una simulación que nos sale muy cara a todos.

Lo más peligroso de este escenario no son sólo las balas, sino la posibilidad de que como sociedad nos acostumbramos al horror.

No podemos permitir que el asesinato o la desaparición de una persona se convierta en el paisaje cotidiano de nuestra ciudad.

Sinaloa atraviesa una epidemia de inseguridad que le está robando los mejores años y los recuerdos a las nuevas generaciones, quienes merecen crecer en un entorno productivo y no en uno marcado por el miedo y la violencia.

La resiliencia de los sinaloenses ha sido mucha, pero ya es hora de que la autoridad civil deje de ser un espectador y empiece a actuar con la urgencia que la situación demanda.

¡FOUL!... Las autoridades estatales y municipales de Mazatlán habían anunciado que junto con funcionarios federales harían hoy una jornada de la paz en Villa Unión... pero que siempre no habrá, ¡que hasta nuevo aviso!