Condenan y procesan a cuatro por portación de armas en Sinaloa
La FGR obtuvo condenas en Mazatlán y Elota contra dos personas por portar armas de uso exclusivo. En Guasave, procesó a un hombre por transportar armamento y cartuchos. Además, cumplimentó una orden de reaprehensión en Los Mochis por un caso similar
CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa obtuvo una sentencia condenatoria y dos vinculaciones a proceso en diferentes casos relacionados con la portación y transporte de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En Mazatlán, Christian “P” fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión, además de una multa, tras un procedimiento abreviado. El individuo fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia Benito Juárez con un rifle, una carabina, cartuchos, un cargador y una motocicleta sin placas. La FGR lo encontró responsable de portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército.
Por otra parte, un juez federal vinculó a proceso a Gregorio “A” en La Cruz de Elota, por su probable responsabilidad en la portación de un arma de uso exclusivo. La detención la llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Marina (Semar) cuando el imputado circulaba a alta velocidad en un vehículo con reporte de robo, asegurándole un arma de fuego con cargador y cartuchos. Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva oficiosa.
En Guasave, Salvador “V” también fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva oficiosa por transporte de un arma tipo escopeta y mil 519 cartuchos, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su detención, a cargo de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se dio en atención a una denuncia anónima, mientras viajaba en un camión de pasajeros por la carretera México 15, a la altura del poblado Las Brisas.
Finalmente, la FGR cumplimentó una orden de reaprehensión en Los Mochis contra José “S” por portación de arma de fuego de uso exclusivo. El imputado fue internado en el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, quedando a disposición de un juez federal para resolver su situación jurídica.