Inzunza niega ser ‘narcosenador’ y se separa de bancada de Morena
El senador mantendrá su escaño pese a los cargos estadounidenses y atribuye los señalamientos a su actuación legislativa de finales de abril
El senador Enrique Inzunza Cázarez rechazó el 31 de agosto de 2026 las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, y anunció su separación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, aunque descartó solicitar licencia a su cargo legislativo.
El legislador sinaloense reapareció esa fecha en la cámara alta, donde encabezó una conferencia de prensa en la que fue cuestionado de forma reiterada respecto a los señalamientos en su contra. Inzunza Cázarez negó ser un “narcosenador” y describió el caso como una embestida mediática de carácter político impulsada, según su versión, por la ultraderecha.
Consultado sobre si es un narcolegislador, el senador respondió: “Nunca he sido narco nada”. Añadió que tampoco ha sido narcobibliotecario, narcotaquero, narcomagistrado ni narcolegislador.
“Yo soy constitucional y verídicamente inocente”, declaró el legislador, quien calificó de patrañas las imputaciones atribuidas en su contra y sostuvo que no permitirá que se manche una trayectoria de más de 25 años en el servicio público. Esa carrera incluye casi 11 años como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa (TSJ) y su desempeño como secretario general de Gobierno en la administración estatal encabezada por Rubén Rocha Moya.
Inzunza Cázarez argumentó que, a poco más de cuatro meses de la publicación del documento del DOJ, no se ha aportado una sola prueba que sustente las imputaciones. Sostuvo que la aparición de los señalamientos no constituye una coincidencia, sino una respuesta política a su actuación legislativa registrada a finales de abril.
El Gobierno de Estados Unidos le imputa asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para facilitar y apoyar operaciones de tráfico de drogas, así como asociación delictuosa para poseer ese armamento táctico.
Según la fiscalía estadounidense, el senador se habría coludido con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa mediante un acuerdo por el cual el gobierno estatal otorgaría protección a la organización criminal y le entregaría el control de la Policía Estatal de Sinaloa para transportar y almacenar droga con impunidad, a cambio de favores políticos que mantuvieran en el poder a los funcionarios implicados. La acusación también sostiene que operó como enlace de comunicación directo para transmitir mensajes entre los líderes del cártel y Rocha Moya.
La decisión de permanecer en el escaño contrasta con la ruta adoptada por Rocha Moya, quien en su momento solicitó licencia para enfrentar señalamientos políticos. El senador explicó que su salida de la bancada busca evitar que la polémica continúe empleándose para cuestionar al movimiento de la Cuarta Transformación.