Alarde de ilegalidad

    No importa por dónde se les busque -en las percepciones o en los hechos- los avances en el combate a la corrupción y la impunidad y en favor del Estado de derecho no aparecen por ningún lado. Tres de los principales problemas que señala la población, tres de las banderas de campaña del actual gobierno, tres de los ejes del programa de la presente administración, tres de los males que hacen a México un país improductivo y sin crecimiento, tres de los obstáculos que señalan los empresarios para invertir. Y, ¿qué resultados tenemos habiendo concluido más de la mitad del sexenio? Ninguna mejora, o sea un estancamiento. O, peor aún, un retroceso.

    Escandaloso e indignante. Las autoridades federales y estatales no solo violan la ley sino que hacen gala de ello. En la veda electoral respecto a la revocación de mandato, el Presidente, el gabinete, la Jefa de Gobierno y los gobernadores de Morena y aliados, le dicen a los mexicanos que si una ley no les parece adecuada o justa, no hay que cumplirla. Ni más ni menos, el encargado de la gobernabilidad del país y responsable de fomentar la cultura de la legalidad desafió abiertamente el mandato constitucional de no promover la revocación y alardeó su conducta : “Cuando le platicábamos a ya saben quien, que íbamos a venir a apoyar ya saben qué” me dijo que me “iban a querer correr los del INE”; y yo le contesté “no se preocupe, si me corren voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador”. No sólo esto. Con gran desparpajo reveló que participó en la recolección de firmas. Gran lección cívica. Por eso estamos como estamos. Y remató: “No se preocupen por los del INE, esos ya se van porque viene la reforma electoral”. Porque la Constitución y las leyes son papel mojado lo mismo para ciudadanos que para las autoridades. El problema es que a las autoridades -cuando menos a las que están en turno- no se les castiga pero a los ciudadanos sí.

    No importa por dónde se les busque -en las percepciones o en los hechos- los avances en el combate a la corrupción y la impunidad y en favor del Estado de derecho no aparecen por ningún lado. Tres de los principales problemas que señala la población, tres de las banderas de campaña del actual gobierno, tres de los ejes del programa de la presente administración, tres de los males que hacen a México un país improductivo y sin crecimiento, tres de los obstáculos que señalan los empresarios para invertir. Y, ¿qué resultados tenemos habiendo concluido más de la mitad del sexenio? Ninguna mejora, o sea un estancamiento. O, peor aún, un retroceso.

    Como todos los años, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: Una iniciativa en favor del Estado de Derecho, ha documentado las percepciones y hechos de corrupción e impunidad. En el primer caso -las percepciones- lo ha hecho por cuarta vez consecutiva en colaboración con el departamento de Datología de Reforma, en el segundo -los hechos- a través de la Revista Nexos a través de nuestros anuarios de la corrupción.

    Resulta francamente desolador que no se registre avance alguno. No hay manera de sostener que “la corrupción se terminó”, que “ya no hay impunidad”, que “nada por fuera de la ley y nadie por encima de la ley”

    Tres de cada cuatro ciudadanos (74 por ciento) nos dicen, año tras año desde 2019, que la corrupción sigue igual (28 por ciento) o que ha empeorado (48 por ciento). Y, si en 2019 la mayoría (52 por ciento) mantenía viva la esperanza de que la honestidad o las políticas del Presidente disminuirían la corrupción, en 2022 la ilusión sólo persiste en el 30 por ciento de la población.

    Los mexicanos seguimos pensando que nuestras instituciones y autoridades son corruptas. La palma de oro se la llevan los partidos (todos) con el 73 por ciento de percepción de corrupción. Pero los funcionarios no cantan mal las rancheras. Más de la mitad creemos que los integrantes del gabinete son corruptos (56 por ciento). Lo mismo pasa con los gobernadores, Jefa de Gobierno, alcaldes y presidentes municipales (53 por ciento) y con los diputados y senadores (73 por ciento). Se salva el Presidente porque sólo el 32 por ciento piensa que es corrupto pero, aún en su caso, sufrió una caída de 10 puntos si se la compara con el 2019 cuando sólo el 22 por ciento pensaba que no lo era.

    Se salva el Presidente pero no sus proyectos. En cada una de sus obras emblemáticas los ciudadanos percibimos corrupción. Arriba del 50 por ciento pensamos que la hay en el Tren Maya, en el Aeropuerto Felipe Ángeles y en la Refinería Dos Bocas . Solamente 32 por ciento creen que en estas obras no hubo corrupción.

    Las percepciones no hacen sino reflejar la realidad. El periodismo de investigación, como lo hizo en otros sexenios, cuando tampoco callaba como momia, llena la prensa con evidencia de actos y redes de corrupción muy parecidas cuando no idénticas a las del pasado: funcionarios enriquecidos, adjudicaciones a modo, permisos chuecos, extorsiones, compras amañadas, adquisición de propiedades, uso de efectivo, empresas fantasma. Ninguna de las investigaciones ha podido ser desmentida. Ninguno de los delitos ha sido castigado. Puede usted consultar las decenas de corruptelas en MCCI y Nexos (https://bit.ly/anuario_mcci). Desde la entrega de dinero a Pío López Obrador hasta el carrusel de efectivo depositado en bancos por el secretario particular del Presidente, desde las farmacéuticas del súperdelegado Lomelí, hasta los ventiladores de Bartlett, desde los Centros de Desarrollo Infantil hasta los contratos opacos del aeropuerto, desde los 26 muertos de la Línea 12 del Metro hasta los 17 pacientes fallecidos en el hospital del IMSS en Tula, desde la retención de salarios en Texcoco por la actual Secretaria de Educación Pública hasta ... que me falta espacio.

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