La experiencia de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa dejó varias lecciones, una de las principales y, quizá, la más evidente es que el manejo público de la información sobre este tipo de casos debe hacerse con la mayor seriedad y con pleno respeto a la dignidad de las víctimas y sus familias. Esta lección la conoce muy bien la administración de López Obrador, en ocasiones previas dio claras muestras de ello, por ejemplo, al momento de confirmar la identificación de un grupo de fragmentos óseos pertenecientes a Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero. En el manejo de esos eventos, la Segob y la FGR demostraron que es posible un manejo de la información que equilibre al mismo tiempo la protección de la dignidad de las víctimas, la integridad de la investigación y la garantía del acceso a información de gran interés público. Tomando en cuenta estos antecedentes, resulta inquietante y difícil de entender la decisión del Gobierno federal de publicar diversos documentos provenientes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, en los cuales constan comunicaciones privadas entre integrantes de la delincuencia organizada y autoridades municipales, relativas a cómo pudo haber ocurrido la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Cabe aclarar que el interés público de la información revelada es innegable e incluso, bajo ciertas condiciones, tiene un valor potencial con relación al derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana en su conjunto sobre un caso de graves violaciones a los derechos humanos, como lo es el caso Ayotzinapa. Sin embargo, su publicación, mediante una decisión unilateral, representa, más que un avance, un riesgo para la integridad de la investigación y deja en el aire una avalancha de preguntas respecto de las cuales ni la FGR ni la Segob tienen aún una respuesta. Ese vacío de respuestas ha abierto el espacio a la especulación y ésta a su vez profundiza (nuevamente) el estado de incertidumbre y desconfianza de los padres y madres de Ayotzinapa.
Son varias las preguntas sobre las que el Gobierno debe ofrecer una respuesta lo antes posible. La primera es explicar, más allá de las formalidades, el origen de la información. Es decir, no basta con decir que los documentos provienen del trabajo de inteligencia del Ejército, sino que se debe explicar por qué y en qué condiciones legales y fácticas la Sedena estaba realizando intervención de comunicaciones privadas en la región durante la temporalidad de los hechos, así como corroborar el contenido de la información y agotar las líneas de investigación que se desprenden de ella. En este sentido, resulta una decisión irresponsable publicar información pendiente de corroboración, ya que alerta a posibles responsables y pone en riesgo la vida e integridad de las personas que potencialmente pudieran ayudar a esclarecer o testificar en la indagatoria. Al respecto, vale la pena recordar que en el caso Ayotzinapa existe un fuerte pacto de silencio e impunidad, y recientemente dos personas que habrían tenido información relevante para el caso han perdido la vida en hechos violentos.
Una segunda pregunta o, mejor dicho, serie de preguntas, son las relativas al papel que ha jugado el Ejército y la Sedena tanto en el desarrollo de los eventos de la detención-desaparición de los 43 estudiantes, como en la investigación posterior de los hechos. “¿Por qué el ejército no ayudó a nuestros hijos?”. Desde hace siete años esta pregunta irrumpe de forma constante en los pensamientos de los padres y madres de Ayotzinapa y les llena de rabia. Y sí, la pregunta no ha perdido vigencia, sobre todo ahora que se ha vuelto a confirmar que elementos de la Sedena conocieron del ataque en contra de los estudiantes en tiempo real y existe información que apunta hacia que, incluso, pudieron tener contacto directo con ellos y otros actores que perpetraron el ataque. Urge que el Estado esclarezca por qué no se auxilió a los muchachos, si se trató de una omisión deliberada, y si esa omisión estuvo acompañada de otras conductas de participación en los hechos y, por supuesto, quiénes son los responsables de dichas conductas.
Y finalmente, pero no por ello menos importante, el Gobierno federal debe explicarnos cómo ha sido posible que el Ejército nos ocultara esta información durante siete años, tres de los cuales transcurrieron bajo esta nueva administración, y donde la Sedena recibió órdenes expresas del Presidente, desde el día uno, de colaborar plenamente con la investigación. Dar respuesta a todas estas preguntas no es una tarea fácil en términos técnicos y políticos, pero es un imperativo para una administración que quiere sentar las bases de una transformación estructural. Se trata de una investigación que enfrenta, por un lado, los obstáculos del deterioro del tiempo y la manipulación deliberada, y por el otro, la resistencia de estructuras de poder de facto que tienen un interés en que el caso permanezca en la impunidad y sin solución. Cualquier proyecto de transformación radical del país pasa necesariamente por desmontar el aparato de impunidad de esas estructuras.
* Humberto Guerrero es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
