Tres años han pasado desde la ceremonia de investidura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que “puso al mundo indio en el centro de la atención pública”. Como lo apunta el Informe “Negación” (2021) de Artículo 19 (A19), los tres años de gobierno federal son momento idóneo para analizar las contradicciones entre el discurso oficial y la persistencia de múltiples violencias contra poblaciones originarias y defensores y defensoras de la tierra, el medio ambiente y territorio. Además en la presente administración se suma la estigmatización diaria para invisibilizar las luchas en contra de la imposición de Megaproyectos como lo es el Tren Maya, pasando por alto los compromisos asumidos por el Estado mexicano al ratificar, en enero de 2021, el Acuerdo de Escazú.
Así, en este panorama de violencia y desigualdad estructural e histórica, A19 realizó un ejercicio de visibilización de la situación del acceso la información en diferentes comunidades indígenas y grupos vulnerables durante el 2021, así como el análisis de la brecha digital en el país.
Específicamente, “Negación” aborda algunas coyunturas en la que las desigualdades de acceso a la información jugaron un papel esencial para que las comunidades y/o defensores pudieran hacer frente a varias dificultades.
Proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. El año 2021, se inició con la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 a nivel mundial. Según el estudio realizado por A19, la desinformación y la falta de confianza en las autoridades –y la ciencia- son limitantes persistentes al acceso igualitario a las vacunas en las poblaciones originarias. Al respecto de ello, se puede traer a colación el caso de Chiapas –entidad con uno de los índices más bajos de avance en vacunación en 2021- donde se atestiguó la deficiencia de las autoridades y la inadecuación de la lengua usada ya que “la mayoría de la información fue en español”.
Diversos testimonios coinciden que “solamente veía en el centro que la gente empezó a decirse que ya estaban vacunando. Así se enteraron. Ahí, yo siento que al gobierno sí le hizo falta dar información clara, porque estoy segura que sí hubo gente que tenía dudas y querían ser vacunados, pero no sabían dónde preguntar o recibir información”.
La falta de representatividad de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LGCPCIA) aprobada el 20 de abril del 2021 por la Cámara de Diputados para promover la consulta de pueblos y comunidades de manera libre, previa e informada “cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarles” respetando el su autonomía y su autodeterminación como sujetos de derecho.
Más allá de lo que fue retratado como un hito público, la realidad fue un nulo involucramiento de los pueblos en la elaboración de esta ley. Por lo tanto, LGCPCIA mostró sus inconsistencias más claras cuando en julio de 2021, las comunidades mayas de Kinchil, San Fernando (Maxcanú) y Celestún en el estado de Yucatán realizaron una autoconsulta como herramienta de resistencia contra la imposición de granjas porcícolas en su territorio y en su estado por la empresa Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. (Kekén). Lo anterior es una respuesta comunitaria y al margen de las autoridades federales y estatales, las cuales debieron haber realizado en su momento.
El impacto del huracán Eta en 2020 y la falta de información en sus comunidades del estado de Chiapas. Además de los deslaves y destrucción en zonas rurales, así como miles de personas damnificadas sin atender, algunas de las tendencias observadas por A19 en relación al acceso a la información fueron 1) las nulas y deficientes respuestas de las autoridades federales y estatales a los pedidos de la información y apoyo para las comunidades afectadas por los fenómenos naturales; 2) la inexistencia de un plan de retorno y de reconstrucción de las viviendas e infraestructura para las comunidades zoques en situación de desplazamiento; 3) el desconocimiento de las competencias por parte de las autoridades en el ámbito federal y local en materia de protección civil; 4)las política públicas reactivas y poco preventivas e integrales ante los fenómenos climáticos catastróficos; y 5) la persistencia del racismo y violencia institucional.
Esencialmente, en lo que respecta a la brecha de acceso al internet y a las Tecnologías de la Información (TICs) en las comunidades y/o grupos mencionados, pese a la publicación de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 que proyecta para el 2023 una cobertura nacional, A19 confirma su poca operatividad y la repetición de los fracasos de la estrategia de Peña Nieto en la materia.
Las deficiencias ubicadas se amplían cuando se compara proporcionalmente con base a la cantidad, calidad y costo de acceso a servicios digitales y TICs en zonas rurales (donde se sitúa la mayoría de los grupos indígenas y/o defensores) y urbanas.
De esta manera se avizora un rotundo fracaso en materia de conectividad en un país donde 32 millones de personas no tienen acceso a Internet.
Finalmente, en lo que respecta a la brecha digital, en aras de evitar la discriminación de acceso, A19 coincide con la CIDH sobre la necesidad de avanzar en materia de alfabetización digital en comunidades vulnerables como receptores y agentes del internet con toda la capacidad de generar sistemas de Intranet alternativos pero adecuados a sus necesidades. También vemos ejemplos de desarrollos locales como sucede en Chihuahua con la iniciativa de WISP (Wireless internet service provider).
En suma el internet y la información para todxs sigue siendo una promesa fallida.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
