Contrarreforma a espaldas de la gente. El Congreso no es una bolsa de trabajo

OBSERVATORIO
    Ponerles mordazas a los sinaloenses que los diputados representan sí implica involucionar a los tiempos de la política alevosa que le asestó grandes traiciones al pueblo. Al contrario, deben permitir que la población se exprese porque si borran con una guantada el laudo ciudadano entonces lo que están eliminando es la legitimidad de la representación popular que ostentan ya que no tendría razón de ser al cancelar el factor democrático que los llevó a las curules.

    Está claro que los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado se opondrán a que se adelgace la actual estructura parlamentaria, porque abordan el tema desde el interés de sus partidos políticos, pero ¿qué pasa con lo que quieren los sinaloenses que llevan la carga de pagar las onerosas estructuras de gobierno? Y lo que más intriga es que los asambleístas del Movimiento Regeneración Nacional, cuyos gobiernos todo lo quieren someter a consulta, olviden ahora pedirles la opinión a los ciudadanos.

    A pesar de que al Poder Legislativo le compete decidir si echa abajo la reforma constitucional que en 2017 impulsó Quirino Ordaz Coppel, para reducir a 30 las curules disponibles en el Congreso y en 34 por ciento el número de regidores en los Cabildos, aquí se manifiesta el evidente conflicto de interés donde la parte que resolverá es al mismo tiempo la beneficiaria de la retracción en ciernes. Guardadas las proporciones, es como si los servicios de salvamento le preguntaran al náufrago si quiere que lo rescaten o que lo dejen a la deriva en mar abierto.

    Atestiguamos el uso abusivo de las instituciones y el desdén a la Ley de Participación Ciudadana que para estos fines facilita las posibilidades del referéndum como herramienta de la sociedad al determinar qué hacer ante situaciones que le compete resolver. Además, esto da para sospechar que el Congreso dejó pasar el tiempo alevosamente con tal de acudir al madruguete legislativo bajo el pretexto de que no hay tiempo para operar los imprescindibles consensos.

    Con el “reversazo” que recibió lectura ayer en el Pleno, después de que fue “planchado” por la Junta de Coordinación Política, prácticamente todas las bancadas han podido armar acuerdos internos, pero de espaldas a los sinaloenses. Actúan al estilo ruin de cuidar al Legislativo como agencia de colocaciones de los partidos y gobiernos en turno, cuando lo que deben ponderar es el fortalecimiento de un poder pensado y habilitado para que sea un real contrapeso político, sin que importe la menor cantidad de diputados sino la mayor calidad del ejercicio parlamentario.

    El retroceso a un Congreso obeso, de operación anómala por los muchos apetitos que alberga, se veía venir desde que la anterior Legislatura, la 63 que también estuvo bajo el control mayoritario de Morena, indujo el aplazamiento para que tal reforma a los artículos 24 y 112 de la Constitución del Estado se implementara en la elección local de 2024. Ahora, cuando se acerca el proceso electoral el partido en el poder procede a sacar cuentas no de lo caro que les sale a los sinaloenses sostener ese pesado aparato burocrático; sus cálculos se centran en cuántos empleos dejará de darles a sus correligionarios.

    Y esta corriente de codicia política que pasa por encima de la aspiración ciudadana de dejar de sostener a camarillas parasitarias que se resisten a vivir fuera del presupuesto público, seduce a los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Sinaloense y por supuesto de las siglas Acción Nacional y De la Revolución Democrática cuya extinción por la vía electoral resulta inminente. ¿Qué no significa ahorro el hecho de dejar de pagarles sueldos privilegiados a 10 diputados y 80 regidores? En la calculadora política no, en el cómputo de la austeridad sí.

    Es conveniente sacar a relucir las voces que prevalecieron en aquella 62 Legislatura estatal durante la discusión de la reforma constitucional. La Diputada de Morena, Merary Villegas Sánchez solicitó que el tema mereciera una discusión más amplia en la que se incluyera a la sociedad, y la priista Irma Moreno Ovalles consideró como suceso histórico el de reducir de 40 a 30 el número de asambleístas, y de 233 a 153 la cantidad de regidores en todo el estado “toda vez que se cumple con una demanda ciudadana que quiere ver un Congreso y Ayuntamientos más delgados y eficientes, además de que para el dictamen no solo se tomó en consideración una iniciativa, sino varias que habían sido presentadas en un sentido similar”.

    Es importante que los legisladores en funciones se percaten de lo que están echando al bote de la basura. Y si no muestran voluntad para entender las razones ciudadanas que estuvieron detrás de los cinturones ajustados que les fueron colocados a la Cámara y Ayuntamientos que se realizó en marzo de 2017, al menos deben mostrarse sensible a las voces que en la opinión pública se sostienen en el mismo sentido.

    Ponerles mordazas a los sinaloenses que los diputados representan sí implica involucionar a los tiempos de la política alevosa que le asestó grandes traiciones al pueblo. Al contrario, deben permitir que la población se exprese porque si borran con una guantada el laudo ciudadano entonces lo que están eliminando es la legitimidad de la representación popular que ostentan ya que no tendría razón de ser al cancelar el factor democrático que los llevó a las curules.

    Y no se vale justificar que continúe el derroche de recursos públicos con la abultada nómina del Congreso, aludiendo el pretexto de que los gobiernos anteriores han incurrido en el escandaloso despilfarro de los erarios. Es que insistir en dicha postura retrata a la Cámara en la indigencia política por pepenar a hurtadillas 10 diputaciones y 80 regidurías que por mandato constitucional ya habían sido desechadas.

    Reverso

    Con la reculada, caramba,

    Enseñan el cobre, de plano,

    Pues traicionan al ciudadano,

    Con tal de conservar la chamba.

    Sálvese quien pueda

    Sólo hay de dos sopas en caso de que la bancada del Partido Revolucionario Institucional se alíe a la maniobra de Morena para retroceder en la reforma constitucional que enflaquece al Congreso y los cabildos: o Ricardo Madrid, jefe de la fracción tricolor, le pidió autorización a Quirino Ordaz Coppel para tumbar aquello que hace cinco años se construyó con muchas dificultades, o bien los legisladores del PRI cayeron en pánico ante la posibilidad de quedarse sin representación en el Legislativo en caso de que las siglas tricolor prosigan en la senda que los ubicaría en la chiquillada política si el efecto López Obrador continúa arrasando electoralmente en 2024.

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