Cuando el Gobierno también desaparece
María Fernanda, logro de la acción social

OBSERVATORIO

    Por fortuna ayer le tocó un desenlace alentador a la familia y amigos de María Fernanda, la jovencita de 17 años de edad que fue localizada después de que el 28 de junio desapareció en la Colonia 21 de Marzo y que movilizó la súplica popular para que la regresaran sana y salva a casa. La madre de ella salió del hogar 40 minutos a realizar compras de despensa y al retornar encontró la puerta abierta y su hija ya no estaba allí. Así se puede compactar ese viacrucis que comienza con el sufrimiento de padres y hermanos, imposible de reducir a un parte policiaco.

    La movilización ciudadana hace mejor labor que las fiscalías o policías. La gente empieza a comprender que cada vez que ocurre un hecho de desaparición forzada en realidad los que nos disipamos poco a poco somos los sinaloenses, pero antes que cualquier otra cosa primero desaparece el Gobierno. Desvanecemos ante la vista de instituciones y servidores públicos que más allá de emitir la ficha de búsqueda se colocan en situación de espera y desperdician el tiempo más valioso para seguir las pistas de los afectados y los afectadores. Nada de inteligencia policial, de cámaras de videovigilancia que registren el paso de los victimarios, ni protocolos a activarse en la inmediatez de la comisión de los delitos.

    Y la numeralia aparece con ese efecto demoledor de la esperanza. Datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación exponen que de diciembre de 2018 al 7 de abril de 2021 Sinaloa registró 981 personas desaparecidas y se posiciona dentro de los 10 estados del País que concentran el 76.21 de los casos. Los otros nueve son Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas y Estado de México.

    Del total de denuncias vinculadas a este delito, 44 mil 174 a nivel nacional, fueron localizadas el 55.90 por ciento de los desaparecidos: 22 mil 676 con vida y mil 971 fallecidos. Las mujeres representan el 24.83 por ciento de la incidencia, siendo el 55.56 por ciento menores de 18 años, más específicamente niñas de entre 10 y 17 años. Otro informe a más largo plazo de la Segob refiere que son 9 mil 702 reportes de personas desaparecidas en Sinaloa, del 15 de marzo de 1964 al 13 de julio de 2020, con 4 mil 851 que a esa fecha seguían ausentes, y de las que han sido localizadas, el 18.10 por ciento fueron encontradas sin vida.

    Esto es el motivo de que todos los días en Sinaloa hay alguien que busca o grita dónde está un ser querido que se encuentra desaparecido. En la mayoría de los casos se trata de presencias que se difuminan, huellas que no registra el suelo, historias en pausa, tragedias que saltan de la nada y autoridades inmovilizadas que creen que es imposible encontrar a las víctimas, alimentando de esa manera el fenómeno de seguridad pública que crece al mismo ritmo que suben la indiferencia e ineficiencia del Gobierno como generadores de impunidad.

    La herida es enorme y la capacidad del Estado para sanarla resulta históricamente deficiente. Junto a las víctimas cuyas identidades son invocadas por familias que le gritan al viento como el último reducto de la desesperación, desaparece también la disposición del Gobierno para asumir estrategias de gran calado donde la población se sienta segura y los delincuentes tengan el temor de ser ubicados y castigados por un eficaz sistema de investigación, sanción y reparación de daños.

    Pero no. Al contrario, todo tiende a la dispersión de la confianza en las autoridades. Entonces la narrativa de las fiscalías y la justicia empiezan con la presunción de que las mujeres se fueron por gusto propio con alguna pareja o que los hombres tienen vínculos con la delincuencia, y corren lentas las 72 horas de aguardo para tener la certeza de que se trata de privación ilegal de la libertad. Enseguida las pesquisas que sospechan de todo y de todos. Y finalmente la intimidación proveniente de la autoridad al solicitar que no sean denunciados públicamente los casos para proteger la integridad de las víctimas.

    La abulia de las instancias responsables que debieran realizar las investigaciones y hacer valer la ley opera como coartada perfecta para criminales que, en efecto, conocen las debilidades de los sistemas de búsqueda y le ganan la carrera a cualquier expectativa de que las personas desaparecidas regresen ilesas con los suyos. En ese círculo perfecto victimarios-negligencias se extravían las integridades de mujeres y hombres que jamás creyeron que terminarían cayendo en el hoyo negro de la violencia.

    Y así como triunfó el esfuerzo sobrehumano para que María Fernanda volviera al lado de los que la aman hay que llenar las calles, las plazas, el aire, los rezos y los sueños con voces que interrogan dónde están, por qué se los llevaron, si se encuentran vivos o muertos, qué hace el Gobierno para cumplir el elemental juramento de velar por la integridad de los ciudadanos y cuántos días y noches de desvelos y llantos se necesitan para ver retornar a los que en un instante se evaporaron y convirtieron en la motivación de todas las búsquedas.

    Reverso

    ¿Será que nunca se han ido,

    Y aquí junto a nosotros están,

    Preguntándonos al oído,

    Adónde los desaparecidos van?

    Sinaloa del sí se puede

    El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas no debe ser la única respuesta que el Gobierno de México les brinde a las familias de víctimas de desapariciones forzadas. En Sinaloa importa ir mucho más adelante de lo federal con la integración de un sistema integral que incluya expertos en localización y seguimiento, rastreo de hechos vía videocámaras de vigilancia, peritos forenses para identificar rápido restos humanos hallados en fosas clandestinas, acompañamiento material, moral y legal a grupos de búsquedas, y un mecanismo de alerta inmediata que movilice a la sociedad en cuanto ocurran las desapariciones forzadas.

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