Cada vez sorprende más la audacia del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión la hazaña fue la de anunciar un decreto que considera las obras de infraestructura federal, como un asunto de seguridad nacional. El decreto instruye a las dependencias de la administración pública, a autorizar dictámenes, permisos y licencias de forma expedita, para poner en marcha proyectos que se consideran estratégicos. Dudo mucho que los segmentos más instruidos de Morena en Sinaloa no se percaten de las repercusiones negativas que tiene este decreto sobre la transparencia y la democracia, sin embargo, entiendo que a estas alturas nadie en estos círculos quiere ser tachado de conservador o de derecha. Prefieren callar antes de estar en sintonía con críticos oportunistas que durante tanto tiempo se beneficiaron de la laxitud del Estado y que ahora se empachan anunciando que nos encaminamos hacia una dictadura. Por eso hoy en día la honestidad es un verdadero dilema.
Al grueso de la población le parecerá lógico y sensato que el Presidente tome las medidas que considere necesarias para reactivar la economía, sobre todo luego de la estrepitosa caída del 8.2 por ciento del PIB nacional en 2020. Viéndolo así, es clara la urgencia. Incluso, yo mismo celebro la capacidad que en esta crisis pandémica ha mostrado este gobierno para mantener los niveles de recaudación y reencauzar el gasto público hacia programas de contención de la pobreza. Lamentablemente esta estrategia distributiva no es sostenible a largo plazo, si no se complementa con medidas más efectivas de crecimiento y generación de empleo. Esto el Presidente lo sabe, y por eso la urgencia de echar a andar sin demora todo un repertorio de obras públicas con las que se pretende impulsar el desarrollo.
Podemos debatir los efectos que tendrán estos proyectos sobre el empleo y los ingresos, los cuales, creo, serán limitados. La evidencia histórica nos muestra que la mera inversión en infraestructura física es insuficiente, menos todavía en una era marcada por las tecnologías disruptivas. No obstante, lo que interesa señalar ahora son las repercusiones políticas de este nuevo decreto, que me parece fue concebido bajo la más autoritaria interpretación de la rectoría económica del Estado, pues su implementación significa pasar por alto todo un entramado de reglamentos e instituciones que buscan asegurar que el desarrollo se lleve a cabo bajo principios de participación ciudadana, transparencia y conservación de los entornos naturales.
Sí, es cierto, en el pasado todos estos procedimientos no fueron impedimento para la corrupción. Es bien sabido que muchas concesiones se otorgaban sin licitación, mediante adjudicaciones directas, costos inflados y estudios ficticios de impacto ambiental. Aun así, el simple hecho de reconocer la validez de estas normas servía como referencia de desempeño político. Su incumplimiento nos daba una idea de qué tan mal estábamos en términos de estado de derecho. Con el tiempo, los escándalos expuestos a la opinión pública provocaron la indignación, y fue así como López Obrador llegó al poder con el compromiso de combatir ese tipo de prácticas dolosas.
Un proyecto de gobierno no puede ser nunca una imposición. La ley establece que antes de su ejecución debe pasar por un proceso de licitación, ser socializado mediante mecanismos de participación y consulta, para asegurar su viabilidad e identificación con las necesidades de la población. Debe ser lo más transparente, tanto así que no se permita la malversación de recursos públicos. Y aunque parezca engorroso, también deben estar acompañados de estudios de impacto ambiental, para saber que estamos frente a un proyecto sustentable.
Por eso este decreto presidencial es pernicioso. Analizando bien, hace parecer que los procedimientos democráticos son un estorbo para acabar con la pobreza. Nos pone en una situación de excepción, similar a la que nos llevó el Presidente Felipe Calderón con su guerra al narcotráfico, sólo que ahora la disyuntiva es diferente, en vez de debatirnos entre la libertad y la seguridad, ahora la elección es entre la democracia o el progreso. Establece además un pésimo precedente para los estados y localidades, que, amparados en la misma urgencia, buscaran impulsar la obra pública pasando por alto los criterios establecidos por la ley. La ciudadanía debe estar preparada, el derecho les asiste.
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