Este mes, el día 10, se conmemoraron 73 años de aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin duda es un día importante pero debe procurarse un tono de preocupación y no uno celebratorio. Las crisis pandémica y económica, a la vez que la paulatina erosión de las democracias, no marcan un panorama halagüeño para los derechos humanos, primeros sacrificados de momentos convulsos.
En México, la crisis en materia de derechos humanos lleva 16 años y contando. La llamada “guerra contra el narcotráfico” desató una espiral de violencia contra mujeres, niñas, niños, periodistas, activistas y población en general. Por supuesto que la crisis de violencia y derechos humanos afecta de manera más aguda los sectores más pobres, mayorías precarizadas y excluidas que el proyecto político gobernante dice priorizar y poner por delante. Pero no es así en los hechos. Ya se cuentan 300 mil asesinatos relacionados con grupos criminales organizados, 95 mil personas desaparecidas o no localizadas, cientos de miles de personas desplazadas de manera forzada por la violencia o la crisis económica y miles de personas sujetas a tortura. Además, la violencia misógina extrema, el feminicidio, se arraiga y profundiza cada vez como un mal sistémico mediante el cual 11 mujeres son asesinadas cada día en este país.
A ello hay que sumar las agresiones cada 12 horas contra la prensa, mismas que escalan hasta los asesinatos de periodistas. También contra las personas defensoras ambientales y comunitarias hay una violencia sostenida. En el infame listado de países más letales contra la prensa y las personas defensoras de derechos humanos, México está en los primeros tres lugares.
AMLO ha decidido asignar la política de gobierno en materia de derechos humanos a una Subsecretaría encabezada por Alejandro Encinas, quien ha impulsado algunas acciones importantes ante la crisis de derechos humanos, mismas que pueden resultar insuficientes ante el desdén del resto del aparato gubernamental. Para ser honestos, se le percibe solo en esta brutal batalla que se desata fuera y dentro del Gobierno. Y no es que antes fuera mejor, pero viniendo de un gobierno que se autoadscribe a la izquierda, lo mínimo que se espera -más con la crisis que vive México- es que la agenda de derechos humanos sea prioritaria: una política de Estado que aglutine a todas los organismos e instituciones.
Así, a 73 años de la aprobación de la Declaración y a tres años de iniciada la autonombrada Cuarta Transformación, en vez de ver una disminución de las violaciones a derechos humanos y un avance hace la verdad y la justicia, como caminos hacia la no repetición, el Presidente López Obrador desata una batalla discursiva -una más- señalando que en su administración no se violan los derechos humanos. Dicha afirmación ha sido refutada reiteradamente por la prensa, organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, pues los abusos de autoridad -por acción y omisión- sigue perpetuándose en el actual sexenio. De hecho, suponiendo que ninguna violación a derechos humanos se hubiera cometido de forma directa desde el 2018, las actuales administraciones ya son responsables de la impunidad que impera por las cometidas en el pasado y no han sido esclarecidas, remediadas y castigadas.
Una de los indicadores más claros de ese olvido y desdén por la agenda de derechos humanos es que hemos perdido instancias fundamentales para que esto cambie: la CNDH y la FGR. La primera está abocada a defender a la administración o negar las violaciones a derechos humanos de la actualidad. Sumado a ello, la segunda se escuda en su autonomía (producto de la lucha social) para garantizar la impunidad, y mantener intocadas las redes político-criminales.
Así, mientras no haya un verdadero compromiso por parte del Estado en su conjunto para acabar con la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos, será imposible que pueda vislumbrarse un final a la crisis en la materia. Si dos instituciones fundamentales como FGR y CNDH persisten en la lógica facciosa que arrastrada por décadas, pocos avances podemos esperar.
Por otro lado, Mecanismos como la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, creada por decreto presidencial, pueden representar una esperanza para familiares y sobrevivientes y para la sociedad en general. Sin embargo, las atrocidades cometidas en décadas pasadas también deben ser llevadas a la justicia. Saber quiénes fueron los perpetradores de los crímenes de décadas pasadas ayudará a entender la violencia presente, pero es fundamental que las condiciones que la hacen posible cambien profundamente para que esa violencia termine.
No basta con declaraciones de funcionarios, incluido el Presidente, de que las violaciones a derechos humanos han dejado de cometerse. Se tienen que dar soluciones concretas y completas a las miles de víctimas que se acumulan día con día en este país. Como sociedad, nos toca acompañar las demandas de sobrevivientes y familiares y seguir exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones en términos de derechos humanos. El 10 de diciembre, entonces, puede verse como un día de preocupación, pero también de ocupación y acción hacia un futuro mejor.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
